Sin presupuestos no hay bienestar
Que España necesita unos presupuestos especiales para el 2021 que permitan luchar contra la grave situación en la que nos encontramos, creo que está en la mente de todos los políticos y de cualquiera que tenga sentido común. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) parten de una determinada política, la del Gobierno de turno, a la que vienen a sustentar y que, además, son los recursos con los que se moverá la economía y la prestación de servicios durante su año de vigencia. Por eso, los PGE son considerados como la ley más importante que se promulga cada año.
Los PGE están reflejados en la Constitución Española de 1978. Corresponde al Gobierno la elaboración de los mismos y a las Cortes Generales su examen, enmiendas y aprobación. Deben incluir la totalidad de los ingresos y los gastos del sector público estatal, así como los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Los PGE para el 2021 ascienden a 550.484 millones de euros, incluyendo los 26.634 millones procedentes de los fondos europeos para el mismo año. Representan un incremento del 19,4% sobre los actuales.
Son tan importante los PGE como regla para la gobernanza que en el 2011 Gobierno y oposición se pusieron de acuerdo, no sin cierta nocturnidad y alevosía ante los ojos de los ciudadanos, e hicieron una reforma de la Constitución en su artículo 135, estableciendo los principios de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria. Si entonces que era una simple cuestión de austeridad, aunque con un cambio constitucional permanente, derecha e izquierda se pusieron de acuerdo ¿por qué cuesta tanto ponerse de acuerdo ahora con la dramática situación que tenemos y con la validez para un solo año? La colaboración y la voluntad para lograr consensos contra la pandemia determinan la responsabilidad de cada uno.
Lo previsto es empezar cada año con sus correspondientes presupuestos aprobados. Si no son aprobados antes del 31 de diciembre del año anterior se prorrogan los existentes. Pero es muy difícil gobernar sin unos presupuestos a la medida de las decisiones políticas y económicas a tomar. Máxime en esta ocasión cuando ya vienen prorrogados desde el 2018 y con la incidencia del estado de emergencia sanitaria y crisis derivadas de la pandemia.
Lamentablemente en España se ha venido abusando de esa prerrogativa de no presentar los PGE en tiempo y forma, prorrogando los anteriores, cosa que se ha hecho hasta en 10 ocasiones y que, por otra parte, es un fragante incumplimiento de la obligación legal hecho por parte de gobiernos de distintos colores.
Por el trámite parlamentario que llevan los PGE para el 2021 parece que saldrán adelante en tiempo y forma, dado que han sido rechazas las enmiendas a la totalidad y en la discusión de las enmiendas parciales que se discuten en estos momentos en el Congreso y a tenor de las posiciones manifestadas por los distintos grupos parlamentarios, saldrían 180 apoyos, cuatro más de los necesarios para ser aprobados. Si esto se confirma en el pleno de la semana que viene, pasarán al Senado para una segunda lectura, aunque sin mucha capacidad para alterar el equilibrio presupuestario.
Los presupuestos de las Comunidades Autónomas y de los Municipios se organizan y se hacen de forma independiente de los PGE, pero sí influyen en ellos el intercambio de cobros y pagos con aquellas administraciones. Además, hay otros elementos que suponen diferentes limitaciones a la capacidad y autonomía presupuestaria nacional, como es la legislación y directivas europeas, los presupuestos de la Unión Europea, las ayudas e intercambios, por lo que también aquellas instituciones emiten su opinión. Al respecto, la Comisión Europea ya dio el visto bueno al proyecto de PGE, por estar en línea con sus recomendaciones, aunque alerta sobre el elevado nivel de la deuda pública y sobre la incertidumbre que rodea su implementación.
España necesita de nuevos presupuestos para seguir luchando contra la pandemia, la variedad de crisis que está originando y el inicio de la reconstrucción del país, contando con la valiosa ayuda económica europea. También para una cierta estabilidad política que permita su aplicación. Pero una vez más, lejos de ser un motivo para abordar un consenso de amplio espectro ante la situación tan delicada en la que estamos, las visiones y posturas aparentemente irreconciliables de la clase política están ahondando en una polarización que puede resultar peligrosa a un plazo medio.
Se da por descontado que en toda negociación han de ganar ambas partes, pero esa manía o carrera por tratar de "vender" lo conseguido, a la militancia, al electorado o al adversario político, como unas prebendas o cesiones políticas en cuestiones controvertidas, envenenan la comunicación y las relaciones, consolidando la división, la confrontación política y el enfrentamiento social. Confiemos en tener presupuestos y que cumplan su misión de ser los recursos necesarios para luchar por la salud, la reconstrucción económica y social, el empleo de calidad, la cohesión social y mejorar la vida de las personas.
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