Pueden solicitar estas prestaciones los empadronados en la ciudad de Salamanca y que no superen una renta per cápita anual superior a dos veces el IPREM
El Ayuntamiento de Salamanca impulsa una nueva convocatoria para la concesión de ayudas de "bonotaxi" para las personas con discapacidad y movilidad reducida. La Comisión de Bienestar Social abordará el próximo jueves estas ayudas cuya finalidad es facilitar el acceso a los taxis adaptados a la vez que la integración y el pleno desarrollo de una vida social autónoma.
El Consistorio salmantino destinará a este programa una dotación inicial de 30.000 euros, pudiéndose ampliar cuando se agote y se presenten solicitudes. Con el mismo se facilita a este colectivo los desplazamientos de forma habitual a centros laborales, de formación, médicos, de rehabilitación o de estancias diurnas. La aportación se concreta a través de vales o bonos que las personas beneficiarias pueden utilizar en taxis adaptados para sus desplazamientos dentro del municipio de Salamanca y su entorno.
Estas ayudas económicas son individuales para personas discapacitadas físicas, gravemente afectadas en su movilidad y que no pueden hacer uso, con carácter general, de los transportes públicos de la ciudad.
Quedan excluidas de esta convocatoria las asociaciones, entidades, administraciones u otras personas jurídicas. Asimismo, el disfrute de esta subvención será compatible con cualquier otra ayuda o subsidio de movilidad. El plazo de presentación de las solicitudes, que deben realizarse en el Registro General del Ayuntamiento de Salamanca, permanecerá abierto desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 31 de octubre del presente año.
Las prestaciones de este programa las pueden solicitar las personas con discapacidad y movilidad reducida empadronadas en el municipio de Salamanca, que no superen una renta per cápita anual superior a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente durante 2018, tengan reconocida la condición legal de persona con discapacidad (en grado igual o superior al 33%) y movilidad reducida que impida utilizar los transportes públicos colectivos o, entre otros requisitos, que carezcan de vehículo propio adaptado.