¿Dónde quedan los derechos sociales en España?

Autora: Irene Martí García. Defensora de los derechos humanos.

Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, por ello, ya en 1948, la Declaración Universal reconocía derechos políticos y civiles, sociales, económicos y culturales, pues no pueden entenderse aisladamente. Sin embargo, el compromiso con su defensa y mantenimiento no es igual, pues los derechos sociales a menudo se consideran por los gobiernos como de segunda categoría.

Por un lado, es cierto que los derechos sociales están reconocidos y protegidos internacionalmente a través del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas y, a nivel de la Unión Europea, mediante la Carta de Derechos Fundamentales, la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores, y la Carta Social Europea. Pero, por otro lado, España, a nivel interno, aunque menciona y protege en su Constitución estos derechos, hace una gran distinción entre los derechos civiles y políticos, y los sociales. Son considerados de rangos diferentes, pues mientras que los primeros son categorizados como derechos fundamentales – y, por lo tanto, su contenido esencial es respetado y puede ser reclamado ante el Tribunal Constitucional-, los segundos (los derechos sociales) son principios rectores de la política social y económica que necesitan leyes que los desarrollen para poder ser invocadosante la jurisdicción ordinaria. De esta forma, los derechos sociales no sólo son tratados de forma inferior, sino que sufren una grave falta de garantías adecuadas.

La ratificación de la Carta Social Europea revisada, que contiene el catálogo de derechos sociales más amplio del ámbito europeo, supone un avance y compromiso imprescindible de España en relación con estos derechos.Así, los poderes públicos deben tener presente que los derechos sociales no sólo son principios reconocidos constitucionalmente que sirven de inspiración y base para la interpretación, sino que están reconocidos en tratados internacionales suscritos por España y, por lo tanto, son derechos internacionalmente exigibles que el gobierno está obligado a cumplir.

Sin embargo, el contexto actual muestra que España no ha llevado a cabo una materialización de sus obligaciones internacionales tras la firma, pues hay muchos derechos sociales olvidados y violados, como es el caso del Derecho a la Vivienda, por el cual España ha sido condenada varias veces al ignorar la legislación que protege este derecho en los desahucios por impago de hipoteca, incluyendo casos en los que grupos vulnerables como niñas/os y personas mayores han sido desalojadas, sin además garantizarles viviendas alternativas. Del Derecho a la Salud quedaron excluidas por decisión del anterior gobierno las personas migrantes en situación administrativa irregular, colectivo que se encuentra en situación de máxima vulnerabilidad, lo que ha tenido que ser rectificado por el gobierno actual. Ligado a este, el Derecho a Morir Dignamente no se está llevando a la práctica debido a la lentitud, cuando no obstaculización, por algunas comunidades autónomas para gestionar las solicitudes, lo que conlleva la imposibilidad de demandar esta ayuda, a lo que hay que sumar la falta de información a las/os médicos, y los procedimientos para la objeción de conciencia. Objeción de conciencia que, también en el caso del derecho al aborto y a la libre maternidad, se alza como una dificultad añadida a su efectivo ejercicio por parte de las mujeres que lo solicitan, lo que está incrementando a su vez la estigmatización que sufren las mujeres. El altísimo número de profesionales que han objetado obliga a las mujeres a acudir a centros concertados (sólo el 15% de abortos son realizados en centros públicos), y en muchas ocasiones a desplazarse de sus ciudades, provincias e incluso comunidades por la inexistencia de clínicas acreditadas. Por último, no se puede olvidar el preocupante número de personas, 12,5 millones, en riesgo de pobreza y exclusión social actual en España, incluyendo la pobreza infantil.

Por lo tanto, no parece que España sea coherente con lo que firma pues sus compromisos con los derechos sociales quedan en “papeles mojados”. Esto supone un grave problema, en primer lugar, porque ni la legislación nacional ni incluso la internacional es respetada, por lo tanto ¿qué sentido tiene para España firmar?, ¿dónde queda la seguridad jurídica que ofrece la legislación?, ¿qué garantías hay detrás de una firma? Y, en segundo lugar, la preocupación aumenta cuando se trata de derechos sociales, aquellos intrínsecamente vinculados al bienestar e incluso a la dignidad de las personas.

Hace falta ir más allá, introduciendo medidas legislativas y políticas adecuadas que implementen de forma efectiva las obligaciones internacionales y la legislación, y mejorando las garantías de estos derechos para no permitir su incumplimiento ni su retroceso en los momentos de cambios económicos, políticos y sociales, pues son los que más los sufren. Finalmente, y, sobre todo, se necesita una (re)valorización en todos los niveles de los derechos sociales, como son el derecho a la alimentación, a un hogar, a la salud o a la educación, ya que son los que protegen a las personas, especialmente a aquellas que más lo necesitan por encontrarse en una situación de desigualdad, exclusión, discriminación y explotación.