La criminalización de los derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado: el caso de El...
Cuando se cumplen 20 años de los compromisos adquiridos en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), que tuvo lugar en 1994 en El Cairo en la que 179 estados se comprometieron a garantizar el derecho de las mujeres y las niñas a tomar libremente decisiones sobre su sexualidad y su vida reproductiva, sin sufrir coacción, violencia o discriminación, y garantizar el acceso a la información y a los servicios de salud sexual y reproductiva adecuados sin riesgo de sufrir criminalización, fomentando la autonomía de la mujer en derechos sexuales y reproductivos, a pesar de los avances logrados en los derechos de la mujer en las últimas décadas, y cuando la Organización Mundial de la Salud, en sus recomendaciones sobre la formulación de leyes sobre salud reproductiva, señala que la redacción de las leyes no ha de estar guiada por principios religiosos y que los Estados deben formular y promover leyes que sirvan al mejor interés de la población; mujeres y niñas de El Salvador siguen afrontando multitud de barreras sociopolíticas, económicas y culturales para hacer plenamente realidad sus derechos humanos, especialmente los relacionados con sus decisiones en materia sexual y reproductiva.
La discriminación y la desigualdad de género persistentes en la sociedad salvadoreña son la causa de que las mujeres y niñas no puedan ejercer sus derechos humanos. Los estereotipos discriminatorios siguen estando profundamente arraigados en una cultura conservadora y patriarcal que aún relega a las mujeres al ámbito de la reproducción social; una cultura promovida ampliamente, en parte, por fuerzas conservadoras, como la jerarquía de la iglesia católica. Dichos estereotipos han influido negativamente en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas, como la prohibición total del aborto y su penalización, y la respuesta de los sistemas de salud y de justicia penal.
Cada año, la prohibición total y la penalización del aborto niegan a miles de mujeres y niñas de El Salvador sus derechos y decisiones. Todas las mujeres y niñas, independientemente de las razones que tengan para querer abortar, tienen prohibido hacerlo. Este servicio de salud esencial se niega a mujeres y niñas cuya salud o su vida corre peligro, o que han sido violadas. Quienes tienen recursos económicos limitados no pueden acceder a la información sobre salud reproductiva o a la atención a la salud materna de calidad, y la educación sexual y los métodos anticonceptivos para niñas y mujeres jóvenes son inexistentes. Estas restricciones son violaciones graves de los derechos humanos de las mujeres y niñas y deben abordarse con carácter urgente.
Debido a la penalización del aborto en todas las circunstancias, las mujeres y niñas que tienen un embarazo no deseado se enfrentan a dos opciones: cometer un delito abortando o seguir adelante con el embarazo no deseado. Ambas opciones tienen consecuencias para toda la vida y podrían ser devastadoras. El problema se ve exacerbado por la inexistencia de una educación sexual integral en el sistema educativo del país y por la dificultad que experimentan los y las jóvenes, en especial, para obtener métodos anticonceptivos modernos y de calidad.
Por otro lado, la influencia negativa de los estereotipos de género en el sistema de justicia penal es patente cuando las mujeres tratan de defenderse de los cargos de haberse sometido a un aborto. En estos casos, como se documenta en el informe de Amnistía Internacional "Al borde de la muerte. Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en el salvador", las mujeres y niñas experimentan la discriminación de género, y algunas sufren la misma violencia institucionalizada que las colocó en estas circunstancias.
Las obligaciones en materia de derechos humanos exigen que El Salvador prevenga esta discriminación y esta violencia de un modo que aborde las causas subyacentes de la marginación sistémica de las mujeres y niñas en todos los niveles de la sociedad y en todas las circunstancias, sean públicas o privadas, incluidos los contextos político, familiar, de atención a la salud, educativo, judicial y administrativo.
Los órganos creados en virtud de tratados de la ONU, incluidos el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos, han expuesto sistemáticamente su preocupación por la elevada tasa de violencia que sufren las mujeres y niñas, incluida la violencia intrafamiliar, en El Salvador, y la falta de coordinación entre los organismos que se ocupan de la violencia intrafamiliar y de datos desglosados, necesarios para identificar y remediar las violaciones y desarrollar estrategias efectivas. Así pues, esta violencia contra las mujeres y niñas puede violar numerosos derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, a la salud, o el derecho a no ser sometido a tortura y otros malos tratos.
Autora: María García
Ver Informe de Amnistía Internacional en:
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