Cerca de 8.000 usuarios de residencias de CyL han sido trasladados a hospitales desde marzo por...

Cerca de unos 8.000 usuarios de residencias de Castilla y León --más de 5.000 en la primera ola y 2.800 en la segunda hasta principios de diciembre-- han sido trasladados a hospitales desde que comenzó la pandemia en marzo, "siempre bajo criterios médicos y contando con la opinión de la familia".

"Es mentira que no hayamos trasladado a nuestros residentes a los hospitales. Se les ha atendido y siempre que ha sido necesario lo hemos hecho. Pero la gente también fallece en residencias, como ha pasado siempre", ha afirmado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en una entrevista concedida a Europa Press.

Una actuación, insiste, que está avalada por la Fiscalía que ha archivado "prácticamente todo" lo que le ha ido llegando. "Las residencias no son burbujas aisladas, se comportan según la población del municipio en el que se ubican", explica para reconocer que durante la primera ola se había trasladado unas 5.000 personas, mientras que en la segunda, --hasta diciembre--, han sido entre 2.700 y 2.800.

La consejera lamenta los 3.670 fallecidos --datos del pasado 23 de diciembre-- en residencias. "Son muchos y pesan todos. Lamento cada pérdida y solo me queda transmitir todo mi cariño a las familias y decirles que estamos trabajando, que se ha trabajado muy duro, que nos hemos enfrentado a situaciones muy difíciles y que seguimos haciéndolo", señala.

En este punto, Blanco pide que se ponga "en contexto" las cifras que se dan. "Tenemos 48.000 plazas residenciales. Somos la Comunidad con mayor porcentaje de plazas, con respecto a la población de 65 años, prácticamente el ocho por ciento de plazas. Pero si hablamos en porcentajes, la mortalidad de Castilla y León en la primera ola con diagnósitoco confirmado estuvieron sobre el cinco por ciento de los residentes y si añadimos a aquellos que perdieron la vida con síntomas compatibles estaríamos hablando del seis por ciento. En 700 residencias de personas mayores, 1.200 si añadimos las de discapacidad y las viviendas tuteladas", aclara para indicar que Navarra, "por ejemplo", tiene poco más de 70 centros y la mortalidad fue del siete por ciento.

La consejera, a la que le han dolido las críticas utilizadas de forma "partidista" por la "leal" oposición, muestra su pesar porque se ha intentado "juzgar" o "criticar" ahora lo que se hizo en marzo. "Se hizo lo que se podía con los medios que había en ese momento", ha continuado.

Para Blanco, la crítica es buena siempre que sea "constructiva", siempre que pretenda "aportar". "Pero en muchas ocasiones se ha ido al insulto. Cuando no se ha contado la verdad de lo que ha pasado, cuando se cuestiona el trabajo no ya de la consejera, sino de todas las personas que han estado ahí todos los días, desde el equipo directivo de la Consejería, las Gerencias provinciales, los trabajadores de los centros... cuando se cuestiona ese trabajo, cuando no se quiere ver la situación en que hemos estado, me duele", lamenta.

Al hilo de esta afirmación, no entiende a "aquellos" que han criticado el informe elaborado por la Consejería --alguno dijo que era "una mierda", ha afeado-- o que carguen contra PP y Ciudadanos por rechazar en las Cortes una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias.

"Para qué, ¿para echarnos los muertos a la cara y conseguir rédito político a costa de eso?", ha cuestionado. Así recuerda que estas investigaciones se han rechazado, "prácticamente", en todas las administraciones y "de todos los colores". "En el Parlamento, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, La Rioja, en todas se han rechazado. Nosotros teníamos un compromiso de explicar lo que había pasado. Hicimos el informe. Ahí está, a disposición de todo el mundo", añade.

Blanco asegura que "todos" saben lo que ha pasado y que el único culpable es el "virus". "El virus no entiende de barreras y no entiende de fronteras. Ataca el sistema respiratorio de las personas y a las personas más vulnerables. Y las más vulnerables son las personas mayores aquí y en todo el mundo", zanja para recordar que ha comparecido dos veces en las cortes, que todos los componentes del equipo de la Consejería ha dado explicaciones en el Parlamento autonómico entre abril y mayo.

"No ocultamos nada, ni los datos que dicen que no damos", continúa. "Pero si somos la Administración regional que más datos ofrece, los colgamos todos los días. No damos los datos de un centro en concreto porque no podemos, porque nuestros servicios jurídicos, la Abogacía del Estado y la Agencia de Protección de Datos dice que sin autorización de los centros no los podemos dar", recuerda para rechazar otras de las "críticas" vertidas desde la oposición sobre la "opacidad" de los fallecimientos en residencias privadas.

UNA DECENA DE EXPEDIENTES.

En este sentido, Blanco reconoce haber abierto una decena de expedientes a residencias y advierte de que todos tienen "derecho" a conocer la situación epidemiológica de sus familiares. "Hay diez expedientes abiertos y otros están en tramite. Tenemos una normativa muy tasada. Se han hecho muchas visitas de control, inspecciones para ver que tenían todos los medios requeridos pero también se han visitado los centros para ayudar, por ejemplo, a sectorizar", añade.

No obstante, ha insistido en que si hay algún centro que se niega a ofrecer información que contacte con la Junta. "Hay que facilitar esos datos, si no se les sancionará", ha agregado.

Blanco, a pesar de un mes de noviembre "complicado", considera que el comportamiento de las residencias en esta segunda ola ha mejorado y eso que la tasa de contagio de la población en general "es tres veces superior a la que había en la primera ola". "Y sin embargo, el número de contagios en las residencias o el número de fallecimientos de personas que viven en residencias es mucho menor", señala.

En ello ha influido las medidas puestas en marcha. La primera de ellas fue aprobar un decreto ley que obligaba a los centros residenciales tuvieran una dotación "mínima" de equipos de protección para cinco semanas ante situaciones como éstas. "Se incrementó la formación durante la pandemia y los meses posteriores, a los centros residenciales, a los públicos y a los privados tanto en el uso y manejo de los EPis como la propia sectorización de los centros. Se han incrementado las inspecciones en el número de inspecciones", añade.

También hubo un mayor control y seguimiento de las visitas de los familiares a los centros. "Se hizo un cribado en mayo, otro a finales de verano para detectar quienes tienen anticuerpos y quienes no. Se ha realizado otro en octubre y noviembre. Se están realizando cribados con antígenos en todos los centros residenciales de manera periódica. También se ha puesto en marcha la detección del coronavirus a través de las aguas residuales...", enumera, para resumir que si se observan las curvas de los contagios de la incidencia de esta segunda ola y se contrapone con la primera, "tanto la evolución de contagios como la evolución de fallecidos no tiene nada que ver".

Por último, a la consejera le preocupan estas fechas y, pese a que han intentado, vía cartas, que el Gobierno ponga unas normas de común cumplimiento en todo el país, explica que se intensificarán las medidas de prevención tanto para los residentes, como los trabajadores y familiares.