Los problemas de contaminación y escasez de agua en muchos lugares del mundo dieron lugar a que, desde 2010, la ONU haya reconocido el acceso al agua como un derecho humano. No obstante, bajo la influencia de las teorías neoliberales, durante décadas an
Jesús Piñuela
Activista por los Derechos Humanos
La sociedad civil europea, consciente del problema del agua desde la década de los sesenta, se movilizó durante el año 2013, a través de la denominada ―Iniciativa Ciudadana Europea‖, en la que se instaba al Parlamento Europeo a respaldar la gestión pública del agua al considerarlo un bien que debe estar fuera de cualquier tipo de mercantilización y, por tanto, fuera de cualquier modelo de liberalización.
Dicha Iniciativa, que logró casi un millón novecientas mil firmas, consiguió una Resolución trascendental del Parlamento Europeo en la que se reconoció que el acceso universal al agua en la Unión Europea está aún lejos de lograrse cuando un millón de personas sigue sin tener acceso a agua limpia y potable y el 2% de la población carece de acceso a instalaciones de saneamiento.
La resolución citada es muy clara, tanto en lo que afirma como en la expresión de las causas de los problemas advertidos en Europa en relación al agua. Este elemento es un bien público que debe quedar al margen de cualquier operación de privatización de las empresas que lo gestionan, más aún, dentro del contexto de ajuste económico o austeridad.
Como consecuencia del incremento de la pobreza que tales políticas han llevado aparejada, cada vez son más los hogares con dificultades para pagar la factura del agua, con lo que su asequibilidad se está convirtiendo en un problema, también, en Europa. Se rechazan, por ir en contra del Derecho Humano reconocido por la ONU, los cortes en el suministro de agua, estimando oportuno el establecimiento de unas cuotas mínimas para garantizar el ejercicio de los demás derechos fundamentales a los grupos sociales más vulnerables
Como consecuencia de esta declaración, importantes ciudades europeas están recuperando la gestión pública y municipal del agua. Así, Turín el pasado otoño aprobaba una resolución por mayoría absoluta para remunicipalizar el sistema de aguas de la ciudad, privatizado en 1997. En otras grandes ciudades europeas han seguido esta tendencia. París, tras un cuarto de siglo de gestión privada, recuperaba en 2010 su "soberanía hídrica". El ayuntamiento de la metrópolis gala decidió no renovar los contratos que tenía con las empresas Veolia y Suez, una situación similar a la de Valladolid en España. Se podría citar también Londres e, incluso, recientemente Berlín, donde la privatización duró quince años, hasta 2014.
Si bien el agua es un elemento fundamental en numerosos procesos productivos, tanto en la industria como en la agricultura, es también fuente de energía para las actividades humanas, pero sobre todo es el recurso esencial para la vida humana y del planeta. Estas razones, junto con la existencia de un cambio climático que ya casi nadie niega, hacen imprescindible la adopción de soluciones a corto y medio plazo que partan de una visión integrada de la gestión pública del agua.
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