El siglo de los ciudadanos

- Te cambio un apoyo a los presupuestos, por un referendum de autodeterminación.

- Te dejo seguir en la Moncloa, si nos echas una mano con el poder judicial.

Son propuestas que todos sabemos viene sobrevolando los pasillos del Parlamento desde hace semanas.

Decía el Presidente Sánchez hace unos días que la política hace extraños compañeros de cama, y así debe ser para que la derecha y el independentismo compartan lecho y tumben los presupuestos para este 2019. El caso es, en mi opinión, que hace tiempo que dejo de interesar a sus Señorías lo que se propone en el Congreso, lo único que interesa es quién lo propone y, por principio, se rechazara siempre lo propuesto por el sector opositor del hemiciclo, da igual que sea la derecha, la izquierda, el centro o los nacionalistas, siempre son los otros.

El derecho de libre determinación de los pueblos, más conocido como derecho de autodeterminación, es aquel que tiene un pueblo a decidir libremente sus propias formas de gobierno, este derecho está recogido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos desde diciembre de 1996 en que fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero que siempre ha estado sometido a diversas interpretaciones. ¿Por qué solicitar el ejercicio de este derecho es, para muchos, un golpe de estado en Cataluña y la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela es aceptada por un buen número de países como un acto legítimo? Tal vez los ciudadanos de a pie no estamos capacitados para elaborar razonamientos tan complejos o estrangulamientos de los principios democráticos tan retorcidos.

El descredito de los políticos y de la instituciones en general, está provocando la desafección de los ciudadanos por lo que sucede en lo político y un dejar hacer preocupante y peligroso. El distanciamiento general de la sociedad, favorecido por las dificultades de participar de forma más activa y continuada en las decisiones que toman los gobernantes, sólo parece recortarse, y dar paso a un activismo beligerante, frente a situaciones que se perciben como gravemente injustas para nuestro entorno más próximo y cotidiano: desahucios, pensiones, agresiones y asesinatos de mujeres, etc.; el resto es demasiado complicado.

Pareciera que hemos olvidado que política es todo y que las decisiones políticas nos afectan a todos y en todo. Las leyes, reglamentos y normativas que se dictan desde el poder inciden de forma directa tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida social. En lo privado, pueden perjudicar o favorecer nuestros salarios, nuestros impuestos, las tarifas que pagamos por servicios básicos, nuestras pensiones; en definitiva derechos básicos amparados por la Constitución. En la vida social pueden limitar o ampliar cuestiones tan importantes como la libertad de expresión o reunión, las infraestructuras, los servicios a los que tenemos acceso, el transporte, etc.

El lenguaje comercial, cada vez más frecuente entre los políticos durante sus campañas de venta, está fomentando una cultura del consumo y de la inmediatez, que se ve favorecido por el vertiginoso avance de las tecnologías. En ese nuevo lenguaje, valores como la confianza, la verdad, la solidaridad, la democracia, la justicia o el derecho a la disidencia, se vacían de contenido, se transforman en armas arrojadizas y se manipulan hacía significados interesados.

La clase política acostumbra a utilizar un lenguaje plagado de eufemismos ? crecimiento negativo, flexibilización del mercado laboral, actividad extracontable sin carácter finalista, reconstrucción global del sistema de precios, etc. - perífrasis, circunloquios, palabras nuevas y tecnicismo innecesarios, lo que termina por hacer casi total incomprensible de lo que quieren comunicarnos y lo triste es que ese es precisamente el objetivo.

Nuestros políticos no tiene hoy especial interés en ser entendidos, ni si quiera pretenden convencernos, hablan para sus electores y algún indeciso, el resto no importa. Son conscientes de esa desafección creciente de los ciudadanos y se benefician de ella. Por eso sus discursos pueden llegar a ser absurdos y seguir siendo eficaces, pues lo que se persigue no es hacer propuestas para solucionar problemas sociales, sino desautorizar, desacreditar, neutralizar al contrario, a través de cualquier procedimiento aunque este, en ocasiones, roce o se adentre claramente en la inmoralidad y el insulto.

Frente a todo esto la única solución es una respuesta social organizada y crítica de ciudadanos formados e informados. Ya lo avisaba la catedrática de Etica de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, en una conferencia titulada Etica, ciudadanía y modernidad, impartida en junio de 2003:

Me parece que el siglo XXI -si queremos ponernos proféticos- será el de los ciudadanos o no será. Creo que la gran tarea del siglo XXI, la gran tarea del tercer milenio, es que los ciudadanos asuman su protagonismo, que la sociedad civil asuma su protagonismo, porque efectivamente en sociedades con individualismo hedonista, en sociedades con individualismo posesivo, la civilidad se socava y no queda sino la crisis.

Y paciencia, que el juicio al procés va para largo y vamos a oír muchas cosas de las que entenderemos más bien poco.