De puñaladas traperas y otras prácticas mafiosas

Yo, que en este breviario sabatino pensaba disertar sobre las consecuencias del resultado de las elecciones a las Cortes de Castilla y León del pasado domingo, me he visto desbordado por los grotescos acontecimientos que el jueves han protagonizado los máximos dirigentes del PP; lo que ha engrasando a la perfección el teclado de mi ordenador para que las ideas y pensamientos que quiero plasmar por escrito fluyan con mayor nitidez y rotundidad por las entrañas de los pergaminos de este diario digital y que los lectores se entretengan un rato.

El resultado de las elecciones en Castilla y León no fue para el PP todo lo exitoso que esta formación pretendía cuando obligaron a Mañueco a adelantar, por primera vez en nuestra historia democrática, la convocatoria de elecciones autonómicas en la región, aunque en la noche electoral el presidente en funciones convocante se mostrase aparentemente exultante ante sus incondicionales en un hotel de Salamanca. La sonrisa falsa de Mañueco y sus fieles seguidores evidenció que se estaba masticando la tragedia en el PP. En el fondo ya sabían que la única solución para formar gobierno en Castilla y León sería el acuerdo con Vox, del que querían librarse a toda costa.

Una tragedia que días más tarde ha llegado y de una forma que se parece más a los enfrentamientos cainitas que se producen por cotas de poder en el seno de organizaciones mafiosas o de violentas pandillas juveniles del estilo de las maras latinoamericanas de la “Dieciocho o la Salvatrucha, M-18 o MS” que provocan tanta violencia social y delincuencia en países como Guatemala, Honduras o El Salvador.

Lo que estamos conociendo en las últimas horas no tiene calificativos aunque utilizásemos todos los posibles del diccionario de la RAE: patético, lamentable, indigno, carroñero, mafioso, delictivo, putrefacto, barriobajero, chabacano y un sinfín de epítetos negativos y poco edificantes. Además, estos hechos presuntamente delictivos se conocen porque unos medios de comunicación deciden filtrarlo; eso sí, a su tiempo, porque de esa maniobra de algunos medios también se puede traducir cuándo es más interesante para ellos difundirlo; ¿por qué si los hechos se han conocido en el verano del pasado año se ha esperado a que se celebrasen las elecciones a las Cortes de Castilla y León para darlos a conocer? ¿por qué si el PP quiere transmitir transparencia en la gestión no llevó la presunta corrupción de Ayuso a los tribunales de justicia en su momento? Está claro que si el PP tiene un mejor resultado en las elecciones castellano-leonesas no hubiera iniciado esta guerra fratricida para quitarse del medio a la presidenta madrileña.

Desde luego, después de todos estos acontecimientos hay algo que queda meridianamente claro: la corrupción en el PP no es pasado, como se han cansado de matizar todos y cada uno de los miembros de la actual ejecutiva del partido, sino que sigue más viva que nunca. De ahí que siguiendo este hilo conductor sea normal, por otra parte, que el PP no haya abandonado la sede de Génova 13 como anunció su presidente cuando se inició el segundo gran juicio contra la trama “Gürtel” el pasado año y en cuya sentencia se acreditó la denominada “caja B” del PP y que la referida sede de la formación se reformó con “dinero negro”.

Lo que se acaba de conocer -y que ya era un rumor atronador hace algún tiempo- sobre la adjudicación de un contrato -por el procedimiento de urgencia- entre la Comunidad de Madrid y un empresario amigo del hermano de Ayuso para la compra de mascarillas en el periodo más duro de la pandemia por la Covid-19, de 1,5 millones de euros por el que, al parecer, el hermano de Ayuso se llevó una comisión de unos 286.000 euros, es un claro ejemplo de que la corrupción sigue campeando en la gestión del PP en las instituciones de gobierno, no sólo ha sido una marca identificativa del PP de Aznar o de M. Rajoy, sino también del de Casado y Ayuso.

