El derecho a la salud peligra en la pandemia de coronavirus. ¿Una crisis de salud pública puede...

Pilar Hierro

Defensora de los Derechos Humanos

Hoy martes, 7 de abril, se cumplen 72 años de la promulgación del Día Mundial de la Salud. Una celebración que, quizás hoy, llama la atención porque con la que tenemos encima parece que la salud fuera una utopía. La salud, estado completo de bienestar físico, mental y social, es una tarea pendiente que tiene como responsable primero a cada individuo, y como responsables colaterales a todas las instituciones y a la cabeza el Estado que debe garantizar este derecho humano a todos los ciudadanos.

Con la pandemia de la COVID-19 nos hemos dado cuenta de que en realidad somos muy vulnerables, y que este o cualquier otro virus pone en grave riesgo nuestra vida. Hoy quiero pensar que todo irá bien. Tarde o temprano ganaremos esta batalla y las personas volveremos a salir a las calles, a reencontrarnos, a abrazarnos, a charlar con los amigos, a viajar libremente... Pero solo lo habremos logrado de verdad si los derechos humanos se ponen en el centro de todas nuestras acciones, si el derecho a la salud y a la atención médica es un derecho para toda la población sin discriminación. Hace unos días el CERMI denunciaba la discriminación que viven algunos colectivos asegurando que "no se puede discriminar a nadie por razón de edad o de discapacidad en determinados tratamientos, ya que todas las vidas merecen el mismo respeto y tienen el mismo valor".

Con la crisis del coronavirus la ciudadanía ha podido comprobar cómo la falta de recursos adecuados en nuestro sistema público de salud impide garantizar el derecho a la salud pública de toda la colectividad, y nos ha llevado a tener que lamentar la pérdida de miles de vidas, demasiadas; a sufrir la falta equipos de protección para los profesionales del sector sanitario, lo que ha ocasionado que España alcance cifras record de sanitarios infectados, más de 11.000.

La ciudadanía es consciente de la gravedad de la situación sanitaria en el país y de la necesidad de las medidas adoptadas, tanto por el Gobierno central como por los distintos gobiernos autonómicos, para proteger la salud pública. Sabe que son tiempos complicados, extraordinarios y difíciles, pero también sabe que la salud es un derecho humano, un derecho humano que sigue siendo aplicable y exigible y que todos los ciudadanos tenemos derecho a cuidados médicos si nos infectamos con el coronavirus. La crisis del coronavirus debe reafirmar, y no abandonar, los derechos de todas las personas. El bienestar de las personas tiene que estar por encima de todo. Esto significa que los gobiernos deben priorizar la ciencia, cuidar a las personas más vulnerables, dar información de la forma más rápida y transparente posible y construir confianza y responsabilidad.

Recordemos que la mayoría de los Estados han ratificado al menos un tratado de derechos humanos que obliga a garantizar el derecho a la salud. Esto significa, entre otras cosas, que tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades. En el contexto de la propagación de la pandemia, esto significa garantizar asistencia así como bienes y servicios a disposición de todas las personas, sin excepción.

Es el Estado, en coordinación con las comunidades autónomas, quien debe garantizar el derecho a una salud pública básica, universal y de calidad, para hacer posible el desenvolvimiento normal de la vida social. La salud pública no es un asunto individual que dependa solo de las personas, sino que es un bien público de interés social que no puede ser deteriorado o degradado con recortes en recursos y personal sanitario porque sin salud pública estamos abocados al colapso de la vida de las sociedades.

Los estándares internacionales sobre el derecho a la salud indican que los bienes, las instalaciones y los servicios de atención médica, incluido el acceso a la atención y las vacunas y curas desarrolladas para COVID-19 en el futuro, deben estar disponibles en cantidad suficiente para todas las personas, especialmente para los sectores más vulnerables o marginados de la población, que deben tener acceso a ellos sin discriminación.

Son razones de interés general las que justifican que se reconozca la asistencia sanitaria integral, a través de los servicios públicos de salud, al margen del mercado, como hacen la Constitución Española (art. 43, CE) y la Ley General de Sanidad (14/1986). Se entiende que la lógica del mercado, según la cual solo quien puede pagar tiene acceso a un servicio, no se debe aplicar a la salud; no sólo por ser un derecho fundamental sino, en última instancia, porque la salud pública es de crucial importancia para la vida de la sociedad en su conjunto; y a pesar de la pandemia del coronavirus, los servicios esenciales de salud necesitan continuar, los bebés nacen, las vacunas deben administrarse, las personas aún necesitan un tratamiento que les salve la vida para una variedad de otras enfermedades. Está demostrado que cuando los sistemas de salud se ven abrumados, las muertes debidas a afecciones prevenibles y tratables aumentan dramáticamente.

Por otra parte, la respuesta a la crisis no termina ahí sino que requiere que los Estados tomen medidas adicionales de protección social, apoyando a los sectores de la población que serán afectados desproporcionalmente en esta emergencia. Esos sectores incluyen a las mujeres, que de por sí se encuentran en desventaja en términos socioeconómicos, además de que llevan una mayor carga de responsabilidades en las familias y viven en alto riesgo de sufrir violencia de género.

Por último, sabemos que de toda crisis siempre surge algo nuevo, quiero pensar que posiblemente, entre los efectos beneficiosos de esta terrible pandemia, destaque que quizás contemos con el consenso respecto a los bienes y servicios públicos que se pueden y deben garantizar, singularmente en salud y educación.

En este momento, todos nos hemos unido con un objetivo común: terminar con el coronavirus. Mañana cada vez que reforcemos la sanidad pública con recursos humanos y materiales; cada vez prestemos atención sanitaria a todas las personas sin discriminación; cada vez que protejamos a las personas más vulnerables; cada vez que la ciudadanía se responsabilice y solidarice con cada acción, estaremos combatiendo esta pandemia con derechos humanos. En definitiva, si el gobierno y la ciudadanía actúan correctamente, #TodoIráBien.