Luces y sombras del proceso constituyente chileno

Mientras Europa y la comunidad internacional se tensionan por los conflictos armados entre Rusia y Ucrania, un país latinoamericano está viviendo momentos decisivos en su historia republicana. Chile se encuentra en medio un proceso constituyente, en función de dar respuesta a las demandas planteadas por la ciudadanía durante el estallido social ocurrido el 2019.

Mala calidad en las prestaciones sociales proporcionadas por el Estado, corrupción del sistema político y militar, centralismo, desigualdad, crisis en las instituciones de la sociedad civil, fueron algunas de las causas que gatillaron la crisis en el país más próspero de Latinoamérica. Ello llevo a la clase política a reflexionar, quienes, tiempo después, deliberaron que el problema radicaba en la vigencia de la Constitución 1980, aquel texto elaborado por destacados juristas designados por el régimen de Augusto Pinochet. En razón de aquello, los partidos políticos de gobierno y oposición, decidieron pactar un proceso constituyente para Chile.

Este hito político comenzó con muchas luces de esperanza, y como no, si por primera vez en 211 años de historia, los chilenos tuvieron la posibilidad de decidir tres cuestiones fundamentales: si querían una nueva Constitución; cuál sería el órgano encargado de elaborar dicho texto; y quienes integrarían ese cuerpo constituyente. A ello debemos sumar que el proceso fue estructurado con dos novedades electorales: los escaños reservados para los pueblos indígenas y la paridad de genero en la conformación política del órgano. Todo ello motivo a la ciudadanía a participar del proceso, quienes se pronunciaron por un amplio margen (80 % de los sufragios) que querían una nueva Carta Magna y que aquella fuera redactada por una Convención Constitucional, integrada mayoritariamente por fuerzas progresistas.

Sin embargo, durante estos meses, el proceso constituyente no ha estado ajeno de polémicas y episodios negativos. Desde la instalación de la Convención, han existido ánimos “refundacionales” en algunos sectores de la izquierda radical, al punto de no permitir entonar el himno nacional en la primera sesión o de proponer la eliminación del término “República de Chile” tanto del reglamento de funcionamiento como del nuevo texto constitucional. A ello se deben sumar otros momentos, por ejemplo: la renuncia al cargo de un Convencional Constituyente que gano fraudulentamente la elección, a costa de falsedades sobre su enfermedad; el aumento excesivo de los fondos públicos destinados al proceso, para costear asesorías y demás servicios en medio crisis fiscal o las reiteradas transgresiones a la ley de reforma constitucional que estatuyo la bases para el desarrollo de referido proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, en mi opinión, existen dos hechos que han perjudicado las labores e imagen de la Convención Constitucional. Por un lado, los vetos y exclusiones constantes que han practicado las fuerzas mayoritarias (comunistas y otros) por sobre las colectividades minoritarias (socialistas, socialcristianos, liberales y conservadores) tanto en las discusiones como votaciones. Y, por otro lado, los contenidos antijuridicos que se han evidenciado en la redacción de algunas iniciativas constitucionales, por ejemplo: la creación de sistemas de justicias que diferencian entre civiles e indígenas, la desarticulación total del Poder Legislativo y Judicial, la eliminación de todos los poderes públicos y su reemplazo por una asamblea constituyente o la consagración de una disposición constitucional que posibilite encarcelar al ex Presidente Sebastián Piñera.

Esto no deja de ser peligroso y decisivo para el sistema democrático chileno, ¿Por qué? pues, en primer lugar, dicho proceso constituyente se inició bajo la idea de que la nueva Carta Magna fuera “la casa de todos”, aquella en donde los ciudadanos se sintieran reflejados en general y no solo una coalición política, como ocurrió anteriormente. Y, en segundo lugar, porque se está obviando que una Constitución, antes que nada, es una norma “jurídica y política” que organiza y da funcionamiento a una determinada sociedad, en la cual no se puede incluir cualquier barbaridad, como las que he mencionado. De no enmendarse ambas situaciones, Chile volverá a ser regido por una Constitución poco representativa y con un elemento importante de inestabilidad política e institucional, replicando el fracaso de algunos ensayos constitucionales latinoamericanos.

En fin, se trata de un fenómeno político con muchas luces y esperanzas, pero también con abundantes sombras, que han hecho repensar a los chilenos sobre la dirección que esta tomando su primer proceso constituyente democrático.

Felipe Rivera, estudiante de intercambio en la Facultad de Derecho de la USAL