La posición de España mirando hacia otro lado en las denuncias europeas sobre delitos de tortura

Berta Álvarez

Activista por los Derechos Humanos

La tortura es una lacra extendida a nivel global, está presente en todo tipo de sociedades independientemente de la forma de organización del gobierno. Lo característico de este fenómeno es que sucede en las sombras y, por lo general, a mano de funcionarios públicos. Aquí radica la dificultad de su contabilización, su elevada cifra negra y el temor a las denuncias por las represalias. Independientemente de las causas que precipiten estas actuaciones, no existe justificación alguna que exima de responsabilidad debido a las consecuencias psíquicas y físicas que tiene en la persona, atentando gravemente contra su integridad.

Al tratarse de una grave vulneración de los derechos humanos, la protección de las víctimas está amparada por diversos tratados internacionales y legislaciones nacionales que recogen estos actos como un delito. Sin embargo, este respaldo legal no excusa de que en muchos de los estados las torturas y tratos inhumanos y degradantes sigan existiendo. Es el caso de España. Nuestro país está en el foco de estos organismos internacionales a causa de la emisión de reiteradas llamadas de atención debido a denuncias de comisión de tales actos o por existencia de indicios sobre estos.

Por un lado, el franquismo fue una época oscura de torturas y tratos inhumanos y degradantes. El régimen se sirvió de este fenómeno como medio de control y coacción social, realizando estos actos de forma sistemática y generalizada a quienes fuesen considerados como una amenaza. Las víctimas han intentado que estos crímenes sean investigados y juzgados con todas las garantías de la ley, pero ha sido en vano, puesto que los tribunales archivan las denuncias debido a que los consideran prescritos. Las querellas respaldadas por Argentina y México en defensa de las víctimas del franquismo han mostrado que la realidad es totalmente contraria, puesto que estos delitos no prescriben al ser considerados como crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, los organismos europeos establecen que en nuestro país estas actuaciones no son sistemáticas, pero, aunque su existencia sea excepcional, las investigaciones y esclarecimiento de los hechos no se llevan a cabo con la diligencia pertinente, postura compartida con Amnistía Internacional. Asimismo, sus directrices hacia España se centran en la necesidad de eliminar los periodos de incomunicación de los detenidos, puesto que facilitan la comisión de estos actos; así como en grabar en vídeo los interrogatorios para salvaguardar la credibilidad de las autoridades y disponer de exámenes médicos para esclarecer tales actos. Ante estas recomendaciones recogidas en los informes emitidos por los relatores europeos, nuestro país mostró rechazo y tildó como falsas dichas declaraciones y recomendaciones. Además, otro de los retos para España en prevención y erradicación de la tortura es ajustarse al cumplimiento de los estándares internacionales para la investigación de esta, unido a una correcta tipificación del delito de tortura acorde a las directrices internacionales.

La importancia de investigar toda vulneración de derechos humanos dentro de todo estado reside en el deber de protección de los mismos y por ende en su investigación. La inacción de los gobiernos frente a las denuncias de tortura atenta doblemente contra la dignidad e integridad humana. Los estados deben comprometerse con la necesidad de fortalecer las garantías fundamentales recogidas en los tratados internacionales y si no, rendir cuentas ante los tribunales internacionales y asumir las consecuencias que la vulneración conlleve. Se debe tratar de abordar la sensación de impunidad en cuanto a estas violaciones de los derechos humanos, puesto que produce desconfianza respecto a las autoridades policiales y la seguridad y protección estatal. La ausencia de investigaciones eficaces o la demora de estas deja al descubierto la falta de interés de los gobiernos en perseguir estas prácticas y erradicarlas.

La posición del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura respecto a nuestro país es clara: "hay estados a los que hay que reiterarles las recomendaciones para prevenir la tortura, y ese es el caso de España".