Facebook y Google, los grandes violadores de DDHH

Marta Martín González

Activista por los Derechos Humanos

La libertad de expresión y la intimidad de las personas son derechos personalísimos, es decir, son derechos fundamentales inherentes a la persona recogidos en los artículos 16 y 18 de la Constitución Española, respectivamente. Pero para cumplir con su garantía deben estar preservados por un ente superior, en nuestro caso será el Estado, que debe desarrollar la legislación adecuada para protegerlos en su aplicación.

La sociedad ha conseguido avanzar significativamente en la conexión, de hecho el mundo en el que vivimos es muy diferente al de nuestros antepasados. Tenemos el privilegio de vivir en una sociedad ciberconectada, pero con alto riesgo de ciberacosos. Esta nueva creación no está regulada y no ha evolucionado a la par de una legislación pertinente. En la era de la tecnología cedemos datos en el mismo momento en el que nos conectamos a Internet, por ejemplo permitimos que accedan a nuestra ubicación, aún sin ser conscientes de ello. No necesitamos regulaciones a nivel nacional, sino una protección a nivel internacional, que nos proteja siempre que naveguemos.

La senda de las nuevas tecnologías nos ha proporcionado muchas facilidades como una mayor accesibilidad a la información o poder estar interconectados. Es cierto que estos servicios no requieren de un pago para su consumo pero sí requieren la cesión de datos privados para cierta información. Ello ha ocasionado graves vulneraciones de las que, en el momento, no somos conscientes de que están ocurriendo. Como son la "aceptación de las cookies" que rastrean nuestros gustos para venderlos a empresas de propaganda, o incluso escuchas de nuestras conversaciones. Muchas veces nos encontramos, casualmente, con publicidad relacionada con temas que hemos tratado, sin haberlo buscado en el móvil. Todo esto son vulneraciones a nuestra intimidad y a nuestra persona, ante las que no tenemos herramientas para protegernos. Por ello, desde numerosas organizaciones internacionales solicitan una legislación que se imponga ante las nuevas potencias tecnológicas, para que se garanticen así nuestros derechos humanos. Se ha pedido a los Estados una regulación efectiva de la vigilancia de la actividad en la red.

No se puede aceptar que empresas como Google y Facebook presten un servicio para recopilar información, que posteriormente venderán y manipularán. En ningún momento el afectado ha autorizado que estas grandes empresas operen con sus datos. Esta intromisión ilegítima, a nivel nacional, por ejemplo en el caso español, sería una clara vulneración del derecho a la intimidad, pero ¿por qué no existen denuncias a nivel internacional? Es cierto que se necesita una normativa a nivel mundial, pero ante tal ausencia, deberían ser los Estados los que velen por sus ciudadanos.

El derecho humano a la intimidad se puede restringir cuando queramos. Es decir, en un momento dado podemos querer ceder parcelas de nuestra vida, pero podemos retirar dicha autorización. ¿Sucede esto con las redes sociales? Con Internet, al aceptar las "condiciones de seguridad" estaríamos vendiendo parte de nuestra intimidad sin poder volver a recuperarla, la foto que subimos pasa a ser propiedad de la aplicación. ¿Se puede consentir tal vulneración de nuestros derechos humanos?

Google y Facebook no son como se crearon inicialmente. Parece que ahora tienen como único objetivo menoscabar nuestra privacidad, acabando con el fin de informar. Pues parece que nos conocen mejor que nuestras familias o amigos, sabiendo qué nos puede gustar y qué no, pero no porque nosotros queramos. Y en ocasiones nos "chantajean"; si no cedes los datos, no podrás acceder a nuestras páginas. Al fin y al cabo, estamos en sus manos.

Pero no solo nuestro derecho a la intimidad se vulnera, sino también nuestro derecho a la libertad de expresión. No existe regulación para protegernos en nuestra navegación, pero sí para censurarnos. Con numerosos casos conocidos como los tweets de Cassandra encontrados a través de la operación Araña. En este caso Amnistía Internacional denunció que se estaban vulnerando el derecho a la libertad de información y de expresión. O el caso del profesor de Derecho Constitucional Héctor López Boffill por utilizar, según la Audiencia Provincial, "lenguaje censurable" en el contexto de las elecciones catalanas del 1 de Octubre.

Como dice Jehane Noujaim, "los datos ahora se han convertido en el activo más valiosos del mundo, más que el petróleo". Su análisis, sin autorización, es incompatible con los elementos del derecho a la intimidad, incluso derecho a no sufrir injerencias o controlar información. Pero parece no importarle a Google y Facebook, que utilizan nuestros datos para fines comerciales y políticos. La película Cambrige Analytica refleja cómo Facebook vendió los datos de sus usuarios para la campaña política de Donald Trump en 2016 y para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. El último caso que encontramos está ocurriendo en España: las empresas Telefónica, Orange y Vodafone quieren vender datos de sus usuarios para saber si verdaderamente se cumplen las medidas de confinamiento, establecidas por el Estado español el pasado 14 de marzo de 2020. ¿Hasta cuándo vamos a consentirlo?

Amnistía Internacional ha denunciado todas estas infracciones, pero no siempre tienen la repercusión que debería. Estos grandes gigantes tecnológicos no hacen caso ante estas denuncias y no acatan las medidas de seguridad que deberían. De hecho, en el informe de Surveillance Giants se demuestra que las medidas de vigilancia y protección en Facebook y Google son nefastas, siendo nula la privacidad y la libertad de expresión de los usuarios.