La Contrarreforma 

No, tranquilos. Esta vez no van los tiros por el campo de la religión, ni yo pretendo alinearme con el papa Paulo III, el Emperador Carlos V ni, por supuesto, con Lutero o con Erasmo. Sencillamente, en tiempos dominados por una fiebre de reforma progresista, quiero poner de manifiesto lo que parece ser la reacción ante el afán abolicionista de todo lo anterior. La lógica y la ley están poniendo las cosas en su sitio. Es decir, renace la contrarreforma.

Ahora está saliendo a la superficie lo que ha supuesto la llegada de Sánchez al poder. Dedicarse a estirar la cuerda de la legalidad, dando por supuesta la validez de los hechos consumados, está volviéndose contra los responsables. Los excesos de soberbia suelen tener finales traumáticos, y Pedro Sánchez está comenzando a sufrir las consecuencias. Tal vez no sea muy acertado usar el término sufrir porque nuestro presidente no es de los que entonan el mea culpa y cambian de actitud. Por el contrario, más bien lo veo envalentonado ante tanto revés y buscando otro recoveco que parezca legal, aunque luego resulte no serlo, para repetir la jugada por distinto itinerario.

Está claro que la llegada de la pandemia ha supuesto un antes y un después en la vida de todo el mundo. Un contratiempo más ?y de los graves- para unir al rosario de calamidades que ya lo afligían en demasiadas partes. Al quebranto de la economía, los países deben sumar, en mayor o menor medida, la dolorosa pérdida de millones de personas que murieron antes de tiempo. El covid-19 ya le ha robado a la humanidad dos años de vida. España no iba a ser menos. Por mucho que desde el gobierno se pretenda rebajar la gravedad de las cifras, somos una de las naciones que peor parada va a salir de esta crisis. Sí es cierto que, aunque con retraso, se está llevando a cabo una campaña de vacunación que ha frenado en seco el reguero de fallecimientos, pero también lo es que la tardanza en tomar medidas eficaces, nos ha colocado entre los países occidentales con mayor porcentaje de fallecidos por esta pandemia.

Antes de dar su brazo a torcer, Sánchez se preocupó de sacudirse ese sentimiento de culpabilidad que le perseguía y trazó un plan para escurrir el bulto. Con la pueril disculpa de apoyarse en un Comité de Expertos -que nunca existió-, se apoyó en los votos del Congreso, precisamente para poder puentearlo. Primero fue un estado de alarma que no tenía encaje claro en nuestra Constitución; después se sacó de la manga la famosa cogobernanza y, por último, lanzó el órdago de una prórroga de seis meses. Con la misma jugada había logrado una doble finalidad: imposibilitar a la oposición su labor de control al gobierno y, de paso, cargar la responsabilidad a las Autonomías. Casi un año con el Parlamento cerrado, y ejerciendo de Fernando VII.

El primer estado de alarma, que ya tenía claros visos de bordear el artículo 116 de nuestra Constitución, fue aprobado con los votos del PSOE y de los partidos que buscan acabar con esa Constitución. El segundo estado de alarma contó, además, con la abstención "crítica" ¿? del PP. La oposición, ante cualquier sospecha de irregularidad en las leyes que presente el gobierno, está obligada siempre a plantear el correspondiente recurso de inconstitucionalidad. Los partidos de la oposición que no apoyan recursos legítimos, además de debilitarlos, quedan inhabilitados para poder apuntarse el tanto de haber doblegado al gobierno. El Tribunal Constitucional, lento pero seguro, acaba de fallar tres veces seguidas en contra del gobierno, y la cosa no ha terminado.

La constante obsesión que mantiene la izquierda con la reforma laboral de Rajoy ?esa misma reforma que ahora le está salvando los muebles- está socavando los cimientos del gobierno de coalición. La pelota aún está en el tejado. Podemos -al parecer, con motivo- exige a Sánchez que cumpla lo asumido en el documento firmado por ambos para gobernar en coalición. Nuestro aprendiz de Willy Bradt no está muy dispuesto a que su socio le ningunee y quiere apuntarse el tanto, pero es consciente del doble peligro que corre.

La Unión Europea es partidaria de aplicar políticas laborales lo suficientemente flexibles como para potenciar la creación de empleo; algo que cumple la actual legislación española, y que tan buenos resultados dio en su momento. Si Sánchez cede a la dogmática pretensión de la vicepresidenta Yolanda Díaz ?léase Pablo Iglesias en la sombra-, además de jugarse un adelanto electoral, estará abocado al inmediato aumento del paro y, por añadidura, contará con el rechazo de Bruselas. Con esas intenciones, con los nubarrones judiciales que se ciernen sobre las cabezas se sus fundadores y con la conducta de la ministra Belarra y del diputado Alberto Rodríguez, Sánchez debería recapacitar si no se ha equivocado de socio. Está luchando contra su propio ego para no contrariar a nadie. Es decir, para mentir a todos. Es mucho lo que se juega; mejor dicho, muchos miles de millones de euros. Incluso un manirroto, aunque tenga algún conocimiento de economía, debería meditar bien el paso que quiere dar. Basta que observe nuestro IPC. Esta vez lo tiene difícil, sobre todo después de comprobar la firme respuesta de Bruselas al órdago de Polonia

Para poder atender a la "pedrea" de subvenciones prometidas, son imprescindibles los fondos europeos y no puede arriesgarse a perderlos si no quiere ver aumentar exponencialmente el déficit y, por tanto, la deuda. Aplicar métodos comunistas o resistirse a cumplir lo que se dispone en el Europarlamento, no trae buenas consecuencias. Un advenedizo, como Zapatero, podía pensar que lo solucione el que venga detrás, pero Sánchez no es de esos. Sueña con eternizarse en el cargo y, quién sabe, si instalarse algún día en la Plaza de Oriente.

Como las desgracias nunca vienen solas, un nuevo mazazo del Tribunal Constitucional ha ensombrecido el panorama. Ya es mala suerte que, habiendo pasado tantos gobiernos, aparezca ahora la decisión del alto tribunal que deja sin efecto el saqueo que para el ciudadano suponía el impuesto sobre la plusvalía. Los gobiernos venían imitando al avestruz y, para no subir globalmente el tipo impositivo, se sacaron de la manga la famosa plusvalía, que no deja de ser un oxímoron. Se debe cotizar por un bien, vendido o heredado, cuyo propietario no ha dejado nunca de hacerlo, incluso cuando lo vende por menos precio que lo adquirió. Y ahora viene la segunda parte. Los ayuntamientos, que dejarán de percibir unos fondos importantes para su presupuesto anual, ya están reclamando del gobierno una fórmula que los reemplace. Si injusta era ya la plusvalía, ¿qué otra varita mágica sacará el gobierno para sustituirla? ¿Será capaz de exponerse a otro revés? De momento, ya ha claudicado ante todos las exigencias de los nacionalistas -y aún no están aprobados los presupuestos-,con cargo al sufrido contribuyente. Cualquier gobernante verdaderamente demócrata reaccionaría con sensatez; aquí podemos acabar como en Venezuela.