Castilla y León. Un erial abandonado

A principios de los años 80 del pasado siglo y en una visita oficial de los reyes de España a Salamanca, Jesús Málaga, alcalde de la ciudad, pidió al monarca, en su discurso, que trabajase con ahínco para evitar que Salamanca y su provincia perdieran tejido productivo y población y se convirtieran en un “erial abandonado”. Por aquéllos años se aprobaron los Estatutos de Autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones -como establece la CE- y Alianza Popular (lo que hoy es el PP) no tenía precisamente un sentimiento autonomista, sino todo lo contrario y no apoyó la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (aprobada por LO 4/1983, de 25 de febrero). Es más, Alianza Popular lo recurrió al Tribunal Constitucional en dos momentos; en el primero, porque no estaban de acuerdo con la inclusión de la provincia de León y en el segundo, porque consideraban que Segovia no debía incluirse en la Comunidad Castellanoleonesa, sino que debía ser comunidad autónoma uniprovincial. Tanto uno como otro recurso fueron desestimados por el Tribunal Constitucional.

Pero como ha ocurrido con la mayoría de las reformas emprendidas en la etapa de la transición política, los políticos de Alianza Popular se manifestaron en contra pero cuando llegaron al poder en las diferentes instituciones se han declarado fervientes defensores de la transición y de la Carta Magna. Es más, se consideran los ingenieros de la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho que emana de la Constitución del 78. Se han hecho incluso amantes de la celebración festiva de la Comunidad Autónoma el 23 de abril en Villalar de los Comuneros, cuando durante varios años la campa de Villalar fue rechazada por los gobiernos del PP de la Junta porque era un nido de “rojos”, denigrando a quienes allí se reunían. Para el PP –fiel a los postulados de las políticas de las Monarquías Absolutas del Antiguo Régimen, no olvidemos que la derecha se alió a los sectores más integristas contrarios a los valores democráticos durante la Guerra Civil- la revolución comunera de 1521 contra el emperador Carlos V, fue un atentado a la tradición monárquica española y, en consecuencia, históricamente condenable. De ahí que ha sido vergonzoso que la Junta de Castilla y León no haya celebrado con eventos significativos el quinto centenario de aquélla revuelta, es decir, el pasado 23 de abril de 2021.

Pero bueno, vamos a dejar la historia y a centrarnos en el presente y futuro de nuestra Comunidad Autónoma. El PP lleva gobernando ininterrumpidamente en nuestra región desde hace casi 35 años y la situación en la que estamos no puede ser más desalentadora: se ha destruido la mayoría del tejido productivo, los municipios han perdido población de forma alarmante (muchos pueblos han desaparecido y otros han perdido más del 75 % de sus habitantes porque se ha destruido todo su tejido productivo y solo viven jubilados y pensionistas). Ya no hay escuelas en la mayoría de los pueblos, los consultorios de salud locales están desapareciendo y las entidades bancarias han cerrado sus oficinas. En muchos municipios sus habitantes tienen que desplazarse a las cabeceras comarcales o a las capitales de provincia para realizar sus gestiones bancarias, cuando la mayoría de los moradores de estos núcleos de población cuentan con una media de edad cercana a los 80 años. Incluso los trabajadores de esas entidades argumentan a los pobres ancianos que “no hay problema, que ¡pueden hacer sus transferencias por internet!. Sin comentarios. En la mayoría de estos pequeños núcleos de población la cobertura de la telefonía móvil y la conexión a internet son muy deficientes y el fomento del turismo rural y de otros nichos de empleo para fijar población y detener la sangría de la emigración, es claramente insuficiente. Tenemos paraísos naturales inigualables en nuestra Comunidad pero no se explotan adecuadamente por el escaso interés de las principales administraciones competentes (Junta de Castilla y León y Diputaciones Provinciales). Nada más hay que recorrer paisajes y espacios naturales de otras regiones para darnos cuenta de que la implicación de nuestra Comunidad en el fomento y financiación de estas actividades es infinitamente menor que otras administraciones autonómicas en sus respectivos enclaves.

Castilla y León ha perdido 361.107 habitantes en las últimas 5 décadas. Todas las provincias, excepto Valladolid, han caído estrepitosamente. Mientras la población en España ha crecido un 38,3 % - en términos absolutos ha pasado de 34 millones de habitantes en 1971 a 47 en 2021-, algunas provincias como Zamora, Ávila, Soria, Palencia o Salamanca han perdido el 34,4, el 24,14, el 23,67, el 21,50 o el 14 % respectivamente. La media de sangría poblacional ronda el 15 % en toda la región. Después de analizar estos datos, ¿no cree la población en general que ya está bien de gobiernos del PP y que después de 35 años es necesario un cambio de políticos y gestores en nuestra Comunidad Autónoma?

Así las cosas, la convocatoria adelantada de elecciones autonómicas en Castilla y León obedece exclusivamente a intereses partidistas del PP y no a los intereses generales de la Comunidad. Mañueco es rehén de su jefe de filas y poco o nada le importan los problemas de los castellanos y leoneses porque recientemente tanto el PP como Mañueco se han puesto en contra de dos medidas fundamentales para proteger a agricultores y ganaderos, como son la negociación de la PAC y la Ley de Cadena Alimentaria.

Eso sí, se encargan de mentir, manipular y tergiversar las palabras que pronunció el ministro de consumo, Alberto Garzón, cuando lo que ha dicho es precisamente lo que reivindican los agricultores y ganaderos españoles: la prohibición de las macrogranjas de vacuno, porque supone sacar del mercado a cientos de explotaciones pequeñas y medianas, incluso políticos como Javier Lambán, que preside el gobierno de Aragón y que ahora es muy crítico con las palabras de Garzón, ha manifestado hace unos meses que “la agricultura familiar está sometida a riesgos relevantes en el ámbito de la ganadería intensiva en el que se observa una tendencia de explotaciones ganaderas cuyas dimensiones pueden poner en peligro la sostenibilidad ambiental, territorial, económica y social”. Lo que ha hecho el ministro es precisamente defender las posturas de representantes de agricultores y ganaderos y de lo manifestado hace unos meses por el presidente de Aragón. También, actualmente, más de 50 plataformas y asociaciones vecinales de siete comunidades autónomas que forman parte de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, han mostrado su apoyo al ministro de Consumo, por los daños que produce el modelo y se muestran a favor de las actividades ganaderas extensivas que “respetan los recursos, fija población y ofrecen un producto de calidad superior”.