A vueltas con los debates

Sin duda, los debates electorales han marcado la actualidad política de la semana, tanto por el que se celebró en Televisión Española entre las principales fuerzas con representación en el Parlamento, como por las decisiones de la Junta Electoral Central y autonómica respecto a otros debates a celebrar en próximas fechas.

Quizá el caso menos conocido haya sido el relativo a la Instrucción publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, que regula los debates públicos que se organicen de cara a las elecciones autonómicas de mayo. Según este dictamen, quedarán excluidos de dichos debates los representantes de Unión del Pueblo Leonés (UPL) e Izquierda Unida (IU), pese a tener ambas formaciones representación parlamentaria en las Cortes.

Y es que la fórmula decretada para ello ha sido la de dictaminar que sólo puedan debatir los partidos que posean un grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas, es decir, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, con lo que no habrá lugar para la participación de otros partidos con procuradores en Cortes (UPL e IU) ni tampoco para los que no tienen representación en el hemiciclo autonómico.

No obstante, esta Instrucción resuelta por la Junta Electoral de Castilla y León, es una consecuencia directa de la Ley autonómica 3/2016 aprobada hace menos de tres años por la Junta de Castilla y León. Mediante esta normativa, el gobierno autonómico reformaba la Ley electoral en la comunidad autónoma en lo relativo a los debates públicos de cara a los comicios autonómicos, pudiendo considerarse a UPL como la parte más perjudicada de dicha reforma, al tener como consecuencia directa la marginación del leonesismo político del debate en las elecciones autonómicas de mayo.

Por otro lado, llama la atención que dicha reforma de la Ley, que pretende reducir a la mínima expresión el debate público de cara a las autonómicas, se hiciese dentro de una Ley que asimismo se jacta literalmente de "respetar el pluralismo político y social, así como la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad", lo cual parece una contradicción si lo ponemos en consonancia con el precepto anteriormente descrito que también recoge la misma.

Finalmente, en lo que a debates concierne pero ya a nivel nacional y de cara a las elecciones generales, ha sido especialmente sonado el caso del debate televisado que organizará el próximo día 23 el grupo Atresmedia (Antena 3 y la Sexta), que pretendía ser un debate a cinco bandas, con los candidatos de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox.

Y ha sido precisamente la inclusión inicial de este último el que motivó la queja del PNV y PDECat, que señalaron a la Junta Electoral Central que no había lugar según la normativa vigente para que estuviese presente en dicho debate un partido extraparlamentario, a la par que se marginaba a otros con representación en el Congreso como PNV o el PDECat, hecho que fue estimado por la Junta Electoral, del mismo modo que hace cuatro años estimó el recurso interpuesto respecto a la marginación de IU y UPyD de un debate similar en el que se incluía a los entonces extraparlamentarios Podemos y Ciudadanos.

De este modo, podemos concluir que, en lo que a debates electorales se refiere, se hace bueno el refrán de "quien hace la Ley, hace la trampa", y sin duda, hay ciertas normativas cuyo único fin parece estar encaminado más bien a reforzar las posiciones de quienes ya manejan las instituciones, dificultando que puedan crecer o acceder a las mismas otros actores políticos.