Salamanca contabiliza 11 de los 78 delitos de incidentes de odio registrados en la región 

Salamanca contabilizó 11 de los 78 delitos e incidentes de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Castilla y León durante 2019, según el último Informe de la Evolución de los Delitos de Odio publicado por el Ministerio del Interior. La cifra de detenidos/investigados fue de 2 en Salamanca y 22 en el conjunto de Castilla y León.

La provincia que contabilizó un mayor número de delitos e incidentes de odio fue Burgos (18), seguida de León (13), Valladolid (12), Ávila (11) y la mencionada Salamanca (11). Le siguen Palencia (7), Zamora (4) y Soria (2). Segovia no ha registrado en el último año ningún delito o incidente de odio.

En el conjunto del país, los delitos e incidentes de odio crecieron un 6,8% tras alcanzar los 1.706 durante 2019 (en el año anterior fueron 1.598), siendo los motivados por racismo y xenofobia (20,9%) los que más aumentaron. En cuanto a la tipología de los hechos, las amenazas (20,5%) y las lesiones (18,8%) fueron las más frecuentes. Por otra parte, los lugares donde se han producido, con mayor frecuencia, la comisión de este tipo de conductas son la vía pública urbana y otras vías de comunicación. Le siguen los ocurridos en viviendas, establecimientos, instalaciones deportivas, espacios abiertos, y los centros religiosos.

Por comunidades, Cataluña es la registra un mayor número de delitos e incidentes de odio (514), seguida de Madrid (258), Andalucía (201), Comunidad Valenciana (144) y País Vasco (103). Le sigue Castilla y León, con 78.

Perfil víctima

La mayoría de las víctimas que sufren este tipo de delincuencia son personas pertenecientes al sexo masculino (un 64%), y con una edad comprendida entre los 26 a 40 años de edad (30,1%). Los menores de edad constituyen el 6,7% del conjunto de las víctimas de delitos de odio en 2019.

Detenciones

La mayoría de las detenciones/investigados por incidentes de delitos de odio son de nacionalidad española (84,7%). Sin embargo, entre los de nacionalidad extranjera (15,3%) son los procedentes de Marruecos y Rumanía, los que registran un mayor volumen de casos.

El delito de odio "es un ataque a la esencia de la condición humana porque pretende apartar de la sociedad a personas, grupos o comunidades por motivos relacionados con la negativa a asumir un principio nuclear del modelo democrático de convivencia social: que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos". Por esa razón, la víctima última es la sociedad en su conjunto, "porque busca dinamitar nuestro modelo avanzado de convivencia", señaló el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentación del actualizado Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio.

Delitos registrados

• Antisemitismo: 5
• Aporofobia: 12
• Creencias o prácticas religiosas: 66
• Personas con discapacidad: 26
• Orientación sexual e identidad de género: 278
• Racismo/xenofobía: 515
• Ideología: 596
• Discriminación por razón de sexo/género: 69
• Discriminación generacional: 9
• Discriminación por razón de enfermedad: 8
• Antigitanismo: 14
• Protocolo policial

Para mejorar la actuación policial en este ámbito, el nuevo protocolo incluye una exhaustiva relación de conductas que vulneran tanto el ordenamiento penal como la regulación administrativa, así como un completo listado de los 'indicadores de polarización', indicios que permiten orientar la investigación de un delito para detectar posibles motivaciones racistas, xenófobas o de otra naturaleza.

Entre las novedades más destacadas, el documento fija el derecho de las víctimas a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y participación activa en el proceso, por lo que deben ser informadas de la existencia de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, un servicio público y gratuito gestionado por el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas con competencias en la materia, que pueden prestarles asistencia psicológica, acompañamiento en las diligencias judiciales y orientación sobre recursos sociales existentes.

En el caso de víctimas o testigos con discapacidad intelectual, el nuevo protocolo resalta la importancia de utilizar documentación en modo lectura fácil que les facilite el acceso a la misma y recuerda la existencia del facilitador, figura que favorece la primera toma de contacto con los agentes y una comunicación eficaz entre la persona con discapacidad y los operadores policiales y jurídicos.