La consolidación de una cultura homicida en México

Alexis Silva Tosca

Activista por los derechos humanos

Si bien es cierto que los derechos humanos se rigen por principios tales como la interdependencia y la indivisibilidad, es posible establecer entre ellos un orden de prelación (por lo menos en términos reales de efectividad), puesto que a nadie resultaría extraño que, para poder expresar nuestras ideas, profesar una religión, acceder a la educación, o bien elegir simplemente una profesión, precisamos, ante todo, existir, por lo que la vida se posiciona como un elemento sine qua non para disfrutar de los demás derechos humanos. En este orden de ideas, la vida debería ser considerada como el bien fundamental más básico para un ser humano, pero más allá de esa categoría, es importante que desde el aparato institucional se condenen todas aquellas acciones contrarias a esta, en donde por supuesto incluimos los homicidios.

Aparentemente, la vida es valorada en función de la ubicación geográfica de las personas. En ocasiones pareciera que el nivel de cultura democrática y el desarrollo socioeconómico de una sociedad juegan un papel determinante en el valor que se le confiere a la vida de un ser humano. En el caso de México, despojar a una persona de la vida se ha vuelto parte de la cotidianidad ciudadana, pues diariamente los medios de comunicación evidencian ejecuciones, cuya autoría raramente es conocida, y que, en lugar de ser exigida por la población a manera de reclamo social hacia las instituciones, es relegada en el olvido dada la cantidad de homicidios diarios, al grado tal de que la situación se ha normalizado. De esta manera, "vivir" resulta ya ser una ganancia en México, donde las probabilidades de que ocurra una afectación a la vida de una persona son máximas. Tan solo basta mirar las cifras de homicidios del año pasado: cerca de 36.000 personas murieron asesinadas en México en 2019, lo cual no resulta extraño para un país en el que los homicidios son una constante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México (INEGI), desde el año 2010 el número de homicidios ha venido aumentando, teniendo que a la fecha se estaría hablando de casi 300.000 asesinatos en todo el país. Una cifra que podría ser aún mayor, en razón de los datos oficiales anualizados del INEGI que, en comparación con los informes de Amnistía Internacional, han resultado ser menores hasta en un 20% o incluso más en algunos casos, tendencia que se ha evidenciado desde 2014.

¿Qué sucede con el derecho a la vida en México? ¿Acaso está desvalorizado por las autoridades? ¿Y qué pasa con nosotros, los ciudadanos, acaso no nos importa más ver en los titulares un asesinato mínimo a diario? Lo cierto es que México atraviesa por una situación crítica para el disfrute del derecho a la vida, agravándose aún más con la ausencia de comprensión institucional en relación a que, según criterios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el derecho a la vida no sólo implica el no despojar de la vida a un ser humano, sino también incluye el propiciar a las personas un contexto adecuado en el que puedan desarrollar su vida de manera plena, con seguridad y dignidad. Empero, hoy en día se podría hablar de que en México se está consolidando una "cultura homicida" que hasta cierto punto es tolerada por las instituciones y por la ciudadanía.

Entonces, ¿qué acciones se podrían emprender para paliar esta situación? En primer lugar, se debe tener en cuenta que el aumento de homicidios en México se debe, entre otras causas, a un entramado de ilegalidad complejo y de difícil acceso. Con ello se hace referencia a los diversos cárteles que existen en el territorio nacional, así como a las actuales tendencias de auto-justicia y violencia ciudadana que evidencian una falta de empatía sobre la dignidad e integridad humana de los demás.

En segundo lugar, es importante conocer los mecanismos de garantía del derecho a la vida. Entre ellos se hallan las instituciones encargadas de la seguridad pública en sus ámbitos federal, estatal y municipal, respecto de las cuales es imprescindible reforzar sus conocimientos en materia de derechos humanos, mejorar sus retribuciones por concepto de salario y purgarlas de prácticas de corrupción. Asimismo, los órganos encargados del acceso a la justicia (entes fiscales y judiciales) deben tener el propósito de garantizar efectivamente el derecho a la vida, al desarrollar una adecuada y exhaustiva investigación de la ejecución de personas, así como identificación y sanción de los responsables a fin de debilitar la reincidencia de los hechos delictivos, evitando así todo rastro de impunidad, y asegurar a los familiares de las víctimas directas una reparación integral del daño.

También resulta importante para los jefes de gobierno y sus respectivos ministerios no permanecer en la pusilanimidad institucional. Sus actuaciones deben mostrar su compromiso de mejorar las políticas públicas en prevención del homicidio, así como su repudio institucional hacia acciones contrarias a la vida, reprobando estos hechos de manera pública no sólo cuando el homicidio sea en contra de funcionarios con un alto cargo. En otros sitios del mundo, ante una ejecución, los jefes de gobierno pueden convocar a una rueda de prensa debido a la trascendencia para la sociedad, pero en México ya es algo usual ser testigos de homicidios.

En cuanto a nosotros como ciudadanos, es insoslayable conocer las cifras de asesinatos, tanto internas como las contabilizadas por Amnistía Internacional; sensibilizarnos sobre los mecanismos jurídicos de exigibilidad de los que se pueden hacer uso para sofocar la impunidad y la falta de transparencia, ayudando a otorgar a este tema la importancia debida, y dejar de normalizar esta situación entre nosotros, pues solo con el conocimiento apropiado y nuestro repudio democrático, podremos requerir a las autoridades mejores resultados para todos en relación al derecho a la vida en México.