Gestión privatizada de servicios públicos, el transporte colectivo. ¿Para qué sirve el...

La pasada semana ocurrió lo esperado por más que quisieran dilatarlo sin sentido, el Tribunal Supremo anula definitivamente el concurso de 2013 para prestar el servicio público de transporte colectivo en Salamanca por 144 millones de euros. Más de 5 años para resolver un problema que los campeones de la gestión crearon ellos solitos. Que además, supongo, tendrán la honradez de afrontar posibles reclamaciones. No olvidemos que la derecha española se suele presentar como los mejores gestores posibles de servicios públicos, y demasiada gente asume esto como una verdad revelada.

Traspasar un servicio público a la gestión de una empresa privada no lo aclamaría como modelo de brillante gestión política. En el sistema económico en el que vivimos las empresas están para ganar dinero, y demasiadas veces el tiempo muestra que no acaban saliendo más baratas, como ya conocemos en Salamanca. No hace tanto que una concesionaria de piscinas se olvidó de las inversiones que figuraban en su contrato, que el Ayuntamiento no sólo no reclamó sino que acabó pagándolas. Y a otra de instalaciones deportivas se le premia por hacer eso con más concesiones acompañadas de subvenciones varias.

No por definición es ineludible el concurso de empresas privadas para una gestión más eficaz. Cuando se ocupan de un servicio público también han de tener un beneficio económico, que ha de pagar o perder alguien, frente a la gestión pública que no puede ser con ánimo de lucro. Si la gestión pública no es más barata tenemos incompetencia o algún problema con los códigos de Justicia. Desde luego basar la eficacia privada en precarizar el empleo e incluso la calidad del servicio, no puede ser ejemplo de magníficos gestores, convertirían al esclavismo en el ideal. La empresa concesionaria de transporte público de Salamanca gana dinero como las demás, que paga la ciudadanía con el presupuesto municipal y el título de transporte correspondiente.

Hasta 2009 los datos proceden básicamente de medios de comunicación, los de 2008 y 2009 son dudosos. Desde 2019 se obtienen en la web www.presupuestos.gobierto,es, 2018 es provisional.

En esta llamada economía de libre mercado las reglas han de ser iguales para todos. Y últimamente se nos atosiga enarbolando nuestra Constitución, aunque es frecuente dudar sobre si realmente la han leído, que consagra esa igualdad entre otros derechos fundamentales. Claro que lo hacen muchos liberales parapetados tras un sueldo público de funcionario. Y el concurso que nos ocupa ha sido anulado precisamente porque parecía tener un preconcebido ganador, según las reglas diseñadas por unos campeones de la libertad.

Pero el PP gobernante en el Ayuntamiento nos dice que si no lo gestiona una empresa privada las tarifas subirán. Se basan en un estudio de la Asociación de Empresas Gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (AMTU) del cual solo he podido ver un breve resumen, basado en el recorte de salarios y personal como clave para el éxito. Nada he visto ahí, por ejemplo, de qué supone conseguir más usuarios y cómo hacerlo. Resulta significativo que según la ciudad va siendo más poblada y la dimensión del servicio mayor, los operadores privados desaparecen. Y no se plantean, independientemente de su color político, privatizar.

Es un buen momento para repensar nuestro servicio de transporte público buscando una mayor eficacia y calidad. Un servicio que nos cuesta unos 11 millones al año, de los cuales en torno al 60% sale directamente de las arcas municipales. Y teniendo presente la experiencia en gestión de servicios públicos del Ayuntamiento gobernado por el PP, va siendo hora de comprobar qué puede aportar la gestión pública del servicio. Recordemos que el Servicio de Aguas cuando se privatizó ganaba dinero (que supongo el Ayuntamiento reinvertiría en el propio servicio claro).

Y como son tan eficaces y transparentes, siguen sin publicar la Memoria de la Policía Local de 2017.