A golpe de enchufe

Esta semana la actualidad política española ha venido marcada por el intento del Gobierno de 'enchufar' a José Manuel Soria (exministro de Industria) como representante de España en el Banco Mundial, un destino que le hubiese reportado un salario de 226.000 euros anuales libres de impuestos.

Sin embargo, la polémica desatada con este nombramiento ha provocado que finalmente el Gobierno se echase atrás, pese a que, en el lapso de tiempo entre el nombramiento y el desnombramiento, la cúpula nacional del PP y del Gobierno (Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Luis de Guindos, Rafael Catalá, Íñigo Méndez de Vigo, José Manuel García Margallo, Mª Dolores de Cospedal,?) intentó defender por todos los medios el derecho de Soria a ocupar dicho puesto.

No obstante, el detonante para que esta vez se echase atrás el Gobierno parece haber sido la postura crítica de importantes voces dentro del PP, concretamente de varios líderes autonómicos de este partido (Feijoo, Cifuentes, Herrera, Monago, etc.), que se han sumado a las críticas de toda la oposición en este sentido.

Por otro lado, a nadie debería extrañar la polémica suscitada, en tanto que José Manuel Soria tuvo que dejar su cargo de ministro una vez que los 'papeles de Panamá' evidenciaron su participación en sociedades off-shore en las islas Bahamas y en Jersey, esto es, dinero negro en paraísos fiscales, hechos que negó hasta que la evidencia le obligó a admitir su parte de culpa. Por tanto, ante el hecho de que ahora se le 'premiase' con un puesto de 226.000 euros de sueldo anual es lógico que se haya desatado la polémica.

En todo caso, cabe preguntarse también por qué los barones populares que se han revuelto con el caso Soria, no han hecho lo propio en otros nombramientos a priori polémicos llevados a cabo por el Gobierno.

Me refiero, por ejemplo, al caso de José Ignacio Wert, que tras abandonar con polémica su cargo como Ministro de Educación, fue recolocado por el Gobierno en París como embajador jefe de España ante la OCDE. Curiosamente, este nuevo cargo se daba en una institución donde había sido destinada como directora general adjunta de Educación tres meses antes Montserrat Gomendio, pareja sentimental de Wert y hasta entonces Secretaria de Estado de Educación.

Pero más allá de que el destino de Wert coincida 'casualmente' con el de su pareja, lo más indignante son los privilegios aparejados a su actual puesto. Y es que su residencia en París, de 500 metros cuadrados, supone 11.000 euros al mes que pagamos todos los españoles, que, asimismo, le pagamos dos personas de servicio en dicha estancia y coche con chófer. Para embellecer dicha residencia, que comparte jardín con la embajada española en París, el BOE publicó hace unas semanas, el 22 de agosto de 2016, una inversión de 331.825 euros para la mejora de dicho jardín.

Aparte de dichos gastos, Wert tiene asignado un salario base de 60.846 euros anuales en dicho destino, a los que se sumarían unos complementos cuyo montante total, que mantiene en secreto el Gobierno, podrían hacer que el salario real fuese casi cuatro veces el base, pues se sumarían los complementos de destino, de equiparación del poder adquisitivo y de calidad de vida que, en el caso de París, suponen una amplia cuantía al erario público, y a los que se suman también los gastos de representación del exministro.

Pero el nombramiento de Wert no ha sido el único polémico, pues a él se puede añadir el de otro exministro (en este caso de la era Aznar), Federico Trillo-Figueroa, como embajador de España en el Reino Unido. Curiosamente, antes de su designación en 2012, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, se había comprometido a que los puestos de embajador quedasen reservados a miembros de la carrera diplomática, requisito que Trillo no cumple y que no evitó su posterior nombramiento.

Trillo fue especialmente conocido por su desastrosa gestión del accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003, la peor tragedia que ha sufrido el Ejército español en tiempo de paz, y que supuso la muerte de 62 militares españoles y 13 miembros de la tripulación del avión. Entonces Trillo manifestó que el Yak era un buen avión (era un avión contratado, no del ejército) y que las víctimas habían sido identificadas correctamente, hechos posteriormente demostrados falsos. No obstante, pese a ello Trillo fue 'premiado' con la codiciada embajada española en Reino Unido y Javier Jiménez-Ugarte, entonces secretario general de Política de Defensa, con el puesto de embajador en Suecia.

No obstante, la sombra de sospecha de Trillo no acaba ahí, ya que en 2015 salió a la luz información que demostraría que Trillo habría cobrado 354.560 euros de una constructora vallisoletana, Collosa, dentro de la trama corrupta de asignación de parques eólicos en la comunidad de Castilla y León.

En el caso de Trillo como embajador en Londres, los condicionantes salariales serían similares a los de Wert. Así, posee un sueldo base de 65.885 euros anuales, al que se le aplicarían una serie de criterios de corrección por destino, que lo aumentarían hasta casi cuadruplicarlo, estimándose que podría llegar a 21.000 euros al mes. A ello hay que añadir que el Estado (esto es, nosotros los contribuyentes) le pagamos la residencia, un coche oficial con chófer, y personal de servicio en su domicilio.

De este modo, pese a que el Gobierno de Rajoy se ha echado atrás con el nombramiento de Soria, me pregunto por qué mantiene, por ejemplo, a Trillo como embajador en Reino Unido, un hombre que está acusado de cobros ilegales por parte de una constructora, esto es, por corrupción. ¿O es esa la 'Marca España' que pretende mostrar en el exterior? Y otra pregunta que dejo en el aire ¿Se habría echado atrás en el nombramiento de Soria de no encontrarnos insertos en la campaña de las elecciones gallegas y vascas?