Año Nuevo Chino 2020. ¿Qué pueden celebrar los defensores de los derechos humanos detenidos?

Juan L. Hernández

Activista por los derechos humanos

Con el comienzo de año, y más concretamente con este próximo 25 de enero, se celebra el Año Nuevo Chino que en esta ocasión conmemora el Año de la Rata. Esta celebración es la más importante en el calendario chino donde, al igual que en Occidente, la decoración específica de esta fecha, la cena familiar, los petardos, fuegos artificiales y el intercambio de regalos son las principales actividades que se realizan en esa fecha. Sin embargo, muchas, quizás demasiadas familias no tendrán el ánimo para cualquier tipo de celebración y me refiero a aquellas familias que tienen alguno de sus miembros defensores de los derechos humanos encarcelados como son los casos de los abogados Gao Zhiseng, uno de los más respetados abogados de los derechos humanos, que fue apresado y se encuentra en paradero desconocido desde hace más de dos años; Wang Quanzhang, que ha permanecido incomunicado durante casi cuatro años y posteriormente condenado a cuatro años de cárcel; Jiang Tianyong, con un largo recorrido de detenciones y torturas por su trabajo defendiendo a defensores de los derechos humanos; y los estudiantes uigures Yiliyasigiang Reheman, desaparecido y posiblemente confinado en un campo de internamiento para uigures y Tashimaimaiti, también de etnia uigur, desaparecida desde 2017 al regresar a China para visitar a sus padres desde Malaysia donde se encontraba estudiando. Estos cinco ciudadanos chinos son los que Amnistía Internacional llevará en su campaña anual del Año Nuevo Chino. Campaña que con éste serán ya 10 años los que se lleva realizando y en la que se informa y denuncia la violación de los derechos humanos en China.

El Informe Anual de Amnistía Internacional de este año, documento donde se detalla la situación de los derechos humanos en la mayor parte de los países del mundo, analiza 159 países, y presenta al Estado chino como un estado donde los derechos humanos son conculcados. Algunas leyes que con el pretexto de "seguridad nacional", condenan a la reclusión en centros de detención a defensores de los derechos humanos que en algunos casos sufren tortura y malos tratos. También se constata el aumento de la represión de las actividades religiosas de cultos que no son reconocidos por el Estado. Especialmente dura ha sido la represión tanto en la Región Autónoma Uigur del Sinkiang y también en zonas de población tibetana, represión que ya es sistémica porque año tras año estas comunidades sufren distintos tipos de represión y falta de libertad. Se constata también que la libertad de expresión también está gravemente comprometida porque de nuevo, miles de páginas web y redes sociales están bloqueadas.

La aplicación de la pena de muerte es otro de los aspectos constantemente criticado en los Informes Anuales de Amnistía Internacional. El número de ejecuciones que cada año se llevan a cabo en China son una incógnita, aunque se sospecha que es uno de los países donde más personas son ejecutadas. Por más que la comunidad internacional y distintos órganos de la ONU solicitan información al respecto, al ser considerado éste un secreto de estado, no hay transparencia ni información sobre la aplicación de la misma. El presidente del Tribunal Supremo Popular en unas declaraciones afirmó que, en los últimos 10 años, la pena capital "se había controlado estrictamente y empleado con prudencia" y que solo se aplicaba "a un número muy reducido de personas responsables de delitos de extrema gravedad", pero lo cierto es que pese a los compromisos de mayor transparencia del sistema de justicia penal adquiridos por las autoridades chinas, el gobierno continua ocultando la verdadera magnitud del uso de la pena de muerte.

La situación extremadamente delicada que se está viviendo en Hong Kong desde junio pasado con graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden (son ya dos las personas fallecidas y unos 1.500 las atendidas en hospitales a consecuencia de los disturbios) y que además se han visto estimulados por la gran victoria de la oposición en las elecciones municipales de noviembre. A consecuencia de estas multitudinarias manifestaciones de protesta (las últimas se llevaron a cabo en Nochebuena y Navidad) donde son cinco las reclamaciones básicas: la retirada de la Ley de Extradición, la única concesión que han podido conseguir hasta ahora; la investigación independiente sobre las actuaciones policiales en las manifestaciones; la retirada del término "vandalismo" con el que se suelen referir a las manifestaciones, la amnistía para los detenidos (que son más de 6.000) y la implementación del sufragio universal, que ya está recogido en la Ley Básica con la que se rige actualmente el territorio.

La actuación violenta, en ocasiones, por parte de algunos manifestantes y la consiguiente represión de las movilizaciones por las fuerzas del orden, en algunos casos muy violentas, nos llevan a temer como desde distintos medios se ha apuntado, que el ejército chino pueda intervenir. Esta posible actuación del ejército chino nos retrotrae a los trágicos sucesos que acontecieron en la Plaza de Tiananmen en 1989 (en junio pasado se cumplieron 30 años) donde se estima en más de 10.000 los muertos víctimas de la represión ejercida por el ejército. En cualquier caso y a pesar de todo lo expuesto, deseamos que el pueblo chino pueda celebrar su Año Nuevo con la alegría que les caracteriza y con la esperanza de que los derechos humanos de todos sus ciudadanos sean al fin respetados por las autoridades chinas.