Salud pública y protección de datos personales. Un debate en el marco de la pandemia Covid-19

María José Mogollón Martínez

Defensora de los Derechos Humanos

Desde la modernidad y el establecimiento de la propiedad privada, han surgido varios debates sobre los derechos que aseguran este bien y el bien común. Considerando la necesidad de realizar una ponderación de los derechos sobre la privacidad ?como la protección de datos personales? con aquellos derechos que protegen al bien común, es importante poner sobre la mesa las situaciones excepcionales en las que se restringen estos derechos, como por ejemplo en casos como pandemias mundiales tal y como es la reciente COVID-19.

En el marco de la pandemia varios países han logrado utilizar la tecnología a su favor para poder analizar y localizar sitios específicos donde se sitúan personas contagiadas por el virus. De esta manera, las diferentes administraciones públicas lograron contener el número de contagios en la población.

Si bien es cierto que aplicaciones de este tipo han sido de gran utilidad en estos meses de confinamiento porque han asegurado una mayor efectividad frente a la COVID-19, y así asegurar el derecho a la salud pública de los ciudadanos, ahora el debate gira en torno a la protección de datos de las personas que han hecho uso de las mismas. Actualmente, en España, sobre todo en Madrid, la aplicación dio grandes resultados; ante esta situación, el artículo 8 apartado 2 de la Ley 3/2018 del 3 de diciembre sobre la protección de datos personales expone que el tratamiento de este tipo de datos podrá ser considerado fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público. Por otro lado, este mismo artículo considera que el uso de datos personales tendrá que ser utilizarse bajo medidas estrictas de seguridad u otras establecidas en leyes supranacionales emitidas por la Unión Europea.

Claramente, en la legislación española se logra que los funcionarios públicos tengan la posibilidad de excluir este derecho bajo parámetros que no permitan la vulneración total de la intimidad de los residentes en España. En este caso en concreto, para el uso de este tipo de aplicaciones en el marco del coronavirus, las aplicaciones que utilizan las administraciones públicas tendrán que proteger los derechos de las personas a través del conocimiento claro de la política de privacidad del mismo y la afectación del derecho en consideración.

Las administraciones públicas podrían usar los datos personales de sus ciudadanos en este tipo de situaciones. Sin embargo, queda bajo duda qué sucedería cuando la curva de contagios descienda y la crisis llegue a apaciguarse. Ante tal duda, varios expertos y la Agencia Española de Protección de Datos han hecho hincapié en que esta información debe ser utilizada con mucho hermetismo, y así evitar que la misma caiga en manos de empresas privadas. En este caso en concreto, los profesionales recomiendan eliminar esta información o que sea tratada bajo seudoanonimizados, es decir, sustituir el dato por un número. En este caso se lograría garantizar la confidencialidad de las personas una vez terminada la emergencia.

Ciertamente, la importancia de la protección de datos personales se ha convertido en un derecho de gran importancia, y por ello surgen debates en casos excepcionales como los de la reciente pandemia mundial. En todo caso, el uso de la tecnología ha logrado proteger a los ciudadanos de posibles amenazas contra su vida, como es la COVID-19. Sin embargo, el uso de este tipo de datos para proteger al bien común logra poner en duda el establecimiento de la protección de este derecho y cómo garantizarlo en un contexto tan delicado como el del coronavirus. Quedará la expectativa de cómo las diferentes administraciones públicas manejan el uso de estos datos en una situación post-Covid.