El octavo fracaso

Ni la pandemia ha impedido que el presidente Sánchez, siguiendo el ejemplo de cuantos le han precedido en el cargo, nos embarque en la octava ley de educación desde la Transición, una más que presidentes hemos tenido, y eso sin contar el tiempo que hemos tenido que estar con un gobierno en funciones. Todas se han aprobado con el voto en contra de la oposición, de lo que se desprende que la educación no le importa a ningún partido, lo que les importa a todos es adoctrinarnos para que aprendamos desde niños a pensar como ellos quieren que pensemos para hacerse un país a su medida. ¿No se habrán dado cuenta todavía de que cada vez tienen menos posibilidades de gobernar más de cuatro años, y de que cuando tengan que ahuecar el ala, salvo sus protegidos, nadie los echará de menos?

Ninguna de las siete leyes anteriores ha conseguido lo que debe conseguir una buena ley de educación: estabilidad, algo que no ha conseguido ninguna, porque antes de ponerla en marcha, ya ha aparecido la otra; calidad, algo que también brilla por su ausencia, porque estudiar no consiste en ir a los centros escolares con una mochila cargada de libros que dicen mucho para que se entienda poco y se olvide en cuanto pasa el examen, es enseñar a adquirir conocimientos, a ser críticos y a no dejarse manipular; y justa, si todos tenemos derecho a la educación, todos debemos tener la posibilidad de ejercerlo. ¿Pero será capaz de conseguir la octava ley lo que hasta ahora no ha conseguido ninguna?

Dicen que esta ley pretende poner orden entre la enseñanza pública y la enseñanza privada, pero todo indica que esto, como tantas otras cosas, tiene más de excusa para justificarse que de ganas de corregir errores. Confieso que soy una fiel defensora de la enseñanza pública y lo seré siempre. Nada tengo en contra de que existan colegios privados, es más, creo que deben existir, y no me parece justo que los padres solo puedan llevar a sus hijos a la privada cuando no tengan plaza en la pública. Mi apoyo para los que en estos días alzan su voz para protestar, son ellos los que deben decidir la educación que quieren para sus hijos, no los gobiernos. Ahora bien, mientras que los colegios públicos carezcan de tantos medios materiales y humanos como carecen al menos, ni entiendo ni apruebo que tengan que estar subvencionados por el Estado. Los padres tienen razón: ellos también pagan impuestos, pero aunque no les guste, porque eso de pagar es algo que les duele más a los que tienen mucho que a los que tienen poco, tienen que entender que el dinero de los impuestos debe destinarse, única y exclusivamente, a los servicios públicos, y en lo que tengamos que seguir pagando la enseñanza privada, la pública, por falta de medios, tanto materiales como humanos, ni puede ser justa, ni puede ser de calidad, y esto, los profesores, que contarán siempre con mi respeto, reconocimiento y gratitud por tantos esfuerzos para remediar en lo posible lo que los gobernantes siguen empeñados en estropear, lo saben mejor que nadie.

Por lo tanto, parece claro: la octava ley de educación, si es que consigue funcionar antes que aparezca la novena, será el octavo fracaso.