El Registro de Actos de Última Voluntad, dependiente del Ministerio de Justicia, registró durante el primer semestre de este año un descenso del 30% en el número de testamentos inscritos respecto al mismo periodo de los dos años precedentes. A pesar de los meses de confinamiento y las restricciones de movilidad impuestas a la ciudadanía, 241.433 personas inscribieron su testamento durante este periodo en todo el territorio nacional.
En Castilla y León, más de 12.266 ciudadanos inscribieron su testamento en los primeros seis meses del año, poco más del 30% del total de los testamentos inscritos durante los dos años anteriores (36.677 en 2019 y 36.686 en 2018)
Cataluña (41.417), Andalucía (38.852) y Madrid (27.362) fueron las Comunidades autónomas con más inscripciones, mientras que Melilla (155), Ceuta (265), La Rioja (1.825) y Cantabria (3.074) registraron las cifras más bajas.
El pasado 15 de marzo, un día después de decretarse el estado de alarma, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del Ministerio de Justicia, dictó una instrucción que contenía las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación del servicio público notarial durante la pandemia. Así, debido a las restricciones deambulatorias de los ciudadanos, los notarios solo tenían obligación de atender aquellas actuaciones notariales de carácter urgente, por teléfono o a través de un escrito presentado telemáticamente en la página web del Colegio del Notariado. El interesado debía acudir personalmente a la oficina notarial en el día y hora indicado por el notario, cumpliendo con todos aquellos medios de autoprotección que garantizaran la seguridad sanitaria.