Veto al progreso y complicidad con la corrupción

Hace unas semanas los principales partidos políticos nacionales (PP y PSOE) se pusieron de acuerdo para renovar los diferentes órganos constitucionales y de la televisión pública (miembros del Consejo de Administración de RTVE, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, de la Agenda Española de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo), pero el ánimo de consenso y concordia les duró menos que "un caramelo a la puerta de un colegio". El único paso que dieron fue proponer a los miembros del Consejo de Administración de RTVE que fueron ratificados por el Congreso de los Diputados y el Senado.

Pero esta ensoñación de pacto se ha paralizado y presiento que con el ánimo del PP (absolutamente ninguno, dado que el órgano de gobierno de los jueces y el TC tienen una mayoría conservadora que quieren mantener) no se van a alcanzar otros pactos que los que sean de su exclusivo interés partidista. Ya se sabe, como diría el ínclito Cosidó (entonces portavoz del PP en el Senado y actualmente asesor del presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco) en un mensaje al grupo de whats app de sus compañeros senadores del partido "controlaremos la Sala Segunda desde atrás" , en referencia a la Sala Penal del Tribunal Supremo, encargada de juzgar a diputados y senadores y miembros del gobierno. Y como el PP está involucrado en graves casos de presunta corrupción política, si este partido consigue poner a miembros de su "cuerda ideológica" en los tribunales de justicia, el enjuiciamiento de esa presunta corrupción puede tener un final menos complicado para los políticos del PP. Esa es la interpretación más adecuada, la única quizás, que debe hacerse a los mensajes enviados por Cosidó a sus compañeros de partido del Senado.

Todos sabemos que el principal motivo por el que el PP ha roto las negociaciones -ya que ha vetado la propuesta del magistrado José Ricardo De Prada (un juez con una trayectoria profesional impecable)- ha sido por exclusivos intereses partidistas, debido a que este juez fue uno de los autores de la sentencia del "caso Gürtel", que, como sabemos, ha afectado a políticos y gobernantes corruptos del PP y a la financiación ilegal de esta formación política. Formalmente la excusa del veto es debido a la posible "afinidad política" del magistrado con la formación de Podemos, que esta dentro de la coalición del gobierno de España; aunque la realidad, como sabemos, no es esta, sino la otra. Es un ataque frontal por parte del PP a la independencia judicial, porque el magistrado De Prada tiene una solvencia jurídica y un prestigio internacional incuestionable y un profesional comprometido siempre con el respeto a los Derechos Humanos de todos. Tengo el honor de conocerlo personalmente porque ha participado en varios cursos, seminarios y simposios organizados por la Universidad de Salamanca. La verdad es que si el PP pudiera promover la inhabilitación profesional de este magistrado, lo haría, no le "dolerían prendas", como en su día hizo con Baltasar Garzón.

Estos argumentos son lo suficientemente contundentes para afirmar, sin temor a equivocarnos, que al PP no le interesa la independencia judicial por mucho que proclamen a voces en sus comparecencias de prensa y, por consiguiente, tampoco tiene interés en renovar a los miembros del Consejo General de Poder Judicial; maniobrarán sistemáticamente, estarán maquinando siempre para disponer de jueces afines ideológicamente y que nadie investigue ni destape los lodos inmundos de presunta corrupción que se depositan debajo de las alfombras de su sede social ubicada en la calle Génova de Madrid.

Así es, por desgracia, la manera de proceder del PP en los distintos aspectos de la gestión política, actuar en contra del gobierno central si no es de su color político porque, en esencia, quieren imponer siempre su criterio. Si esto no fuera así, la Comunidad de Madrid no se opondría a seguir manteniendo las restricciones de movilidad ciudadana que están siendo muy eficaces en la lucha contra la Covid-19. Díaz Ayuso, cuya cabeza, una vez más, parafraseando a Machado, "embiste en lugar de pensar", sigue oponiéndose al cierre perimetral de Madrid de cara a los días festivos de Semana Santa, a pesar de ser una de las regiones que tiene una incidencia más alta en la pandemia. Está claro que le interesan más los lobbies económicos que la vida y la salud de los ciudadanos; de lo contrario, actuaría de otra forma más racional y sensata.