Cuando la corrupción mata. La Covid-19 en Ecuador

María José Mogollón Martínez

Defensora de los Derechos Humanos

A inicios del año 2020, en China se extendió una nueva enfermedad desconocida por todos los médicos y especialistas en el tema. Este nuevo virus, denominado Sars-Cov-2, no tardó en expandirse a nivel mundial y los sistemas sanitarios de diferentes países se encontraron con el nuevo desafío de atender a enfermos con esta rara enfermedad.

Casi dos meses después de China, la enfermedad ya había llegado a América Latina. Para principios del mes de abril la región tuvo un aumento considerable de casos llegando del 0,1% al 2,4% de la población. (BBC Mundo, 2020). Claramente, es una cifra alarmante sobre todo considerando que todos los estados de la región son países en vías de desarrollo que posiblemente no cuenten con un sistema sanitario eficaz y eficiente para enfrentar la pandemia.

De acuerdo a BBC, en la región Ecuador ocupa el segundo lugar en número de muertes por la pandemia después de Brasil. Todo esto a pesar de que su población es doce veces menor que la del segundo estado en cuestión y que su territorio sea 30 veces más chico. Empero, la cuestión en cifras no queda ahí, pues dentro de los mismos datos se extrajo que Ecuador encabeza la lista de muertes por contagio per cápita en América del Sur con 98 muertos por cada 100 mil habitantes. (BBC, 2020).

Actualmente, el sistema de salud ecuatoriano se ha colapsado. Todo esto porque los hospitales públicos han visto reducidos sus ingresos afectando a despidos de médicos y falta de equipamiento para enfrentar la pandemia. A simple vista, Ecuador no estaba preparado para afrontar una situación tan devastadora como se ve hasta el momento. Adicionalmente, el colapso del sistema sanitario ecuatoriano ha afectado directamente al sistema funerario; en casos como la ciudad de Guayaquil, la ciudad más afectada del territorio, se conocen funerarias que han cerrado por miedo al contagio, cementerios con largas filas de familiares fallecidos, sea por la COVID-19 o por otras causas, y muertos en las calles durante días. (El Mundo, 2020).

El grave problema que enfrenta Ecuador no solo se debe al constante recorte de presupuesto al sistema sanitario, que claramente no puede garantizar el derecho a la salud a la población. También se han encontrado casos de corrupción, por lo que el mucho o poco dinero destinado a la salud se ha repartido o robado entre la élite política de esta nación. Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) se construyeron hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con sobreprecio; debido a esto la Contraloría General del Estado emitió denuncias por 84 millones de dólares y dos informes con responsabilidad penal. (Ecuavisa, 2020).

Pero el drama continúa, pues portales de periodismo de investigación desvelaron el reparto del control de hospitales públicos entre varias autoridades políticas de diferentes partes del territorio nacional. A cambio, estas darían apoyo para gobernar al actual presidente ecuatoriano, Lenin Moreno. Alrededor de 1.900 millones de dólares en provisión de medicinas y servicios hospitalarios es la cifra del reparto de poder de Lenin Moreno en el IESS. (Periodismo de Investigación, 2020).

El caso ecuatoriano no es una muestra más de que la corrupción mata. Pues dotar de un presupuesto a los hospitales y centros de salud y que, más tarde, las autoridades se lo lleven a su bolsillo es una verdadera pandemia que no sólo debilita al sistema, sino que también mata a la gente porque los hospitales públicos no dan abasto con tanto número de enfermos. Claramente, la falta de responsabilidad cívica, la transparencia en la gestión y el indebido uso de los recursos públicos ha logrado que Ecuador enfrente un escenario como el de hoy, donde la gente no recibe atención médica y se ve obligada a lidiar con familiares y amigos fallecidos en sus casas y hasta en las mismas calles.