¿Por qué dar prioridad a la escuela pública ahora?

Para evitar el argumento sesgado hay que tener presentes algunos datos. Castilla y León tiene el 34 % del alumnado de niveles obligatorios en la enseñanza concertada, una proporción algo superior a la media nacional, que a su vez se coloca a la cabeza de la UE en este sector, solo por detrás de Bélgica. Entre 2010 y 2018, el presupuesto de educación en nuestra región bajó de unos 1.700 millones de euros a 1.645, una disminución del 3,7 % debida a los recortes de la crisis anterior. En cambio, las asignaciones a los centros concertados pasaron de 270 millones a 322 en el mismo periodo; un incremento de casi el 19 %, debido a? digamos ciertas querencias ideológicas de los gobernantes de estos antiguos reinos. Este desequilibrio también se ha dado en el resto de España durante esos años: la inversión en educación ha disminuido, mientras que la de los conciertos educativos ha aumentado significativamente, si bien con diferencias entre distintas CC. autónomas. (En conjunto, se destinan más de 6.000 millones a los niveles concertados, un 17 % del gasto total en educación).

Es justo revertir ya este desequilibrio en el contexto en que estamos. Primero, para frenar el deterioro de un servicio esencial como es la educación y luego también porque la población escolar más desfavorecida acude en mayor proporción a los centros públicos. La crisis pandémica ha ensanchado ?y lo seguirá haciendo a corto/medio plazo? la brecha entre el alumnado que parte de una posición ventajosa y los que están instalados en la precariedad. Adaptar las aulas, los centros y los profesores a las necesidades impuestas por la pandemia (así como a las situaciones crecientes de pobreza y marginalidad entre el alumnado) es algo que se dejará sentir especialmente en los centros públicos. Por ejemplo: es probable que haya que incrementar bastante los servicios de comedor escolar. No decimos que la concertada no tenga que vérselas también con estos problemas, pero siempre será en menor proporción y con más posibilidad de recurrir a las familias. Por eso hablamos de dar prioridad a la pública.

En este punto, se suele olvidar algo básico: es el Estado, y no el sector privado, el garante de que todos los españoles accedan a la educación para corregir la desigualdad social y educativa sistémicas y promover la mayor inclusión y equidad posibles, como se recoge en la Constitución. En cambio, el sector privado solo atiende a un sector de la demanda de las familias, con criterios empresariales, entre otros. Por ello la llamada "libertad de enseñanza" es un principio carente de virtualidad, más allá de la libertad de establecer centros educativos privados con una ideología ?perdón, un ideario? específico, algo que nadie discute. ¿Qué libertad de elección escolar tienen, por ejemplo, las familias de los barrios transtormesinos de Salamanca, desde Buenos Aires hasta San José, o la inmensa mayoría de los núcleos rurales, donde a duras penas se mantienen las escuelas públicas? Un niño o niña de clase media o alta de otras zonas puede optar entre la pública, la concertada o la totalmente privada, no así en las zonas citadas. Una libertad que solo puede ser ejercida por algunos no es tal: es más bien un privilegio.

Es posible que, sin embargo, los portavoces mediáticos del sector carguen ahora contra un gobierno que apodan "comunista-bolivariano" por una política discriminatoria que solo les gusta cuando les favorece a ellos. Convendrá recordar que opiniones y recomendaciones semejantes a las aquí expuestas se han hecho por parte de entidades oficiales como UNESCO o UNICEF, así como por otras no gubernamentales (Intermon-Oxfam, Cáritas Española), las cuales reclaman el impulso de la educación pública como medio para combatir la pobreza y desigualdad rampantes en el mundo y para afrontar y superar las crisis en curso.

(Datos elaborados por el profesor Juan Antonio Angulo. Foto Europa Press)