Un total de 1.460 hogares salmantinos reciben en diciembre el Ingreso Mínimo Vital al no poseer otra fuente de ingresos
Castilla y León es la segunda región de España que más va a acusar la crisis de la pandemia en relación al poder adquisitivo de sus habitantes. Según un informe de la ONG Oxfam Intermón el índice relativo de pobreza aumentará un 11 % en la posterior crisis a la pandemia, que podría durar varios años.
El impacto desigual de la situación actual podría incrementar en más de 700.000 el número de personas en situación de pobreza en España hasta alcanzar los 10,8 millones, con un mayor incremento en el porcentaje de pobreza en Baleares, Castilla y León, Aragón y Cataluña, según un informe de la ONG Oxfam Intermón.
El informe, titulado 'Una reconstrucción justa y necesaria es posible', pronostica un incremento de la pobreza relativa de 1,6 puntos, hasta alcanzar al 23,1% de la población (frente al 21,5% antes de la COVID-19). Si bien, la ONG precisa que la fuerte caída en el PIB también supone una importante caída del umbral de pobreza, por lo que indica que, considerando constante el umbral de pobreza, la pobreza relativa podría llegar a alcanzar al 26% (más de 12,3 millones de personas).
En términos de incremento de la pobreza relativa, el aumento más importante se produciría en Baleares, con un incremento del 11,7% del porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza, seguido de Castilla y León (11%), Aragón (9,7%) y Cataluña (9,4%). En términos absolutos, destaca Andalucía, con 201.000 personas más por debajo de la línea de pobreza.
Un buen indicador de la situación que viven numerosos salmantinos es la cantidad de familias que reciben el Ingreso Mínimo Vital, que en el presente mes de diciembre ha sido concedido a 1.420 hogares salmantinos. De esta manera, esta prestación beneficiará a más de 3.600 personas de las que, casi el 44%, son menores de edad según datos facilitados por PSOE provincial. En los seis meses de vigencia de la prestación, se han tramitado en Salamanca 5.166 expedientes, de los que 4.496 han quedado resueltos.
De las solicitudes tramitadas, 3.076 han sido denegadas, en la mayor parte de los casos por superar niveles de renta y patrimonio. Tras las mejoras realizadas en la tramitación, quedan pendientes de análisis en 1.558 expedientes, buena parte de ellos recibidos durante las últimas semanas. En 670 casos se les ha pedido que subsanen errores, como por ejemplo el de completar la documentación.