Venta de armas a Arabia Saudí: la hipocresía de los países “desarrollados”

Autora: Karima Oudriss Campoy. Defensora de los derechos humanos.

En el año 2015 estalla en Yemen un conflicto bélico por la toma del poder, y Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) se involucran directamente agravando considerablemente la situación, que queda enquistada desde entonces en el horror de la muerte y la destrucción. Tras siete años de incesable horror, la población civil de Yemen continúa siendo bombardeada, acabando con la vida de un número muy elevado de civiles y constituyendo una violación del Derecho Internacional Humanitario. Estamos actualmente ante la mayor crisis humanitaria en el mundo.

Pero ¿cuál es el papel de España en todo esto? El Gobierno de España presume de dirigir un país desarrollado, cuya política alude a la salvaguarda permanente de los Derechos Humanos. Sin embargo, una vez más, volvemos a poner en entredicho la primacía de los derechos humanos frente a aquellos beneficios cortoplacistas como los económicos de la industria armamentística.

Desde el inicio de este conflicto España ha estado exportando armamento a Arabia Saudí, convirtiéndose durante unos años como su tercer vendedor a nivel mundial, armas con las que Arabia Saudí ha cometido crímenes de guerra en Yemen. Incluso en la actualidad, tras la controversia que esta venta está generando en la comunidad internacional, se sigue exportando armamento como el derivado del contrato de las corbetas de Navantia.

La aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas, que entra en vigor en 2014, sigue presentando lagunas en cuanto a sistema de control se refiere. España no puede asegurar que la exportación de armamento que se realiza desde su territorio no está siendo utilizada en contra de lo que estipula el derecho internacional, pudiendo ser incriminado como país cómplice de la comisión y perpetuación de los crímenes de guerra cometidos en Yemen. La seguridad del uso de destino es fundamental para esta venta, aspecto presente tanto en la legislación española como en la internacional, por lo que la ausencia de ésta bastaría para cesar dicha transacción, considerándose necesaria la correcta aplicación del Protocolo de Seguimiento y Control del Uso de las armas exportadas. Dicho sistema de control tampoco puede basarse en la mera documentación del país receptor, especialmente si, como es el caso de Arabia Saudí, se encuentra señalado como ejecutor de crímenes de guerra en Yemen.

Se estima necesaria la inclusión de ciertos aspectos a tener en cuenta en los certificados de uso, entre los que destacamos un análisis previo a la concesión de licencias donde se tenga en cuenta la posibilidad de desvío del armamento y una verificación tanto de la documentación pertinente como del control posterior a la recepción del armamento.

Este limbo relacionado con la exportación de armamento, por parte de España, con destino a Arabia Saudí, se relaciona con la falta de transparencia que rodea tanto al comercio como a los procesos burocráticos de autorización, no habiendo superado aún la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que permite la no publicación de ciertas materias cuya información pueda suponer un riesgo para la defensa y seguridad nacional, materias entre las que se encuentran las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Materia de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU).

La transparencia es una herramienta que fomenta la confianza internacional y asegura el mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales. Sin embargo, la falta de esta tiene como consecuencia la desinformación de la sociedad civil y del Parlamento, lo que elimina la posibilidad de una rendición de cuentas del Gobierno español.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales ha de ser inminente, asegurando con ella la transparencia, la imposición de limitaciones legales e interpretables, ejerciendo la posibilidad de recurrir ciertas decisiones ante la justicia, especificando motivadamente los asuntos catalogados como secretos oficiales y excluyendo aquellos que supongan cualquier daño a los derechos humanos.

Como conclusión, la falta de transparencia que tiene como consecuencia la suposición de que las armas vendidas por España a Arabia Saudí son usadas para la perpetuación de crímenes de guerra que atentan contra los derechos humanos, nos lleva a la reivindicación del cese de dicha venta. Esta no es la única medida que el Gobierno debe tomar, siendo necesaria la reforma de la legislación que atañe a la transparencia así como la que hace referencia a la venta de armas, en líneas generales, que deben cumplir realmente con los valores que defiende y presume como nación, entre los que destacan el derecho a la vida.