De secretos intereses

Para resolver los enfrentamientos entre intereses o derechos tanto individuales como colectivos, las sociedades nos hemos dotado de leyes, reglamentos, jueces y tribunales, a los que dotamos de autoridad para llegar a alcanzar soluciones justas.

Pero como muy acertadamente afirmaba Montesquieu, filósofo y ensayista francés del siglo XVIII y uno de los artífices de lo que hoy conocemos como teoría de la separación de poderes[1]: Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Aunque lo cierto es que en estos tiempos parece que tiene más éxito la fórmula: una cosa es justa porque es ley, y punto.

El pasado miércoles pudimos leer el siguiente titular: "Las farmacéuticas rechazan publicar precios de medicamentos: Sólo hará que suban[2]. El jueves el titular era: Las cláusulas secretas de las terapias más caras contra el cáncer[3]. En estos dos artículos (hay muchos más si les interesa), el tema en cuestión es la financiación por parte de la Sanidad Pública de unas novedosas y costosas terapias contra ciertos tipos de cáncer conocidas como Chimeric Antigen Receptor T-Cel (CAR-T)[4]. Pero el problema aquí no es de tipo científico, no se asusten no es mi campo, ni económico, tampoco lo es, se trata de un problema de derecho a la información. Les resumo, porque la cosa viene de lejos.

Un grupo de organizaciones sociales, la plataforma No es Sano, solicitó a nuestro Gobierno, concretamente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, información sobre el precio que se está pagando a la farmacéutica Novartis por el tipo de terapia citada(CAR-T), incluida en el Sistema Público de Salud, así como de los criterios que se consideraron para fijalo. La respuesta se limitó a señalar que el precio establecido por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos fue de 320.000 euros por tratamiento, pero poco añadía sobre cuáles fueron los criterios que se utilizaron para fijarlo en dicha cuantía.

No satisfechas con la respuesta, las organizaciones presentaron una reclamación al Consejo de Transparencia y Buena Gestión, para que se les diera acceso a las actas en se reflejan los acuerdos, ya que se trata de documentos que debieran ser públicos. Dicho Consejo dio la razón a las organizaciones y solicitó al Ministerio aludido que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información, en relación con el fármaco Kymriah: La motivación y los criterios objetivos concretos bajo los cuales se aprueba esta terapia, así como las condiciones económicas del acuerdo y las principales consideraciones y reflexiones producidas[5].

Informado de esta resolución, la farmacéutica Novartis decide recurrir a los tribunales de justicia porque no quiere hacer públicos sus costes reales de investigación, desarrollo y producción de la terapia. Un artículo publicado hace un año en la revista Health Affairs, de gran prestigio a nivel internacional, señalaba que el coste de producción del tramiento no superaba con 36.000 euros y si se añadían todos los costes de investigación, desarrollo y márgenes de beneficios del sector, el precio del Kymriah rondaría los 144.000 euros. Por otro lado hay noticias de que en España, el Clínic de Barcelona, hospital puntero en estas terapias ha logrado desarrollar con un coste inferior a los 60.000 euros, aunque está en fase de ensayo[6]

Para defender el derecho al secretismo de las farmaceúticas en sus acuerdos con los Gobiernos, Martín Sellés, Presidente de Farmaindustria argumenta que: "No tiene sentido hacer públicos los precios de los medicamentos, ya que puede afectar a las prácticas de otros compradores, sobre todo fuera de España, y sería negativo para los compradores públicos". Y añade que los secretos comerciales, así como la capacidad de negociación que le proporciona que los precios negociados con Sanidad sigan siendo secretos, son una garantía de las libertades de las empresas farmacéuticas[7]. Imagino que se refiere a libertad para fijar los precios que se les antoje. ¿Libertad de las farmacéuticas por encima de derechos de los ciudadanos?.

En definitiva la cuestión es si los precios que se pagan por una terapia que se incorpora a un Sistema Público de Salud y por tanto obedece a un interés social, como cualquier otro medicamento o tratamiento, que además se paga con fondos públicos, pueden ser secretos y estar protegidos por la Ley de Secretos Empresariales. Es decir, si se puede negar el derecho a la información precisamente a aquellos que deben soportar los costes a través de sus impuestos. Atentos, porque las cosas se están moviendo.

En un par de días vamos de nuevo a botar a nuestro representantes, perdón a votar, es el subcomciente que a veces juega malas pasadas. Yo, si me lo permiten, quiero recordarles las palabras pronunciadas hace ya más de 2000 años por el fabulista griego Esopo: Nosotros ahorcamos a los pequeños ladrones y a los grandes les apuntamos a las oficinas públicas. ¡Qué poco han cambiado las cosas!