El Gobierno reconoce que hay 82 plazas de funcionarios sin cubrir en la cárcel de Topas

El total de plazas vacantes de concurso de funcionarios en toda la Institución, tanto en centros penitenciarios como en los servicios centrales, asciende a 2.248, y de éstas, 365 corresponden a prisiones de Castilla y León, lo que en términos porcentuales se traduce en el 16,2% del total. Atendiendo a los distintos centros penitenciarios, Topas (Salamanca) es el que tiene mayor déficit de plazas sin cubrir, un total de 82, según los datos facilitados por el Gobierno en respuesta a la pregunta presentada en el Senado, con fecha de noviembre de 2018 por el senador Antonio Sanz Cabello, sobre el número de vacantes de plazas de funcionarios de Instituciones Penitenciarias que hay en cada uno de los centros penitenciarios, así como la cobertura de plazas previstas para el próximo año.

A estas hay que sumar 113 plazas vacantes correspondientes a la entidad estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, y de éstas, 15 corresponden a los centros penitenciarios de Castilla y León (1 en Topas, Salamanca).

El incremento de las plantillas para ajustarlas a las necesidades reales es una de las principales demandas, tanto de los propios funcionarios de prisiones como de los sindicatos. Se da además la circunstancia de que Castilla y León es la comunidad con las plantillas de funcionarios más veteranas, con una media de edad de 55 años, y que en muchas ocasiones se tienen que enfrentar a internos en una situación de clara desigualdad por edad y condiciones físicas. Además, según datos recopilados por CSIF, en los últimos cinco años se han perdido 1.773 efectivos por jubilaciones.

Agresiones a funcionarios

Los trabajadores de Instituciones Penitenciarias sufrieron 3.209 agresiones entre 2010 y 2018, de las cuales 89 fueron graves o muy graves y 1.511 tuvieron como resultado una lesión, según datos del registro facilitados a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Solo durante 2018 se produjeron 223 incidentes, 7 de ellos graves. No obstante, esta cifra fue inferior a la registrada los dos años anteriores, con 305 agresiones a funcionarios de prisiones, 5 de ellas graves, durante 2017; y 359 agresiones en 2016, 12 de ellas graves. El peor dato se registró en el año 2010, con 475 agresiones a funcionarios, 17 de ellas graves.

Desde sindicatos como CSIF se vienen pidiendo desde hace tiempo medidas, como la rigurosa aplicación del Protocolo de Agresiones en Prisiones, incremento de las plantillas, regular la figura del agente de la autoridad, formación adecuada a los trabajadores que se enfrentan a internos peligrosos o situaciones de potencial riesgo, endurecimiento de las sanciones a los presos que agredan a un funcionario, mejora de los medios coercitivos (guantes, ya que un número importante de las lesiones que sufren los trabajadores de prisiones se producen en manos y dedos; chalecos, protectores, e incluso un medio defensivo eléctrico).