Ni objetes, ni trates, ni diagnostiques: ¡obedece!

Es práctica habitual de los políticos en general y de los ministros de este gobierno de España en particular ir filtrando diferentes medidas, intenciones o propuestas un tiempo antes de que los textos definitivos que se proponen defender lleguen a la mesa del consejo primero y a la agitada arena parlamentaria después. La filtración sirve para tantear apoyos y condicionar la posterior deliberación o votación. Suele suscitar un debate público de escaso nivel, porque rara vez se puede comentar el texto real, que lo terminan de peinar antes de la filtración definitiva. Seguramente me equivoco al participar sin suficientes datos, pero a la vista de que mi opinión va contra la corriente no debo acallarla por una prudencia que sería imprudente.

La ministra de Igualdad tiene previsto, al parecer, defender próximamente una ley que facilitará todavía más la provocación de abortos en España, cerca de cien mil no nacidos a los que no se les deja nacer cada año por acción humana. Acción asesina, naturalmente. ¿No nos da vergüenza seguir utilizando la expresión “interrupción voluntaria del embarazo”? Las cosas, por su nombre.

Entre los asuntos adelantados del texto legislativo los medios de comunicación suelen destacar que las menores de 16 y 17 años no tendrán que contar con el consentimiento de sus padres para abortar, pero esto no es, ni mucho menos, lo más sustancial de una ley que contempla la muerte de un ser humano como un derecho del que lo está gestando. Sí puede ser la mayor diferencia escenificada por los dos grandes partidos, el PSOE que actualmente gobierna y el PP que buscó en 2010 la inconstitucionalidad de la ley socialista y, cuando pudo hacerlo, apenas la modificó. Por su parte, después de doce años, el Tribunal Constitucional sigue sin pronunciarse.

Sin embargo, me fijaré en otros tres aspectos de los que he leído esta semana en medios de comunicación de diversas, e incluso antagónicas, líneas editoriales. Por un lado, el célebre registro de objetores de conciencia. Existe para la eutanasia y quieren que exista para el aborto. Quieren tenernos bien fichados a los médicos que nos mostramos contrarios a las leyes, es decir, fieles a nuestra deontología profesional. Curiosa paradoja cuando el Estado, sostenido en partidos que agrupan fundamentalmente a profesionales de la política sin otro oficio conocido, enmienda la plana a una profesión milenaria de probado servicio y más que meditado corpus deontológico. Pues bien, nos registraremos aunque ya conste nuestra objeción ante quien debe constar, que también para quienes somos médicos de cabecera hay un papel, no menor, en este itinerario funesto de matar a un ser humano antes de su nacimiento.

No poco énfasis han puesto también en la manoseada violencia obstétrica. Asociar violencia con la especialidad médica de obstetricia es, de por sí, perverso. Si hay mala praxis, si hay negligencia, la ley protege al paciente. Nadie puede pretender otra cosa. Pero criminalizar lo que sucede en salas de dilatación y paritorios, llevados por una corriente peligrosa que coquetea con aquellos tiempos en que la mortalidad perinatal no era comparable a la actual, es otra vez un regreso al pasado. Como lo es el aborto, una de las realidades más opuestas al progreso y a la libertad aunque progresistas y liberales se obstinen en sus errores.

Por último, se presenta como un nuevo derecho la incapacidad temporal por dismenorrea. “Baja menstrual”, han resumido en titulares. ¿Nuevo? Si un paciente no puede desempeñar su trabajo por problemas de salud el médico de cabecera lo valorará y emitirá esa baja. Veremos la concreción legislativa, pero así dicho no acierto a comprender la novedad. Otra cuestión es que nuestros políticos sean conscientes, que no lo creo, de la carga de trabajo, en gran parte burocrático, que soportan las consultas de los centros de salud. No es raro que la paciente consiga la cita para varios días después, cuando el dolor abdominal, la cefalea o el cansancio asociados al sangrado menstrual hayan remitido y se trate de certificar, a lo mejor por teléfono, un suceso pasado. Ya nos dirán nuestros próceres, tan votados (algunos, poquito y cada vez menos), lo que tenemos que hacer. Como siempre. Así nos va.

Ilustración de Mónica Lalanda, 2011.