Preocupación en CCOO por la capacidad del SEPE para gestionar las más de 10.000 solicitudes de...

CCOO Salamana asegura que más de 10.000 solicitudes de prestación han llegado a las oficinas del Servicio Público Estatal de Empleo. "Deben comenzar a tramitarse de forma urgente", explican y es un problema "la escasez de recursos humanos con los que cuenta este organismo público".

El secretario provincial del sindicato, Emilio Pérez, explica que "la situación es preocupante, no solo por el trabajo que les queda por delante y que deben agilizar de forma inmediata para que todas las personas, que están siendo víctimas de los despidos de los ERTES de fuerza mayor, puedan comenzar a percibir en plazo las prestaciones por desempleo que les corresponden, si no que además, esperamos que todas las empresas, especialmente las gestorías y despachos de abogados, que se están encargando de estos trámites, realicen de forma diligente y correcta el procedimiento especial que se ha establecido para esta situación".

La plantilla del SEPE se va reforzar "al menos con 6 personas más, pero éstas se incorporarán en la condición de interinas, sin ningún tipo de experiencia en estas tramitaciones y consideramos un problema, el que los actuales empleados públicos, tengan que hacer de formadores de estas nuevas contrataciones a la vez que llevar a cabo los trabajos de tramitación que tienen por delante".

Comunicado de CCOO Salamanca

Desde CCOO de Salamanca, poniendo en primer lugar en valor la excepcional dedicación y profesionalidad que está demostrando el personal sanitario de nuestra provincia, así como el personal de limpieza del Complejo Hospitalario de Salamanca, sin duda, quienes más están sufriendo de forma alarmante las consecuencias de esta crisis sanitaria, igualmente queremos manifestar nuestra preocupación por la situación que se está sufriendo entre el personal del SEPE de Salamanca, ante la multitud de prestaciones que deben comenzar a tramitarse de forma urgente y la escasez de recursos humanos con los que cuenta este organismo público.

La situación es preocupante, no solo por el trabajo que les queda por delante y que deben agilizar de forma inmediata para que todas las personas, que están siendo víctimas de los despidos de los ERTES de fuerza mayor, puedan comenzar a percibir en plazo las prestaciones por desempleo que les corresponden, si no que además, esperamos que todas las empresas, especialmente las gestorías y despachos de abogados, que se están encargando de estos trámites, realicen de forma diligente y correcta el procedimiento especial que se ha establecido para esta situación.

Sabemos que se va a implementar la plantilla del SEPE, al menos con 6 personas más, pero éstas se incorporarán en la condición de interinas, sin ningún tipo de experiencia en estas tramitaciones y consideramos un problema, el que los actuales empleados públicos, tengan que hacer de formadores de estas nuevas contrataciones a la vez que llevar a cabo los trabajos de tramitación que tienen por delante.

Sin duda, esta situación excepcional de crisis sanitaria está poniendo a prueba también a nuestras instituciones públicas y su capacidad de respuesta ante esta situación inesperada y para la que debemos dar una respuesta inmediata y eficaz, pero de la misma forma solicitamos a los responsables políticos, en este caso de la Administración de Estado, que pongan los medios necesarios para resolver esta situación y las consecuencias que pueden derivarse posteriormente, sí las personas desempleadas no comienzan a cobrar sus prestaciones por desempleo en el tiempo que establece la legislación.

Finalmente, y de igual manera, debemos poner en valor el trabajo que nos consta se está llevando a cabo por las empleadas y empleados públicos de la Inspección de Trabajo en Salamanca y de la Oficina Territorial de Trabajo de la Junta de Castilla y León.

Desde CCOO, en un momento tan crítico, queremos manifestar todo nuestro apoyo y colaboración con las administraciones y ante todo con las personas trabajadoras en ellas, el esfuerzo que deben realizar será el examen por el que la ciudadanía podrá poner en valor la capacidad, eficacia y eficiencia de nuestros servicios públicos. En algunos casos, a pesar de los responsables políticos.