La Organización de Consumidores y Usuarios pide al Gobierno que identifique a los posibles beneficiarios y se les aplique los descuentos de forma automática
En España hay al menos 2,4 millones de hogares con severas dificultades para pagar la factura eléctrica. Es lo que se deduce de un reciente estudio de Cáritas y Foessa, que advierte que pagar los recibos de suministros como la luz, el gas y el agua deja en situación de pobreza al 14% de los hogares. Lamentablemente, solo la mitad, 1,2 millones de hogares, disfrutan del bono social eléctrico, denuncia la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Esta organización considera que es muy probable que la mayor parte de las familias citadas en el estudio de Cáritas cumplan los requisitos para poder beneficiarse del bono social eléctrico, especialmente por la escasez de ingresos. Y que si no lo hacen es por la falta de información, por las dificultades para tramitar la solicitud o, simplemente, por una situación de exclusión tecnológica, pues las gestiones suelen implicar el empleo de medios digitales ante la escasez de oficinas.
OCU solicita al Gobierno que identifique a los posibles beneficiarios a partir de datos que obran en poder de las administraciones y se les aplique los descuentos del bono social eléctrico de forma automática. Mientras tanto, sería de gran ayuda que se simplificara su renovación cada dos años, hoy por hoy muy engorrosa. Y que el bono fuera accesible también para los contratos en el mercado libre, facilitando así que las compañías identifiquen a sus usuarios vulnerables. Además, aboga por que se amplíen los límites de kWh bonificados.
En la actualidad, el bono social eleva los descuentos originales al 60% para los hogares vulnerables y al 70% para los hogares vulnerables severos hasta el 31 de marzo de 2022. Limitando así la subida de la factura eléctrica en los últimos meses, que ha afectado especialmente a los usuarios de las tarifas reguladas.
A estos colectivos se añade la categoría provisional de afectados por desempleo, ERTE, o empresarios con reducciones de jornada por cuidados de familiares que hayan visto reducido sus ingresos durante el mes anterior.
Es más, los beneficiarios del bono social eléctrico disfrutan también de forma automática del bono social térmico, que supone una ayuda adicional de hasta 125 euros al año. Y cuentan con una protección adicional en caso de impago, ya que tienen derecho a un periodo de espera mínimo de cuatro meses de impagos antes de proceder al corte; además, si hay riesgo de exclusión social o en el hogar hay menores de 16 años o personas con discapacidad, el suministro no se puede interrumpir. Por cierto, hasta el 28 de febrero, no podrá cortarse el suministro de gas, luz y agua de ningún hogar con bono social.
OCU explica cómo obtener el bono social al tiempo que pone a disposición de los consumidores su comparador de tarifas de gas y electricidad. Hoy por hoy la diferencia de coste entre la tarifa más alta y la más baja para un mismo tipo de consumo puede alcanzar los 300 euros al año.
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