La realización de pruebas diagnósticas centrará ahora en personas con factores de vulnerabilidad, ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) y casos graves
La Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ha aprobado en su reunión de este martes la actualización de la Estrategia de Vigilancia y Control frente a la COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia, que será efectiva a partir del próximo lunes y se aplicará siempre que los indicadores de utilización de servicios asistenciales "se encuentren en nivel bajo".
Como principal novedad, se ha modificado la indicación de realización de pruebas diagnósticas, que se centrará ahora en personas con factores de vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas), ámbitos vulnerables (sanitarios y sociosanitarios) y casos graves. Así, el diagnóstico de pacientes con síntomas leves compatibles con COVID-19 "se realizará según las necesidades de manejo clínico del mismo".
Sanidad y CCAA ya ofrecieron los primeros detalles sobre cómo sería este sistema de vigilancia transitorio contra la COVID-19 en las Jornadas del Sistema Nacional de Salud (SNS) sobre Vigilancia en Salud Pública, que reunieron hace dos semanas a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y a los consejeros de Sanidad de las CCAA y ciudades autónomas en Zaragoza (Aragón).
Salud Pública justifica que los cambios que han acordado se fundamentan en que "los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población española han determinado un cambio en la epidemiología de la COVID-19 que apoya la transición hacia una estrategia diferente que vigile y dirija las actuaciones a personas y ámbitos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de COVID-19 graves, y en ámbitos y personas vulnerables".
La vigilancia en esta fase de transición dará paso a un sistema consolidado de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas que deberá conformar los sistemas de vigilancia centinela de las enfermedades respiratorias agudas (IRAs).
En relación al control de la COVID-19 en la población general, los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena. En este sentido, se emitirán recomendaciones dirigidas a las medidas preventivas como la utilización de mascarilla en todos los ámbitos y evitar contacto con personas vulnerables.
En los ámbitos vulnerables, como centros sanitarios asistenciales o sociosanitarios, "se podrán implementar medidas específicas de aislamiento y control", aunque Sanidad no da más detalles al respecto.
Estas modificaciones se han comunicado y valorado conjuntamente con el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) y "se han establecido los mecanismos para garantizar la coordinación con la vigilancia a nivel europeo y la correcta inclusión de la información generada en España en los informes y documentos de seguimiento de la pandemia en la Unión Europea".
Asimismo, Sanidad recuerda que las estructuras extraordinarias de vigilancia y control puestas en marcha durante la pandemia "se mantendrán operativas para monitorizar indicadores clave que permitan detectar precozmente cambios en la situación que puedan requerir reimplantar medidas de control".
"Esta estrategia seguirá en vigor mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que indique una circulación no controlada del SARS-CoV-2 o bien un cambio en la situación epidemiológica que requiera restablecer medidas de vigilancia y control a propuesta de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta", remacha el Ministerio a través de un comunicado.