Dejemos las falacias para ver los problemas de verdad.

Hace un mes glosábamos la nula disposición gubernamental para “reabrir” el ferrocarril de la Vía de la Plata, aflorada en un documento europeo puntualizando el abandono de esa posibilidad por el gobierno español, algo por supuesto luego negado. Ello ocurre tras aprobarse una “Estrategia de Movilidad” teóricamente desde la perspectiva de la sostenibilidad y la accesibilidad, imprescindible para conseguir los actuales fondos europeos. Ahí se reconoce lo que hace años dicen los expertos en el territorio “El desarrollo de infraestructuras de transporte no garantiza per se la pérdida de población en las áreas rurales”.

Referido al espacio rural abandonado menciona al ferrocarril “que para ser eficientes requieren de altas demandas y altas concentraciones de población, y que no se dan en el ámbito rural”. Concluye que “el elevado y desproporcionado coste de estas actuaciones en la infraestructura ferroviaria, la escasez de demanda, así como la inexistencia misma de operadores que aceptaran prestar servicios comerciales en estas líneas y la falta de justificación en términos de eficiencia global y sostenibilidad para que el Estado declarara estos servicios como obligaciones de servicio público, hacen inviable la solución del ferrocarril”. (Páginas 132 a 136).

Indudablemente el ferrocarril requiere un mínimo de población, pero el umbral de rentabilidad de una infraestructura ya existente, y su rentabilidad social, no puede ser similar al de la nueva Alta Velocidad como parece sugerir el texto. El cual, de paso, obvia la responsabilidad del Estado en su gestión, ¿dónde queda el servicio público?. Sus alternativas del autobús a la demanda o la movilidad compartida “requerirá el uso de aplicaciones informáticas, aunque también debe permanecer una vía “tradicional” de comunicación, por la falta de cobertura en muchas zonas rurales y por el tipo de población que reside en ellas”. Otra grave carencia en territorios despoblados.

No se puede seguir la actual dinámica de olvidar gran parte del territorio nacional, quizás para fomentar macrogranjas que no necesitamos, contaminantes y destructoras de empleo y explotaciones sostenibles tradicionales. Los fondos europeos no pueden llover sobre zonas del país ya privilegiadas por la desigualdad del modelo económico depredador del crecimiento infinito, sin un plan nacional de desarrollo económico para reequilibrar los graves desequilibrios regionales. Lo mismo ocurre en Castilla y León, máxima expresión del problema, tras 35 años repitiendo las mismas políticas. Se sigue sin contestar la pregunta sobre la utilidad de esas infraestructuras. La actividad y la riqueza caídas del cielo solo por su construcción se ha probado una falacia, algo ya sabido.

Si no se alienta la actividad económica, incluso privilegiada frente a territorios como Madrid que lo absorben todo, de nada sirven. Ya se conocía hace años ese reciente descubrimiento de la Administración. La conversión en Autovías de las carreteras nacionales no ha traído el tan cacareado progreso a la provincia, si acaso abandonarla con más comodidad. Y desmantelar infraestructuras, como la Vía de la Plata vertebradora del oeste español o el corredor del Duero hacia Portugal, tampoco han generado progreso.

Todos se felicitan por la Encuesta de Población Activa, que en la provincia de Salamanca muestra 2.000 personas menos en el paro. Pero también 800 ocupados menos. Y anualmente perdemos cerca de 1.500 habitantes. A lo mejor el paro se combate echando a la gente y no creando nueva actividad real. Además de estúpidos debates electorales asentados en bulos y falacias, sería de agradecer centrarlo en esto buscando un futuro cierto para este territorio. Por supuesto las grandes infraestructuras son competencia del Estado, pero aprovecharlas no es prometer otra vez lo no hecho en 35 años, o mantener las políticas de esos años. Ya ha quedado claro que así no cambian las cosas.