La mayor preocupación del sindicato es que las prisiones se conviertan en reservorios del COVID-19 y que pueda repetirse la dramática situación de las residencias de ancianos
Seis trabajadores de la prisión han dado positivo, y cuarenta están o han estado en cuarentena domiciliaria. Por el momento no hay ningún interno que haya manifestado síntomas compatibles con el coronavirus aunque podría haber asintomáticos portadores del virus y no se ha confirmado.
Hasta ahora los trabajadores penitenciarios que finalizan la cuarentena se tienen que reincorporar al servicio sin que se les haya hecho una prueba que confirme el resultado negativo. A pesar de que somos un servicio público esencial y de que las prisiones han sido consideradas sectores prioritarios para utilizar test rápidos por el Ministerio de Sanidad, la realidad es que no llegan.
Además, el acceso a las pruebas mediante la técnica PCR está restringido al personal que exclusivamente presente síntomas de infección respiratoria aguda o neumonía bilateral intersticial y tenga contacto directo con la población reclusa.
"Desde el sindicato le pedimos a la Consejería de Sanidad que nos envíe test rápidos para la prisión de Topas. El principal vector de contagio y transmisión del virus al interior de las prisiones es su personal, por eso tenemos que seguir incrementando las medidas preventivas y de protección frente al Covid-19. Necesitamos test rápidos para detectar precozmente el virus e investigar posibles brotes epidémicos", explican.
La mayor preocupación del sindicato es que las prisiones se conviertan en reservorios del COVID-19 y que pueda repetirse la dramática situación de las residencias de ancianos. Las prisiones son espacios vulnerables que cuentan con unas plantillas envejecidas y con patologías base y porque la población reclusa es de riesgo por padecer inmunodepresión adquirida y enfermedades graves como el VIH, la hepatitis, cáncer etc.
El personal penitenciario de las prisiones de Castilla y León es uno de los más castigados por la pandemia del coronavirus, con dieciocho trabajadores contagiados en la prisión de Ávila, quince en Segovia o diez en la prisión de Soria. Sin olvidar que el 21 de abril fallecía a causa del Covid-19 un funcionario de prisiones con 59 años, que trabajaba en ésta última.
Otra de las demandas urgentes es que se proteja al personal penitenciario especialmente sensible a la exposición al coronavirus. La plantilla de la prisión de Topas es una de las más envejecidas. La media de edad está en los 56 años y hay trabajadores con patologías base consideradas por el Ministerio de Sanidad como de riesgo, que continúan trabajando expuestos a este virus que es letal entre los vulnerables, a pesar de las recomendaciones del Gobierno y Autoridades Sanitarias de quedarse en casa preferentemente hasta que se controle la pandemia.
Mientras que en el resto de la Administración General del Estado los empleados públicos especialmente vulnerables están aislados en su domicilio, Instituciones Penitenciarias les tiene trabajando y sin una protección específica. Por último, desde el sindicato queieren poner en valor la labor del personal penitenciario que además de gestionar la emergencia sanitaria, tiene que garantizar la seguridad y reinserción de las personas privadas de libertad, en un contexto de restricciones en derechos sin precedentes en la historia de las prisiones.