Junta y CERMI impulsan mejoras en las normativas de precios públicos y de prestaciones de...

El presidente del CERMI CyL, Francisco Sardón, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, han firmado hoy un acuerdo para mejorar las normativas de precios públicos y de prestaciones de dependencia en Castilla y León, medidas que supondrán un ahorro de unos 3,8 millones de euros para las personas con discapacidad o dependientes de la comunidad, y que representan un avance más en la garantía de atención que vienen prestando las entidades de la discapacidad.

Francisco Sardón se ha mostrado "satisfecho con estos acuerdos, que aliviarán los copagos a las personas dependientes y con los que el CERMI Castilla y León alcanza una demanda histórica, que era equiparar las cuantías máximas en cada grado a las fijadas en la normativa estatal".

Sobre las mejoras acordadas, Sardón ha destacado "el incremento de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar, ya que las familias siguen siendo imprescindibles para atender a las personas con gran dependencia, y el crecimiento de la asistencia personal, que se reconoce su compatibilidad con cuidados en el entorno familiar, a partir de ahora también para mayores de 18 años, es decir, para cualquier persona".

Por su parte, Alicia García ha recordado que, en esta legislatura, la colaboración entre la Junta de Castilla y León y CERMI CyL en beneficio de las personas con discapacidad "ha sido frecuente y fructífera, con actuaciones tan significativas como la aprobación, por primera vez en Castilla y León, de un 'Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad', que está permitiendo implantar un nuevo modelo de atención a la discapacidad centrado en las necesidades de las personas durante toda su vida y a través de una atención integral".

Mejoras relacionadas con la normativa de precios públicos

Se reduce un 20 % la aportación de usuario para el servicio de centro de día a las personas con discapacidad y mayores que vivan solos y que residen en domicilio y no tienen cónyuge o pareja de hecho. Se calcula que, en 2019, se beneficiarán de esta medida más de 1.500 personas, que se van a ahorrar unos 900.000 euros.

Se elimina el cómputo del patrimonio para las personas con discapacidad menores de 65 años con el fin de potenciar su autonomía, ya que hasta ahora computaba el 3 % en edades comprendidas entre 35 y 64 años. Además, pasará a computarse solo el 70 % de sus ingresos por trabajo, ya que hasta ahora se computaba todo. Esta mejora está orientada a incentivar el empleo y dar seguridad económica a las personas con discapacidad. De estas medidas se beneficiarán unas 550 personas y supondrá un ahorro para ellas de 450.000 euros.

También aumentan las cantidades de dinero disponibles para actividades de integración social. Se establece un dinero para gastos personales para las personas con discapacidad que viven en centros que garantice su inserción social. Esta mejora simplifica el sistema actual e incrementa el dinero disponible, cuestión muy relevante ya que las personas con discapacidad deben realizar muchas actividades fuera del entorno residencial y con esta medida la Junta evita que una posible carencia de medios económicos sea un impedimento pare ello.

En concreto, a las personas en viviendas se les garantizará siempre el 45 % de la cuantía mensual de la pensión mínima de jubilación (PMJ) para mayores de 65 años con cónyuge no a cargo -hasta ahora solo una parte alcanzaba este nivel, mientras que otras estaban entre el 20 % y el 37 % de la PMJ-; a los que están en residencias y que no cuentan con progenitores que reciban beneficios fiscales por su causa se les garantiza el 37 % -hasta ahora la mayoría estaba entre el 20 y el 25 % de la PMJ-. Se calcula que, en 2019, unas 3.000 personas podrían beneficiarse de estas medidas, que les ahorrarán 2,5 millones de euros.

Mejoras relacionadas con la normativa sobre prestaciones de dependencia

Se incrementa un 5,6 % el importe de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y se equiparan las cuantías máximas en cada grado a las previstas por la normativa estatal. Con esto, se elimina totalmente la reducción adicional que hizo Castilla y León del 15 % en 2012. En 2018, se hizo ya un primer incremento que se completa ahora con esta medida. Se estima que, ya en enero, se beneficiarán casi 25.000 personas, que verán incrementada la cuantía que reciben actualmente en al menos un 5,6 % Esto supondrá un coste para la Junta de 2,5 millones de euros.

Se incrementa el porcentaje del coste del servicio que abona la Junta en la prestación vinculada. Esto implica que, en servicios en los que no se agota la totalidad de la prestación vinculada -ayuda a domicilio, centro de día, promoción de la autonomía personal-, se reducirá la aportación del usuario. Se estima que unas 4.000 personas se beneficiarán de esta mejora, con un valor de medio millón de euros.

Se incrementan las compatibilidades entre prestaciones. Castilla y León ya está a la cabeza de España en este aspecto. Ahora, gracias a este acuerdo, aún más. Para las personas que no viven en residencia, la prestación vinculada que actualmente es compatible con la prestación económica de cuidados en el entorno familiar se podrá destinar, a partir de ahora, a cualquier servicio -ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal, centro de día, asistencia personal-. Hasta ahora, los servicios a los que se podía dedicar esta prestación estaban limitados a promoción y asistencia personal para menores de 18 años y, en los mayores, no se podía dedicar a asistencia personal. Según la ley estatal, los efectos de las prestaciones se producen a partir de la resolución o del vencimiento del plazo. En Castilla y León, en las modificaciones entre servicios o de cuidados en el entorno familiar a servicios ya se reconocían efectos desde la fecha de la solicitud. A partir de ahora, se extiende este mismo beneficio a todas las modificaciones de prestación incluida la de cuidados en el entorno familiar. Se estima que unas 2.000 personas podrían beneficiarse de estas medidas, cuyo coste para la Administración rondará los 700.000 euros.

Todas estas mejoras de la normativa de dependencia serán publicadas mediante orden el próximo jueves día 31 para que tengan efecto desde el día 1 de febrero.