La crisis migratoria y la protección de los refugiados en Tigray (Etiopia)

Autor: Crispín Engo Mikue. Defensor de los derechos humanos.

Los ataques han generado una expulsión de sus hogares a cientos de miles de personas dentro de la región, la mayoría de los desplazados permanecen en una comunidad de acogida, viviendo en condiciones deplorables. Muchos de ellos no tienen colchones ni mantas, esta situación no les permite guardar espacios de distanciamiento para evitar el covid-19 lo que supone que esta enfermedad en estos lugares pasa a segundo plano. Otras decenas de miles siguen escondidos en casas y zonas montañosas, donde especialmente mujeres y niñas han sufrido violaciones.

Frente al riesgo de crisis alimentaria la UE ha proporcionado 70 millones de euros en ayuda humanitaria. Para 2021 tenía presupuestados hasta 85 millones más. Y en septiembre de este año, la UE activó un puente aéreo que ha llevado toneladas de alimentos y suministros sanitarios hasta la zona de Tigray, la más golpeada por el conflicto. Se han realizado varias distribuciones de alimentos y tras la llegada de más organizaciones a la zona, el volumen de apoyo va en aumento. Pero no es suficiente y las distribuciones son a menudo injustas, pues entregan menos alimentos a unas familias que a otras mientras que algunas no han accedido a ningún tipo de ayuda. Los alimentos donados hasta ahora son sacos de trigo y aceite para cocinar, lo que significa que la mayoría de los desplazados solo pueden comer pan, que carece de los suficientes nutrientes especialmente en el caso de los niños, las madres embarazadas y los enfermos.

La condición vulnerable de las madres embarazadas es dura. Decenas ellas duermen en el suelo o lonas de plásticos, todavía llevan la misma ropa con la que salieron de sus casas, más de tres meses después muchas cuentan que han tenido que desgarrar parte de sus prendas para fabricar toallas sanitarias, lo cual es una fuente de humillación. Los pacientes con enfermedades crónicas llevan meses sin recibir medicación lo que pone sus vidas en riesgo de muerte. El precio de los alimentos y otros artículos ha subido, y muchos de los desplazados no llevaban consigo dinero cuando dejaron atrás sus hogares.

MSF ha llevado a cabo un estudio nutricional con niños menores de cinco años en estos asentamientos y ha descubierto que, aunque la situación es preocupante, aún no se encuentra en el nivel de emergencia, pero existe el riesgo de que se ocasione una crisis nutricional.

El Consejo de Seguridad de la ONU estuvo paralizado durante meses antes de expresar preocupación finalmente por la creciente gravedad de la situación en Tigray. Mientras, la Unión Africana y los gobiernos de la región apenas han hecho nada para pronunciarse en contra del gran número de probables crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A pesar de que no faltan pruebas verosímiles de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario seis meses después del inicio del conflicto en Tigré, la respuesta de la Unión Africana y las Naciones Unidas es lamentablemente insuficiente, como ha constatado Amnistía Internacional.

En esta situación los organismos del consejo mundial de paz y el comité de los derechos humanos o internacionales piden a los Estados de África y el resto del mundo que actúen de manera urgentemente y tomen más medidas para contener la feroz ola de violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el contexto del conflicto armado que sacude la región etíope.