El Consejo de Seguridad Nuclear denuncia “presiones” de Berkeley para que autorice la mina de...
La mayoría de la gente de la zona se opone al proyecto por los riesgos que comporta para solo diez años de explotación / ARCHIVO
El órgano supervisor rechaza las "solicitudes e insinuaciones impropias" que directivos y accionistas de la empresa minera le han transmitido por escrito, y envía sus cartas a la Abogacía del Estado
El presidente del CSN, Josep María Serena i Sender, trasladó el pasado miércoles a la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados las cartas enviadas a este órgano por directivos de Berkeley, abogados de la empresa y asociaciones de accionistas de la minera, según informa el periódico El País y sobre cuyo asunto se ha interesado el senador de Compromís, Carles Mulet, que ha formulado varias preguntas para su respuesta en la Cámara Alta.
Según publica El País, "desde el 16 de octubre han llegado al órgano supervisor cuatro cartas en esa línea: una firmada por Francisco de Paula Bellón, presidente de Berkeley, dos de asociaciones que dicen defender los intereses de sus accionistas y otra más del despacho de abogados contratado por la empresa para pleitear con la Administración. El CSN ha dicho basta y ha hecho llegar esos requerimientos al Congreso y a la Abogacía del Estado", lo que desde el supervisor califican de "presiones".
La misma fuente asegura que estas cartas "contienen, en nuestra opinión, solicitudes e insinuaciones impropias, que este organismo regulador considera conveniente hacerle llegar", señala la comunicación del máximo responsable del CSN. Además, Serena i Sender explica que ha enviado la misma información a la Abogacía del Estado, según los documentos a los que ha tenido acceso El País. En las cartas la empresa advierte de las consecuencias judiciales de no salir adelante el proyecto.
Sin embargo, el rotativo señala que Berkeley ha asegurado este jueves a través de un comunicado que estas comunicaciones se han producido "dentro de la absoluta legalidad y del máximo respecto por las instituciones y organismos de la Administración". Y ha argumentado que se han llevado a acabo debido al "dilatado tiempo que se está empleando en la evaluación del proyecto".
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