El impacto de la pandemia en inmigrantes y refugiados

Irene Medina López

Defensora de los Derechos Humanos

La pandemia ha supuesto en general un impacto para los derechos humanos, no solo en lo que a salud se refiere, sino que ha supuesto una agravación de problemas ya existentes como el hambre o la violencia de género; y entre otros, la presencia del virus ha agravado uno de los mayores problemas humanitarios a nivel global, la inmigración, y concretamente los procesos de asilo. Dos claros ejemplos de zonas fronterizas donde se ha visto reflejada esta agravación son la frontera de España con Marruecos y la frontera de Estados Unidos con México.

En el caso de Estados Unidos, al inicio de la pandemia se ordenó no admitir a solicitantes de asilo, y esta orden se ha prorrogado en dos ocasiones hasta convertirse ahora en una norma indefinida mientras dure la pandemia; permitiéndose así expulsar inmediatamente, sin examen médico y sin escuchar, a los demandantes de asilo: lo que se conoce como devoluciones en caliente y que supone negar todo tipo de protección o garantías a los solicitantes, que no tienen la oportunidad de explicar sus circunstancias, solicitar asilo o apelar la expulsión. Así, se ha podido observar la disminución de personas en centros de detención de 2019 a 2020, cuando se ha pasado de tramitar las solicitudes de casi 20.000 personas a escuchar a menos de 100, y a conceder asilo efectivo tan solo a dos personas; y consiguientemente, dejando a miles de personas en una situación desesperada en campamentos y campos de refugiados por todo el norte de México.

El argumento utilizado para la aprobación de estas medidas ha sido que no se podía asegurar la salud de los inmigrantes al tener estos que ser confinados en las áreas comunes de los centros de detención, y sobre todo que se incrementaría el peligro para la salud pública en Estados Unidos. Pero la realidad es que el hecho de dejar a los solicitantes en campos de refugiados hace que estén en aún peores condiciones, quedando expuestos a pasar hambre y contraer enfermedades más allá del coronavirus.

De igual manera, en España se produjo la paralización durante el estado de alarma de una gran parte de los trámites de protección internacional, lo que ha producido que aumente la cantidad de peticiones de asilo a más de 100.000 pendientes de contestar, empeorando así los problemas ya existentes en el sistema integral de acogida. Y es que, aunque la Oficina europea de Apoyo al Asilo ofreció que se realizasen entrevistas online a los solicitantes, España rechazó esta opción alegando que el papel de la policía en el proceso de solicitud de asilo no permitía que el proceso se realizase con la dinámica apropiada.

Además, respecto a los centros de estancia para extranjeros, mientras que los centros de internamiento se han vaciado por el cierre y la paralización de llegadas, en cambio los CETIS (Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes) de Ceuta y Melilla se han visto olvidados en cuanto a imposición de medidas se refiere, y se ha permitido su ocupación al doble de su capacidad, de manera que no se han cumplido las medidas de seguridad necesarias para la protección de estas personas. Y es que, pese a que se han hecho peticiones de traslado a la península, estas se están tramitando de una manera demasiado lenta como para solventar el problema que se está dando en estos centros.

Todo esto nos hace pensar en el hecho de la carencia de medidas de seguridad y de salubridad para los solicitantes de asilo, especialmente en los centros de estancia, los cuales tanto los gobiernos de los países como las organizaciones internacionales deberían regular y proteger de manera que sean lugares seguros para su estancia, sin que se pueda estar atentando contra sus derechos, y especialmente en la situación dada por la pandemia, contra su derecho a la salud. Ya que como sabemos este virus supone un problema global, no se pueden dejar de lado ni los campamentos de acogida ni los centros de detención, a los que también afecta. Pero la realidad actual que estamos viendo es que muchos gobiernos han aumentado su discriminación y lo han mostrado con medidas como impedir envíos de alimentos y agua, como ha ocurrido en el campo de Vucjak en Bosnia, con el fin de forzar a estas personas a reubicarse en otro lugar, así como encerrando a personas o devolviéndolas a situaciones de guerra o persecución en los países de los que provienen, atentando así también contra su derecho al asilo reconocido internacionalmente.

Por todo ello deben buscarse soluciones a nivel nacional e internacional, proveyendo al personal de los centros de detención y a las personas recluidas en ellos de test y equipos de protección, para así evitar que se produzcan focos de infección y rebrotes. Y además, los estados también deben velar por que las medidas impuestas para frenar el virus, como son el toque de queda o el confinamiento, no suponga un impedimento para que la gente trabaje u obtenga ingresos, ya que si no se les provee de ningún tipo de ingreso, esto supondrá que muchas personas especialmente demandantes de asilo en situaciones precarias, no podrán tener acceso a comida ni podrán satisfacer sus necesidades básicas, como ha sucedido en el campo de Zaatari de Jordania.