El PP actúa con temeridad y mala fe

La frase no es mía, sino que está recogida en la parte dispositiva de la sentencia (fallo) de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve a los ex concejales del equipo de gobierno del ayuntamiento de Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer Duque, cuando fue alcaldesa Manuela Carmena. Los hechos por los que se querelló el grupo municipal del PP madrileño de Martínez Almeida –hoy alcalde y entonces portavoz del PP- contra estos concejales hoy absueltos, fueron porque encargaron un informe jurídico externo para sustentar una denuncia ante la fiscalía anticorrupción contra el consistorio gobernado por Gallardón, años antes, por unos contratos que firmó con Madrid Trophy Promotion (MTP) ya que había -como ahora recoge textualmente ahora la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Madrid- “fundadas y razonables dudas sobre a legalidad de esos contratos” y los concejales actuaron con la “única finalidad de proteger los intereses públicos”. El grupo municipal del PP madrileño se querelló contra estos concejales por la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación. La Audiencia Provincial de Madrid acusa al grupo municipal del PP de Madrid de “falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora”, condenando en costas al PP por actuar con “temeridad y mala fe”. Además, el PP sabía de antemano que no podía prosperar la querella porque, objetivamente, no se había cometido ni delito de malversación ni de prevaricación.

Por su parte, los audios que el diario El País ha dado a conocer esta semana sobre las conversaciones entre la entonces secretaria general del PP, Dolores De Cospedal, y el ´ínclito comisario Villarejo –que está en todas las salsas y tramas corruptas de las cloacas del estado-, ponen de manifiesto que el PP, entonces en el gobierno, intentó por todos los medios –lícitos e ilícitos- impedir que se investigara la trama de corrupción de los sobresueldos del presidente M. Rajoy, de otros miembros del gobierno y cargos públicos relevantes. Lo ejemplifica muy bien la ex secretaria general cuando le dice a Villarejo que había que impedir que “la libretita” pudiera ser revelada. Estos hechos son de especial gravedad, hay que tener en cuenta que se hacen en nombre de una formación política que es la que sustentaba al gobierno de un estado en ese momento, que se pueden estar cometiendo delitos contra la administración pública y la administración de justicia como los de descubrimiento y revelación de secretos, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos o la omisión de promover su persecución, cohecho, tráfico de influencias o malversación.

Recordemos también a este respecto que a partir de la reforma del Código Penal (CP) de 1995 aprobada por LO 5/2010, de 22 de junio, las personas jurídicas también tienen responsabilidad penal, entre otros, de los delitos cometidos “en su nombre o por cuenta de los mismos, y en su provecho (esto último se modificó en otra reforma del CP en 2015, aprobada por LO 1, de 30 de marzo y ahora dice, en lugar de “en su provecho”, “en su beneficio directo o indirecto”) por los representantes legales…”, como se establece en el artículo 31 bis del referido texto legal; es decir, que los hechos presuntamente delictivos cometidos por la “representante legal” del PP, de su secretaria general, podrían determinar también la responsabilidad penal de la formación política, como persona jurídica. Y recordemos que dentro de las sanciones previstas aplicables a las personas jurídicas no se excluyen la disolución de la persona jurídica o la suspensión de actividades, además de multas, clausura de locales o inhabilitación para obtener subvenciones –entre otras-, conforme al artículo 33.7 del CP.

En cualquier caso, fueren o no penalmente relevantes los hechos anteriormente analizados, resulta indecente, es políticamente reprobable y éticamente inadmisible que una formación política que ahonda sus raíces en un modelo de Estado Social y Democrático de Derecho y Constitucional, haya actuado así, socavando los cimientos de un modelo de estado que tanta sangre y lágrimas costó a sus inspiradores y creadores. Supone un ataque frontal a los derechos de los ciudadanos, al interés público protegido por la ley y contribuyen a perturbar gravemente la cohesión social y la convivencia pacífica y armónica en una sociedad avanzada. Y lo es más cuando sus actuales dirigentes (que entonces algunos ya ocupaban cargos públicos relevantes desde hacía incluso décadas, como su presidente Feijóo) no sólo no condenan esas prácticas corruptas, sino que su respuesta sistemática es la cantinela del “y tú más”. La diferencia clara es que los del “y tú más” están intentando gestionar los intereses generales como mejor pueden, mientras la derecha cavernaria (PP y VOX) se opone sistemáticamente a las medidas económicas que fortalecen a los más débiles (reforma laboral, medidas anti crisis y anti inflación) y a los avances en derechos sociales como las incluidas en el proyecto de reforma de la legislación del aborto consentido, entre las que están la consideración de bajas médicas retribuidas para mujeres con menstruaciones dolorosas e incapacitantes.

Por su parte, siguen demostrando su servilismo, reverencia y ciega obediencia hacia estructuras de estado ancestrales y anacrónicas. Parece que aún acepten que el poder proviene de la divinidad, hay que aceptarlo así, siempre que, claro, ese poder lo ostenten los de siempre, es decir, los herederos de la realeza y la aristocracia, nunca los provenientes de las clases humildes. Un ejemplo de ello son las opiniones que vierten los políticos conservadores y ultras sobre la figura del rey emérito. Da igual que su comportamiento ético haya sido reprochable; nunca dirán públicamente que Juan Carlos de Borbón debería dar explicaciones a la ciudadanía por ello y, en su lugar, se dedican a atacar a los partidos de izquierda más arraigados en el pueblo y nacionalistas y a identificarlos con el terrorismo y la barbarie. Claro, si es la aristocracia, la nobleza y los que porten la sangre de los Reyes Católicos quienes realizan estas prácticas corruptas, pueden hacerlo; consideran que son inviolables y están en su derecho divino. Mientras parte de la sociedad española -comenzando por sus representantes en las instituciones democráticas- no cambie de discurso y de criterio, no seremos ese estado avanzado que a voces proclamamos tener.