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La Junta espera que el Ingreso Mínimo Vital sea compatible con la Renta Garantizada de Ciudadanía
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pendientes criterios sobre su gestión

La Junta espera que el Ingreso Mínimo Vital sea compatible con la Renta Garantizada de Ciudadanía

Actualizado 29/05/2020
Redacción

Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, aún no conoce el borrador definitivo de la norma que lo aprueba

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, espera que el ingreso mínimo vital aprobado este viernes por el Gobierno central sea compatible con las rentas de las comunidades autónomas como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), mientras que esperará a ver los criterios de colaboración y coordinación para hablar entonces de gestión.

Blanco se ha expresado así en el marco de una rueda de prensa para presentar medidas de conciliación laboral y familiar poco antes de que se dieran a conocer los detalles de la aprobación de esta nueva prestación.

La consejera ha explicado que ha mantenido dos reuniones con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, pero aún no conoce el borrador definitivo de la norma que lo aprueba, aunque espera que sea compatible con la RGC.

Blanco ha recordado que siempre han pedido "lo mismo", que es que el ingreso sea igual para todo el Estado y compatible con las rentas de las diferentes comunidades autónomas y ha recordado que en el caso de Castilla y León, la ley que regula la RGC dice es que es subsidiaria de todas las demás, por lo que primero se percibiría el ingreso mínimo vital y después la Renta, aunque ha aclarado que las cantidades son "muy similares".

En cuanto a la gestión, ha explicado que tendrán que ver el borrador, cómo se establecen criterios de colaboración o coordinación y entiende que si es prestación de la Seguridad Social "hay que ver cómo la gestiona".

Precisamente a este respecto, José Luis Escrivá ha explicado que, desde el punto de vista de la gestión del ingreso mínimo vital, han identificado desde el principio "una singularidad" en el País Vasco y Navarra, pero hablará con todas las comunidades autónomas sobre la gestión de este ingreso.

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