Pero las cosas no se quedan ahí, sino que, al parecer, los afines a Casado al conocer la adjudicación presuntamente fraudulenta de este contrato de las mascarillas, inició una operación de espionaje orquestado presuntamente desde las “tripas” del ayuntamiento de Madrid, del que Martínez Almeida es alcalde y cuyo presunto autor material, Ángel Carromero –que, por cierto, presentó el mismo jueves su dimisión del cargo en el ayuntamiento de Madrid, en el que percibía un salario mayor que el presidente del gobierno-, es otra figura “oscura y siniestra”, muy amigo de Casado, del alcalde de Madrid y de otro “personaje grotesco”, Alberto Casero, el que emitió el voto equivocado por error que motivó la aprobación de la reforma laboral y que también está siendo investigado por la presunta comisión de un delito de prevaricación continuada de la época en que fue alcalde de Trujillo (Cáceres) y que, por cierto, la jueza extremeña que lo está investigando ha remitido la documentación al Tribunal Supremo, ya que Casero es diputado nacional, cargo público aforado. ¡Vaya Tropa!

Ángel Carromero es, como dije anteriormente, una figura “oscura y siniestra” y otro “niñato” de la generación de Casado y argumentaré los motivos, por supuesto y que muchos conocen. Este ciudadano, cuya talla política y personal es del estilo de Casado y Martínez Almeida, viajó a Cuba en 2012 y lo hizo sin puntos en su carné de conducir porque le habían impuesto alrededor de 45 multas de tráfico, varias de ellas por exceso de velocidad. ¡Temerario el chico!. A sabiendas de que su carné de conducir no tenía puntos y, por consiguiente, no podía conducir, tuvo un accidente conduciendo un vehículo en ese país, al parecer por temeridad manifiesta y exceso de velocidad en el que murieron 2 disidentes cubanos. La justicia de Cuba le condenó por conducción temeraria y homicidio imprudente a 4 años de cárcel. Desde el gobierno español de M. Rajoy consiguieron que, en virtud de un convenio bilateral entre España y Cuba del estilo del Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas (Convenio de Estrasburgo), ya que Cuba no es un país firmante del Convenio de Estrasburgo, Carromero cumpliera su condena en España. Después de 5 meses de estancia en una prisión cubana ingresó en una española y a los pocos meses Carromero fue clasificado en tercer grado, se le aplicó el régimen abierto y le instalaron la vigilancia electrónica mediante los dispositivos telemáticos (pulseras) de tal forma que ya no tenía que ir a la prisión, cumpliendo prácticamente la totalidad de su condena, en libertad. Cuando trasladaron a Carromero a España para cumplir su “condena” (lo entrecomillo porque su estancia en prisión fue irrisoria, de muy poco tiempo), éste manifestó lo siguiente: “hoy se acaba la injusticia que he sufrido por parte de una sentencia dictada por una dictadura comunista como Cuba”. Pues bien, creo oportuno resaltar que si los hechos por los que Carromero fue condenado en cuba a 4 años los hubiera cometido en España, su condena, probablemente, no hubiera sido de 4 años, sino de 8, dado que cometió un delito contra la seguridad vial, iba conduciendo con “temeridad manifiesta” y probablemente a una velocidad excesiva que, de por sí, constituye delito (en el artículo 379 del Código Penal se establece que si la velocidad excede en ochenta kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente en vía interurbana –en más de sesenta en vía urbana-) y dos delitos de homicidio imprudente por “imprudencia grave”.

Pues bien, a este personaje es, al parecer, a quién se encomendó la gestión del presunto espionaje hacia Ayuso y su entorno por el contrato en el que su hermano recibió una presunta comisión muy sustanciosa, orquestado Por Casado a través de Martínez Almeida. Carromero es quién debía contactar con la empresa de espionaje y cuyo responsable les manifestó que lo que le encomendaban era “delictivo”. En definitiva, el PP quiso que Carromero adoptara el papel del detective Philip Marlowe, pero al final se quedó solo en el irrisorio papel del inspector Clouseau.