Jueves, 30 de junio de 2022
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Secreto a voces
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Secreto a voces

OPINIóN
Actualizado 03/05/2022 09:40
Francisco López Celador

En nuestro ordenamiento jurídico figura, dentro del Congreso de los Diputados, una Comisión de Secretos Oficiales que tiene acceso a toda información relativa a los gastos reservados que figuran en nuestros PGE, a los secretos oficiales y a las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Todas las materias que figuran en los tres grupos están sometidas a control parlamentario, pero es lógico deducir que, por su naturaleza, ese control debe estar reservado a una representación de diputados que, después de comprobar el adecuado uso de los mismos, asuman la responsabilidad de guardar el debido secreto. Según lo establecido, contará con un representante por cada grupo parlamentario del Congreso, y su elección deberá ser aprobada por mayoría cualificada de 3/5. Mediante Ley, se reguló su actividad y, desde entonces, con los votos de PP y PSOE se ha vetado la entrada de parlamentarios pertenecientes a partidos independentistas-

Cuando el PSOE tenía hechuras de partido democrático y era consecuente con su programa electoral y con la Constitución, veía lógico que nunca formara parte de esa Comisión algún político capaz de traicionar el compromiso adquirido. Cuando Sánchez entró por la puerta de La Moncloa, tardó muy poco en conseguir que la lógica, la ética y la integridad salieran por la ventana. Por arte de birlibirloque afloraron nuevas formas de entender la política. Churchill pensaba que la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, porque sabía que dentro de ella existen modalidades que, con el nombre de democracia, tienen un apellido que las sitúa en las antípodas. Si la forma de configurar una democracia depende, exclusivamente, de los intereses de quien ostenta el poder, las naciones que optan por ellas son democracias populares.

Como España sigue siendo diferente, nuestro régimen no se parece a ninguno. Oficialmente somos una monarquía parlamentaria, encuadrada en una democracia representativa, pero, a la hora de la verdad, nos hemos convertido en una democracia populista en la que una maraña de partidos políticos apoya a un iluminado dispuesto a conceder todas sus exigencias, por muy alejadas que estén de los principios democráticos, si con ello consigue permanecer en el cargo. Todavía hay políticos que se rasgan las vestiduras cuando alguien declara la existencia de partidos entre cuyas aspiraciones figura acabar con la Constitución, la monarquía parlamentaria o la unidad de España. Es inútil negar lo que ellos mismos proclaman a voz en grito.

Después de la “espantada independentista” del gobierno catalán, que terminó con buena parte de sus cabecillas en prisión, y comprobado el enfriamiento de las dirigidas algaradas independentistas, había que esperar la ocasión propicia para volver a atizar las brasas de ese secesionismo irredento. La desmedida ambición de Sánchez facilitó un primer alivio, en forma de indulto a los golpistas y mayores prebendas económicas, a cambio de su apoyo en la investidura. Ya se sabe que el chantajista nunca está satisfecho y cualquier ocasión es buena para reincidir en la amenaza. A la crisis de la pandemia y la guerra en Ucrania, acaba de unirse el tema del espionaje a políticos independentistas. Es la señal que esperaban. En realidad, no se puede hablar de sorpresa, porque el delincuente nunca debe extrañarse de que la policía intente localizarle.

Entre otras cosas, la cruenta campaña emprendida por ETA también hacía imprescindible la intervención de un organismo que intentara acabar con ese desafío. Lo que ha hecho público un medio canadiense –precisamente ahora- es algo que sucede en todas las naciones. Las diferentes fuerzas de seguridad, con la previa autorización de un juez, intentan evitar posibles delitos que encierren verdadero peligro para la nación. Todo apunta a que ese seguimiento tuvo lugar entre 1917 y 1920; justamente cuando arreció la provocación de los secesionistas. Que no era una chiquillada lo demuestra su clara decisión de celebrar un referéndum independentista y la organización de grupos encargados de colapsar los medios de circulación, incendiar el mobiliario urbano y hasta atacar a las fuerzas del orden. Tampoco es un secreto la intermediación que solicitaron a organismos y países interesados en debilitar nuestro sistema.

La constante negativa de PP, Vox y C,s a apoyar la entrada de independentistas en la Comisión ha hecho que no se reúna desde 2019. Desde esa fecha, no ha existido el control parlamentario exigido. Volviendo a prescindir del proverbio de la mujer del César, Sánchez ha encontrado el subterfugio adecuado. Nadie piense que la presidenta del Congreso -a pesar de haber dado repetidas muestras de ayudar a su señor- altera el reglamento que regula la referida Comisión sin consultarlo con el jefe. Nada de eso. Si no se soslayaba esa norma, corría peligro la continuidad de Sánchez en La Moncloa, así como la seguridad de que los partidos que le apoyan tenían garantizadas sus exigencias. Llegó la ocasión de sacar tajada. Una vez más, quien hizo la ley, hizo la trampa. Donde dice mayoría cualificada, se pone mayoría absoluta, y así se puede satisfacer a todos los socios.

No es difícil deducir lo que serán las reuniones de esa Comisión, de ahora en adelante. Asistiremos a cuadraturas del círculo, a una nueva forma de distinguir lo que es secreto de lo que no lo es, o a cargar las tintas en los asuntos según el perfil de cada interesado.

Si no sucede nada anormal, a finales de junio se celebrará en Madrid la próxima Cumbre de la OTAN, donde se tratarán, entre otros, asuntos relacionados con la paz y la seguridad. Sabiendo cuál es el fin para el que se creó, habrá que convenir la existencia de materias reservadas. Si el gobierno anfitrión tiene miembros claramente contrarios a la OTAN y, más bien, partidarios de sus oponentes, eso de guardar el secreto… ¿Y quién se fía?

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