Pena de muerte: una buena noticia que podría ser mejor

Marta Martín González

Activista por los Derechos Humanos

Como todos los años, en el mes de abril Amnistía Internacional publicó su informe Condenas a muerte y ejecuciones que recoge los datos de enero a diciembre de 2019. Este año traía como sorpresa la tendencia a la baja, es decir, cada vez existen menos condenas a pena de muerte en el mundo, pero aún no es nulo. El informe trata tanto las ejecuciones efectuadas como el número de condenas, así como las conmutaciones, indultos y exoneraciones.

En el informe de 2019 se pone de manifiesto que estos actos, además de ser un atentado contra el derecho a la vida de las personas, se utilizan contra los derechos humanos y las normas internacionales. Fueron trece personas las ejecutadas públicamente, y del número total seis fueron menores. Varias condenas se pusieron en juicios injustos, tribunales militares o especiales, incluso en ausencia de la persona afectada o de su representante; se aceptaron confesiones obtenidas bajo tortura y se condenaron por delitos como tráfico de drogas, corrupción, blasfemia, secuestro, violación y traición.

En cuanto al número total de ejecuciones de 2019, este fue de 619, un 5% menos en comparación con la cifra de 2018; se podría hablar de la cifra más baja de los últimos diez años. Esto se debe, por un lado, a la reducción del número de ejecuciones en Egipto, Japón y Singapur; por otro lado, Irán ha visto reducida su cifra por la reforma de la ley antidrogas de 2017, pero a pesar de ello es el tercer país con más muertes por pena capital. Por tanto, se puede hablar de un impulso global a la abolición mundial de este castigo cruel e inhumano a pesar de que algunos países quieran mantener este tipo de condena. Ningún país abolió la pena capital en 2019, pero según los datos cada vez son más los que están en contra de ella.

Los métodos que se aplican en la pena capital son variados: decapitaciones, electrocución, ahorcamiento, inyección letal y arma de fuego. En algunos casos, los condenados se niegan a someterse a prácticas como la electrocución o inyección letal, por eso hay menos países que las utilizan. Las decapitaciones únicamente las practica Arabia Saudí, mientras que la electrocución la diseñó y se la adueñó Estados Unidos. El ahorcamiento y uso de armas de fuego son las más comunes.

Amnistía Internacional obtiene la información de sentencias, información que le proporciona cada Estado, declaraciones de afectados o familias. En algunas ocasiones no consigue recopilar la información necesaria para realizar el informe pertinente porque en algunos países se considera que la información sobre la pena de muerte es un secreto de Estado. Las cifras que ofrece Amnistía son las mínimas que se producen. Por ejemplo, en el caso de China, desde el año 2009 la organización decidió no mostrar los datos para evitar que las autoridades del país manipulasen la información a su antojo. Otros casos en los que tampoco se han conseguido cifras sobre las ejecuciones fueron Corea del Norte y Vietnam. Al secreto de Estado se suma el fusilamiento sin avisar a la familia o al representan legal. Los países donde no se notificaron las ejecuciones fueron Malasia, Nigeria y Sri Lanka, a pesar de que en años pasados sí lo hicieron. La falta de datos no quiere decir que no hubiera.

Una veintena de países fueron los que aplicaron la pena capital en 2019. Los tres países que más la aplican son Irán (251 ejecuciones), Arabia Saudí (184 ejecuciones) e Irak (100 ejecuciones) que representan un 81% de las muertes confirmadas del año pasado. Otros países en los que también tuvo lugar fueron Egipto (más de 32 ejecuciones), Estados Unidos (22 ejecuciones), Pakistán (más de 14 ejecuciones), Somalia (más de 12 ejecuciones), Sudán del Sur (más de 11 ejecuciones) y Yemen, que tuvo 3 ejecuciones más que en 2018. En Singapur tuvieron lugar cuatro, en Bahréin y Japón tres; en Bielorrusia y Bangladesh un total de dos en cada país, en Botsuana y Sudán una.

A pesar de los números, se redujeron los casos tanto en Egipto, como en Japón y en Singapur, pero aumentaron en Arabia Saudí, Irak, Sudán del Sur y Yemen, en comparación con las cifras de 2018. Arabia Saudí registró el número más alto de ejecuciones que Amnistía Internacional había recopilado en un solo año; esto se debió a la aplicación de la pena de muerte como herramienta política contra la población chií. Irak continúa con una alta tasa debido a que continúa ejecutando a todos los que pertenecen al Estado Islámico. Irán ha evolucionado significativamente, a pesar de ser uno de los tres países con más ejecuciones, ahora se mantiene en mínimos históricos, su cifra tiende a la baja desde 2017. No obstante, únicamente Irán ejecutó al 38% del total.

Amnistía registró algunos casos que se abstuvieron de practicar la pena capital en 2019, pero también otros que la reactivaron. Afganistán, Tailandia y Taiwán no realizaron ninguna, pero Bahréin y Bangladesh las reanudaron. Después de mucho tiempo, en 2019 se puede confirmar que Siria sí llevó a cabo ejecuciones, pero no se conoce la cifra exacta. Los magistrados de Filipinas están estudiando reintroducirla en el código penal, los gobiernos de Sri Lanka y Estados Unidos amenazan con seguir el mismo camino.

Habría que diferenciar las ejecuciones, que es el acto de matar, con las condenas a muerte. No siempre, todos los condenados son ejecutados. En 2019 hubo 2.307 condenas a muerte, mientras que en 2018 hubo 2.531, podemos apreciar una reducción. En 2019 en total fueron unos 56 países los que condenaron a penas de muerte, mientras que en 2018 el número fue menor: cincuenta y cuatro. Esto se debe a que fueron cuatro países los que retomaron la práctica: Malawi, Maldivas, Níger y Trinidad y Tobago. En Siria hubo sentencias al respecto, pero no se conocen las cifras, ni tampoco en Chad, Libia y Papúa Nueva Guinea.

Se redujeron las condenas en Egipto, India, Irak, Kuwait, Libia, Mali, Palestina, República del Congo y Tailandia. Pero se registraron aumentos en Indonesia, Kenia, Líbano, Pakistán, Sierra Leona, Sudán, Túnez, Yemen, Zambia. En el mundo hubo un total de 26.604 castigos a pena de muerte, pero no fueron tantos los ejecutados porque se adoptaron conmutaciones e indultos en veinticuatro países y once exoneraciones en dos países.

Para acabar, una buena noticia llega desde el Comité de Derechos Humanos, que ha publicado la nueva reforma del código penal de Arabia Saudí: a partir de ahora los menores de dieciocho años no serán sometidos a pena de muerte, en su lugar se les condenará a diez años de prisión. Aunque aún no se sabe cuándo entrará en vigor esta nueva regulación.