Después de varios días con el televisor apagado, la radio desconectada y sin leer un periódico para desintoxicarme de tanta información sobre el virus para no acabar desinformada, abro los periódicos y me superan las últimas noticias.
El vicepresidente Iglesias, que sigue ejerciendo más de "presi" que de "vice", exige subir a 900 euros el Salario Mínimo Interprofesional, y aunque la ministra de Hacienda lo tilde de cabezón con todas las letras, no piensa apearse del burro hasta que no lo consiga. Para eso lo votaron, dice con esa voz de corderito que le sobrevino con el cargo, y se queda tan ancho como si hubiera arreglado el mundo. Claro que a ningún trabajador le molesta que le suban el sueldo, es más, sería lo normal, el problema es que ¿dónde están los trabajadores que puedan beneficiarse? Este hombre no se ha enterado todavía, o no quiere enterarse, de que gobierno tras gobierno llevan años destruyendo puestos de trabajo, y de seguir como vamos, el derecho al trabajo solo podrán ejercerlo los privilegiados, que no serán los que cobran el SMI precisamente. Total, que está claro: esto no es otra cosa que quedar bien y gastar poco.
Sigo trasteando por distintos periódicos y leo lo siguiente: El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció este lunes que el Gobierno está estudiando introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social.
Así lo afirmó el ministro durante su intervención en Nueva Economía Fórum, donde subrayó que se trata de una práctica "intolerable", que también se realiza en los meses de verano, "que no debe aceptarse y que claramente se va a penalizar".
"Vamos a establecer una tasa por las bajas de contratos. Estamos estudiando cómo hacerlo", señaló el ministro, que denunció que esta práctica "se ha convertido en algo cultural en España", que no sucede en otros países del entorno español, que contribuye al alto grado de rotación de contratos y que no puede aceptarse como válida. Y digo yo: ¡Pues sí que han tardado estas lumbreras en darse cuenta de algo que lleva tantos años practicándose! Y sigo diciéndome: ¿No sería mejor que se prohibieran de una vez estos contratos que todos llamamos "basura" y muerto el perro se acabó la rabia? Y como nadie me responde, me respondo yo misma: las empresas pequeñas, desgraciadamente, no tendrán que ser penalizadas, entre ellos y el virus conseguirán que vayan desapareciendo, y las grandes, es de sobra sabido, tienen bula para todo. Total, que está claro: esto no es otra cosa que quedar bien y gastar poco.
Abro otro periódico y no tardo en arrepentirme de hacerlo. Juan Carlos I, todavía fuera de España, paga a tocateja 678.393,72 euros a Hacienda para evitar una causa judicial, algo que La legislación española contempla para que el responsable del fraude pueda eludir el delito fiscal si abona su deuda antes de que Hacienda o la justicia le notifique
el inicio de actuaciones. El Ejecutivo parece estar encantado con su actitud. Con esto se demuestra que todos los españoles somos iguales ante la ley. ¡Qué cosas! ¿Y dónde miraban los responsables de Hacienda cuando revisaban las declaraciones del emérito? Es extraño que sean tan diligentes para detectar los 100 o 200 eurillos que, más por desconocimiento que por mala intención, deja de declarar cualquier ciudadano y semejante cantidad no les saliera de ojo. Pero mejor dejarlo, se maquille como se maquille, está claro que no sirve ni para intentar quedar bien y gastar poco.
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