José Guirao insiste en que el Ministerio quiere cumplir la Ley de 2005 "y nada más", resaltando que usar el Archivo como arma política es "imperdonable"
"Esto del Centro de la Memoria Histórica con esta asociación es el Día de la Marmota". Así de claro se manifiestó el ministro de Cultura, José Guirao, durante su visita a Ciudad Rodrigo y en referencia a la actitud de la asociación Salvar el Archivo, reiterando, una vez más, que "hay una ley de 2005" y que "la postura del Ministerio es cumplir la Ley de 2005". El ministro hizo además un llamamiento, "vamos a concentrarnos en la legalidad, el Ministerio no va a entrar en ese juego ni va a utilizar, porque es una insensatez, el Archivo como pugna política entre territorios, eso no es una cosa que debamos promocionar desde las instituciones públicas". "No me parece muy patriota", añadió, "lo que pasa es que algunos piensan que enfrentar territorios da réditos, y lo digo aquí en Salamanca y lo diré cuando tenga que ir al Archivo".
El ministro recordó que "efectivamente lo que está en discusión son los papeles que son de particulares, el acuerdo que se hizo en su momento fue que esos papeles se enviaran a Cataluña, para que la Generalitat localizara a los particulares. Hay una serie de documentos que no se han encontrado a los herederos de estos papeles, con lo cual, esos tienen que volver", insistió.
El ministro también recordó la reunió mantenida con la consejera de Cultura de la Generalitat, a la que "le hice ese planteamiento, y por otra parte la Generalitat reclamaba otros papeles que no habían ido. En cumplimiento de la Ley de 2005 hay algunos papeles, muy pocos, que tendrían que haber ido y no fueron. El acuerdo con Cataluña es que si viene lo que tiene que devolver, veremos los que falta por ir. Ese mismo planteamiento se lo hice a la consejera de Cultura, al anterior alcalde de Salamanca, que acaba de irse, y a su sucesor, que estaba presente en la reunión, y llegamos al mismo acuerdo".
El acuerdo es que se convoque "una comisión técnica que está prevista en la Ley, revisar el informe que se hizo en 2014, y estaban de acuerdo. De las dos reuniones se hizo rueda de prensa, y ahí están las hemerotecas, tanto la consejera de Cataluña, como la Consejera de Castilla y León y el entonces alcalde de Salamanca, en presencia del nuevo alcalde, manifestaron que estaban de acuerdo. Ahora se trata de reunir a la comisión, que lo haremos enseguida, estaba previsto antes de Navidad, pero la consejera de Castilla y León me pidió que tuviéramos antes la reunión con el alcalde, así se hizo y ah ora ya lo vamos a convocar".
El ministro insistió en que "esto es un problema técnico de cumplir una Ley aprobada por el Congreso de los Diputados, quien quiera hacer de esto otra cosa, que haga lo que quiera, pero es que no hay nada más, es mi compromiso, y tengo el compromiso de los dos consejeros y del anterior y del ahora alcalde de cumlir la Ley". "Todo lo que se quiera enredar de más", añadió, "está en su derecho, pero el único planteamiento que he hecho, porque no puedo hacer otro, es cumplir la Ley, es un problema absolutamente técnico, no político".
Por otra parte, apuntó que "la Generalitat plantea que quiere más papeles que no están contemplados en la Ley de 2005, cuando se cierre ese capítulo que reclamen lo que quieran, pero mi compromiso con esta ley en vigor y no tengo previsto hacer más leyes".
Por último, "también tengo que decir políticamente que los últimos papeles que salieron de Salamanca fueron en 2014, con un Gobierno del PP, vamos a dejar de hacer política de otro tipo, no quiero calificadrla para no molestar, y vamos a concentrarnos en la legalidad", porque además "este es un tema, también tengo que decirlo, que se recrudece cuando gobierna el PSOE, cuando han salido papeles con el PP".