Ampliado hasta el 20 el plazo de solicitud de ayudas directas a pymes y autónomos y modificada la...

La Consejería de Economía y Hacienda ha ampliado hasta el 20 de julio el plazo de solicitud de las ayudas directas a autónomos y empresas, según consta en la modificación de la Orden de las bases reguladoras de las ayudas directas, a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado publicada este martes el Bocyl.

También se modifica la forma de percepción de la ayuda para que los beneficiarios puedan recibir el importe total de las ayudas en un plazo más corto por lo que ya no estará sujeta a criterios de priorización en su otorgamiento, ya que la Junta ha constatado que el número de solicitudes de ayudas es "mucho menor del esperado".

Así y según informa la Consejería de Economía y Hacienda, la cuantía de la ayuda coincidirá con el importe de la deuda y los costes fijos incurridos devengados entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 con un límite de la ayuda de 3.000 euros para los autónomos y pymes que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.

Para el resto de empresarios y autónomos cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el IVA haya caído más del 30 por ciento en el año 2020 respecto al año 2019, el importe no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.

Según explican las mismas fuentes, un "importante número" de posibles beneficiarios ha asegurado que las exigentes condiciones y requisitos establecidos en el propio Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, para la obtención de las ayudas imponen una restricción de acceso a las mismas.

En concreto, la finalidad de la ayuda estaba limitada exclusivamente al pago de deudas vivas, y a los requisitos de caída mínima en el volumen de operaciones o la intensidad de la ayuda sobre la caída adicional respecto de la mínima exigida, "requisitos todos ellos alejados de la situación que viven los autónomos y empresas más perjudicados por la pandemia".

Según recuerdan las mismas fuentes, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, pidió en una carta remitida a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el pasado 24 de junio una revisión de los requisitos y la flexibilización de los criterios para que más autónomos y pymes puedan acceder a las ayudas directas que la Junta de Castilla y León conforme a los criterios del Gobierno de España.

El Gobierno autonómico recuerda al respecto que Castilla y León ha remitido ya 6.782 solicitudes de ayudas directas a autónomos y empresas, de las que 1.108 fueron remitidas ayer a la Agencia Tributaria (AEAT), para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, para continuar apoyando a quienes están sufriendo la caída de sus ingresos a causa de la crisis provocada por el COVID-19.

Tal y como se establece en el Real Decreto-Ley 5/202, la Comunidad ha remitido a la AEAT la documentación relacionada con las peticiones de subvenciones directas, a la espera del informe favorable para proceder a su concesión y posterior pago.

Cuando la Agencia Tributaria certifique que los solicitantes cumplen con los requisitos, la Junta de Castilla y León podrá comenzar a tramitar el pago de las ayudas.

Las mismas fuentes recuerdan además que Castilla y León ha sido la segunda Comunidad en convocar las ayudas "con el objetivo de que lleguen lo antes posible a los autónomos y pymes". Además, para facilitar el acceso a las ayudas directas, aumentó hasta los 184 los sectores de actividad, 89 más que los propuestos por el Real Decreto Ley del Gobierno, lo que ha supuesto incrementar un 94 por ciento las actividades económicas a las que pueden llegar estas ayudas "y con ello beneficiar al mayor número de empresarios afectados por la pandemia".

A esto añaden que la Junta de Castilla y León ha articulado un "procedimiento ágil y simplificado" para la tramitación de las solicitudes, con la menor carga burocrática para los solicitantes, "utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa". No obstante, el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica.