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Hipocresía
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Hipocresía

Actualizado 30/10/2021
Julio Fernández

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Que el PP hable de independencia judicial y que argumente esa situación para no sentarse a negociar la renovación del Poder Judicial, suena a chiste y del malo, porque nos hemos enterado que uno de los magistrados propuestos por este partido para ocupar una de las vacantes del TC, Enrique Arnaldo, tiene una empresa denominada "Estudios Jurídicos y Procesales" que ha recibido contratos de administraciones gobernadas por el PP por 979.540 euros, según la Agencia Tributaria. Incluso en la investigación del caso Palma Arena -un entramado de corrupción política por el que fue condenado el ex presidente de Baleares y ex ministro de Aznar, Jaume Matas- el juez instructor del mismo, José Castro, encargó un informe para determinar si Matas había amañado un contrato a favor de la empresa del flamante magistrado propuesto para el TC. Este es un claro ejemplo del interés que el PP tiene en la tan cacareada "independencia judicial". ¡Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces!

El PP, aupado por Vox, por las cenizas que han quedado del aparatoso incendio de Ciudadanos y por los medios de comunicación afines ?que están haciendo lo imposible publicando encuestas electorales de dudosa credibilidad intentando teledirigir el voto de los ciudadanos hacia sus elitistas intereses- traslada a los ciudadanos mensajes apocalípticos sobre la realidad española, sin importarles las consecuencias adversas que puede tener esa información sobre los operadores económicos españoles y empresas extranjeras que quieran invertir en España. Todo un lujo de "patriotas de pacotilla y hojalata".

Todo esto en un momento en el que la Audiencia Nacional ha condenado a Luis Bárcenas y al propio PP como responsable civil subsidiario por haber pagado "en negro" la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Segunda condena ya que ha sufrido el PP por corrupción política en la trama Gürtel. Todo un lujo de honestidad. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza cuando -con la chulería que les caracteriza, desde Casado a Ayuso, pasando por Gamarra, Pablo Montesinos, García Egea, Maroto o Martínez Almeida (este sí que es un "okupa" de la alcaldía, puesto que perdió las elecciones frente a Manuela Carmena)- se les pregunta por la ?ya no presunta- sino corrupción en el PP, no tengan nada que decir o se remitan a declaraciones realizadas en pasadas condenas.

De ahí que estén dispuestos a hacer lo que sea para mantener a la judicatura "a su entero servicio". Ahora les viene perfectamente el argumento de que "los jueces elijan a los jueces", sabiendo que si es así, rigurosamente, sólo podrán acceder al órgano de gobierno de los jueces los elegidos por las asociaciones judiciales, que en su mayoría son esencialmente partícipes de una cosmovisión conservadora; al menos, si el sistema de acceso a la carrera judicial sigue siendo la misma de siempre. Es lógico que los jueces tengan mucho que decir a la hora de elegir su órgano de gobierno, pero tiene que haber un factor corrector, porque, como sabemos, y también está dispuesto en la CE en su artículo 117 en el primer enunciado se dice textualmente que "la justicia emana del pueblo"; por consiguiente, en un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, algo tendrán que decir los "representantes del pueblo" que tienen su asiento en los órganos de representación, es decir, en el Parlamento Español. ¡Digo yo!

Pero no sólo en este aspecto el PP está girando muy peligrosamente a la derecha, sino en otros asuntos que afectan a la vida diaria de los ciudadanos y en los que el PP se sitúa claramente al lado de Vox defendiendo a los más pudientes, a los señoritos, a los aristócratas, a los grandes hacendados y especuladores. Me refiero a la oposición frontal del PP -incluso prometiendo no cumplir la ley en las CCAA en las que gobiernan- a la legislación que el Ejecutivo quiere llevar al Parlamento sobre la vivienda, que haga más real y efectivo el derecho a una vivienda digna por parte de los ciudadanos. Es inconcebible que los alquileres de vivienda sólo estén al alcance de los más pudientes, mientras los propietarios de "hacen de oro" a costa de los ciudadanos más humiles. Que el PP se oponga frontalmente deja muy claro de qué lado están, de los grandes propietarios, cuando una inmensa mayoría de ciudadanos está padeciendo estrecheces económicas, teniendo que desembolsar, en algunos casos, más de la mitad de su salario a la vivienda. Recordemos que nuestra CE ?una vez más la refiero, porque debe cumplirse y porque los que dicen cumplirla son los más objetores de la misma- en su artículo 47 establece que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Creo que poco más hay que añadir. Simplemente apostillar que aunque la vivienda no sea un derecho fundamental de los regulados expresamente en la Carta Magna, sí es un derecho en el que los poderes públicos tienen que promover esas condiciones para que los ciudadanos puedan disfrutar de la vivienda digna que se merecen como seres humanos. Es lo obligado en un modelo de Estado como el nuestro en el que los poderes públicos tienen que promover las condiciones económicas necesarias para que haya menos desequilibrios sociales y económicos, apoyar a los sectores sociales más desfavorecidos y promover un sistema tributario que obligue a pagar más impuestos a los más poderosos. Se trata de eso. ¿Por qué el PP se manifiesta en contra de una regulación como esta? ¿A quién defiende?, ¿a la mayoría de los ciudadanos, que no pueden llegar a fin de mes con sus salarios o a las minorías propietarias de inmuebles que quieren especular con ellos y perjudicar notablemente a los ciudadanos humildes?

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