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Las administraciones han aplicado el 42% de las recomendaciones del Consejo de Cuentas en 2018
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un 4% menos que en 2017

Las administraciones han aplicado el 42% de las recomendaciones del Consejo de Cuentas en 2018

Actualizado 22/07/2019
Europa Press

El cumplimiento de las recomendaciones en los últimos años es muy heterogéneo dependiendo de los entes fiscalizados

Las administraciones han aplicado el 42 por ciento de las recomendaciones del Consejo de Cuentas en 2018, un cuatro por ciento menos que en 2017, así, de los 172 informes analizados en 72 se han aplicado de forma íntegra o parcial las recomendaciones de esta institución propia.

Según han informado a Europa Press fuentes de la institución propia el 19 por ciento de recomendaciones han sido tomadas en consideración por el organismo fiscalizado, con lo que, si finalmente se aceptaran, el porcentaje se elevaría al 61 por ciento del total.

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha hecho entrega este lunes en las Cortes regionales del informe sobre Seguimiento de las recomendaciones en el ejercicio 2018, una vez aprobado por el Pleno de la Institución.

En concreto, el Consejo de Cuentas ha valorado el cumplimiento de las recomendaciones por los distintos entes fiscalizados y, de acuerdo con sus contestaciones, considera que han sido aplicadas de forma íntegra o parcial un total de 72 de las 172 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 42 por ciento.

De este modo, se ha producido un leve descenso de cuatro puntos porcentuales respecto del 46 por ciento (55 de 119) obtenido en el informe de seguimiento de las recomendaciones del ejercicio 2017.

Respecto de la evolución del cumplimiento de las recomendaciones en los últimos años, es muy heterogénea dependiendo de los entes fiscalizados que se incorporen al análisis.

Así, en 2018 se han cumplido total o parcialmente un 42 por ciento de las recomendaciones, en 2017 un 46 por ciento, en 2016 un 42 por ciento, en 2015 un 34 por ciento, en 2014 un 50 por ciento y en 2013 un 38 por ciento.

En términos absolutos, en el acumulado de los seis años en los que se lleva realizando este informe, han sido aplicadas, total o parcialmente un total de 436 recomendaciones de las 1.022 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 43 por ciento para todo el periodo 2013-2018.

En relación con el porcentaje de seguimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas; las diputaciones 71 por ciento (15 de 21), los municipios 49 por ciento (25 de 52); las universidades 35 por ciento (11 de 32) y la Junta de Castilla y León 31 por ciento (21 de 67).

Atendiendo a la naturaleza, legal o especial del informe, el porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones varía sustancialmente.

En los informes legales han sido aplicadas total o parcialmente el 19 por ciento (8 de 42) de las recomendaciones analizadas, mientras que en los informes especiales el porcentaje alcanza el 50 por ciento (46 de 92).

El grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Junta de Castilla y León, única administración que es fiscalizada todos los años, se mantiene similar al año anterior.

La evolución experimentada es la siguiente: un 13 por ciento de cumplimiento total o parcial en 2013, un 20 por ciento en 2014, un 22 por ciento en 2015, un 22 por ciento en 2016, en 2017 un 32 por ciento, y un 31 por ciento en 2018 que es un punto menos que el año anterior pero se mantiene una mejora clara respecto a los ejercicios anteriores.

Junto al 42 por ciento de cumplimiento íntegro o parcial de las recomendaciones, el Consejo de Cuentas considera destacable el 19 por ciento de recomendaciones que el ente fiscalizado ha tomado en consideración por estar de acuerdo con su contenido, lo que elevaría el grado de aceptación al 61 por ciento del total.

El Consejo de Cuentas valora positivamente las mejoras introducidas mediante la aplicación de las recomendaciones registrada, si bien insta a la puesta en práctica de las recomendaciones no atendidas con el objetivo general de avanzar en la calidad de la gestión pública.

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