La Junta aprobará el Plan de Igualdad de la Administración con una bolsa de horas recuperables

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobará la próxima semana el 'I Plan de Igualdad para las empleadas y empleados públicos de la Comunidad', que fue acordado por unanimidad el pasado viernes con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF en el seno del Consejo de la Función Pública, y que el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, ha presentado como un "hito muy importante" para el fortalecimiento y el desarrollo de la igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y los hombres.

Este plan, que tendrá un marco temporal de dos años, se articula en ocho ejes, 21 objetivos y 94 medidas concretas de actuación entre las que ha mencionado el estudio y la posterior implantación de una bolsa de horas recuperables que facilite el ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos y que contempla permitir dependientes la acumulación de jornadas completas en los permisos de reducción de jornada por lactancia o por cuidado de menores o dependientes.

El plan también contempla la realización de las adaptaciones necesarias para que "ninguna mujer" pueda quedar excluida de los procesos de selección en alguna de sus fases por circunstancias temporales de gestación o de parto así como la elaboración de un protocolo de movilidad interadministrativa para situaciones de violencia de género de las empleadas públicas.

Ibáñez ha anunciado asimismo la elaboración de una nueva valoración de los puestos de trabajo con perspectiva de género para poder detectar y corregir, "en caso de que existan", ha matizado, posibles desigualdades retributivas según puesto que puedan derivar de una valoración discriminatoria de las responsabilidades y características de ese mismo puesto.

El objetivo en este punto es trabajar para garantizar que hombres y mujeres puedan acceder a los puestos tanto directivos o de técnicos en las mismas condiciones y sin ningún tipo de dificultad para evitar una brecha en el acceso a los puestos.

También se prevé la realización en un plazo máximo de seis meses de una auditoría retributiva y la aprobación de un procedimiento de valoración de los puestos de trabajo, aspectos "pioneros" a nivel nacional.

A esto ha añadido la garantía de "objetivación" en todos los procesos selectivos para que las pruebas sean objetivas y no estereotipadas desde el punto de vista del sexo de las personas candidatas, especialmente en todo lo relacionado con exámenes o pruebas de aptitudes.

Finalmente, ha mencionado la extensión del teletrabajo, del trabajo en red y de las tecnologías de la información y de la comunicación que puedan permitir la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados públicos.

Ibáñez ha reconocido que el 'I Plan de Igualdad para las empleadas y empleados públicos de la Comunidad' es el fruto de un "trabajo muy largo" que dio sus primeros pasos en 2015 para elaborar un informe de diagnóstico previo, un documento de más de 300 páginas que el consejero ha definido como una "fotografía" de la realidad de una Administración en la que trabajan cerca de 86.000 empleados públicos de los que 61.600 (el 71,7 por ciento) son mujeres y 24.300 (28,2 por ciento) son hombres.

Otros de los datos "significativos" que avalan "la necesidad de avanzar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres" es que el 85 por ciento de las excedencias para cuidado de hijos o de otros familiares han sido solicitadas por mujeres, porcentaje que aumenta hasta el 91 por ciento en el caso de las reducciones de jornada, es decir, nueve de cada diez personas empleadas en la Administración.

En este sentido, se fomentará una "cultura del equilibrio" que respete y garantice el "acceso equitativo" a la estructura de la organización, a sus puestos y funciones, "sin ningún tipo de discriminación ni valoración sexista" y se trabajará también para minimizar la barrera cultural que aun separa a los sexos.

Ibáñez ha destacado asimismo que este I Plan de Igualdad nace con vocación de aplicación "universal", por lo que englobará a todos los empleados públicos de la Administración, para garantizar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres a través de tres pilares fundamentales, económico, personal y social, de los que se desprenden los ocho ejes de actuación que contarán con responsables de ejecución y con indicadores para evaluar los indicadores de cumplimiento, junto al reforzamiento de medidas ya en marcha y que han constatado resultados positivos.

"Habrá que trabajar para que su traslado al desarrollo de políticas públicas y estructuras organizativas permitan que la prestación de unos servicios públicos de calidad se haga en condiciones de equidad para todas las personas que trabajan en ellos", ha manifestado asimismo.

Ibáñez, que ha estado acompañado por la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, ha insistido en que este plan se acoge de forma novedosa al nuevo y reciente marco normativo de ámbito europeo, estatal, autonómico, provincial y local en la materia.

Otra de las novedades reside en las funciones, coordinación, planificación, promoción y asesoramiento atribuidas a la Comisión Técnica de Igualdad de la Administración autonómica que superará la mera labor de control y seguimiento del plan y permitirá su adaptación al mundo real y su dinamización constante.

"Esto no es el final del camino, es el inicio de una nueva etapa de avance en igualdad entre mujeres y hombres en nuestra Administración autonómica", ha sentenciado el consejero de la Presidencia que ha recordado que el plan de cumplimiento a un objetivo del mandato del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos en un "trabajo incansable" por la igualdad donde se pone "a la cabeza de España".